Mientras 84 presos políticos del régimen orteguista siguen bajo cárcel sin tener condena firme, las autoridades del Ministerio de Gobernación (Migob) liberaron el pasado 13 de mayo, a al menos 687 privados de libertad condenados por narcotráfico. Muchos de ellos condenados a 30 años de prisión y sin haber cumplido ni la cuarta parte de su pena, contrario a lo establecido por la Ley de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria.
Estos reos comunes son parte de los 2,815 condenados que liberó el mes pasado el sistema orteguista bajo la figura de la convivencia familiar, supuestamente por estar en el Mes de las Madres, pero que en realidad se habría a un intento del régimen por descongestionar las cárceles ante la amenaza del Covid-19.
Entre los delitos cometidos por los 687 reos liberados están crimen organizado, transporte internacional de droga, lavado de dinero, tráfico internacional e interno de droga, almacenamiento y posesión de droga.
Lo que más asombra a abogados penalistas es que muchos de los reos liberados no cumplían requisitos legales para obtener la convivencia familiar, tal es el caso de José Gregorio Canales, líder de la agrupación conocida como Operación Sur, condenado a 30 años de cárcel en el 2013 por crimen organizado, lavado de dinero y transporte internacional de droga.
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No cumplían requisitos legales
Según el expediente judicial, la fecha de cumplimiento de condena era en el 2043 y al día de su liberación a penas había cumplido 7 años, un mes y 14 días de efectiva prisión. Según el Ministerio Público, el reo se dedicaba a compra y venta de cocaína robada a otras estructuras del narcotráfico y era quien tenía los contactos directos con compradores de Honduras y Guatemala.
De esta misma agrupación fueron liberados Pedro Pablo Hernández Junes, condenado a 22 años de cárcel por los mismos delitos y Segundo Efrain Vega Ruiz, condenado a 30 años de cárcel. El primero tenía 7 años, tres meses y 28 días de efectiva prisión, y el segundo tenía siete años de cumplimiento, porque fue capturado después. Es decir, tampoco podían ser liberados, porque no había cumplido las dos terceras partes de la condena (14.6 años).
“En principio y por norma general, todas esas excarcelaciones son contrarias a la Ley de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria. Se hacen si observar el procedimiento establecido en dicha ley, es competencia privativa del juez de ejecución y vigilancia penitenciaria y no una potestad del ejecutivo. En el caso específico de canales no cumple los criterios para optar al régimen de convivencia familiar”, explicó el abogado Elton Ortega.
También le fue otorgada la libertad a Germán Gabriel Corea Ortiz condenado a 27 años de prisión por transporte internacional de droga. Fue capturado en el 2015 en Estelí con 55.5 kilos de cocaína. Para el día de su libertad, este apenas había cumplido cinco años, 11 meses y 12 días de efectiva prisión, es decir apenas el 22 por ciento de su condena. La fecha de cumplimiento de condena era 2041.
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Otro liberado fue Geiner Bayardo Calero Pérez, condenado a 25 años de cárcel por transporte internacional de droga en el 2016. Apenas había cumplido cuatro años, un mes y ocho días de efectiva prisión. Según la Fiscalía pertenecía a la agrupación denominada El Arpa. A esta agrupación se le incautó armas de fuego, chalecos y uniformes lumínicos de la Policía, municiones, dos vehículos, 6 kilos de Cocaína equivalentes a 26 paquetes de Cocaína y cuatro Bienes Inmuebles, dos de ellos ubicados en Managua, uno en Tipitapa y otro en San Benito.
Mujeres del caso El Palidejo beneficiadas
Entre las mujeres liberadas bajo la convivencia familiar el pasado 13 de mayo están Carla María Jarquín, alias Carla Ñata, condenada a 17 años de cárcel, en el caso conocido como El Palidejo. Según la Fiscalía Carla María Jarquín, era una de las personas de confianza que trabajaba con Alejandro Jiménez, alias «El Palidejo», en el transporte de drogas desde Costa Rica hacia Guatemala, utilizando el territorio nacional como tránsito, pasando por puntos ciegos entre Peñas Blancas, Rivas, Managua, Boaco hasta cruzar la zona fronteriza del país. Apenas había cumplido siete años, nueve meses y 15 días de efectiva prisión.
La otra mujer liberada fue Guadalupe Sánchez Bermúdez condenada a 15 años de cárcel por narcotráfico en el 2015. La Fiscalía estableció que era parte del remanente de la agrupación conocida como Los Guachinangos, que operaba en Casares.
Mientras estos 687 privados de libertad por narcotráfico con penas máximas están libres, los presos políticos del régimen orteguista siguen demandando libertad en medio de la pandemia del Covid-19.