No hay legislación que le permita al régimen orteguista prohibir la entrada al país a cualquier nacional, aun cuando el país atraviese una emergencia sanitaria y se tomen medidas como el cierre de fronteras o una cuarentena, afirmaron defensores de derechos humanos ante la noticia de que al menos 93 nicaragüenses están varados en un crucero.
Los nicaragüenses desde el 17 de marzo son parte de la tripulación del barco Carnival Glory, de un crucero de la compañía Carnival Cruiseline, y han expresado que tienen la necesidad de volver a sus casas y que están dispuestos someterse a aislamiento si es necesario con tal de ingresar al país. En la misma situación se encuentran 100 nicaragüenses en otro crucero de la compañía Norwegian Cruise Line (NCL).
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“El Estado está obligado (a dejar entrar a los nicaragüenses), no existe acción legal alguna que le prohíba algún nicaragüense a ingresar al país aunque haya estado de emergencia o algún tipo de excepción. Por más que uno trate de encontrarle un sentido a lo que hace nuestras autoridades, no podés encontrarlo. Se le prohíbe al nicaragüense ingresar a nuestro territorio, lo cual es una aberración, totalmente absurdo”, declaró Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Oficialmente el régimen no ha anunciado la restricción de ingreso de extranjeros o el cierre de fronteras. De hecho, el Ministerio de Salud, Minsa, declaró en marzo que no se establecería ningún tipo de cuarentena en el país, aun cuando actualmente circula la transmisión comunitaria del Covid-19, la más crítica de la pandemia.
Seguir con el protocolo
Vilma Núñez, presidenta de la Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), coincidió con las declaraciones de Cuevas, y señaló que la acción del régimen es “completamente irracional”. “Son comportamientos fuera de toda lógica”, expresó.
La dictadura Ortega Murillo ha negado en otras ocasiones la entrada de nicaragüenses al país, por ejemplo, en abril un grupo de 160 nicaragüenses que trabajaba en las Islas Caimán quiso volver al país vía área pero no les fue permitido. Asimismo, otro grupo de nacionales provenientes de El Salvador permaneció por tres días en un puesto fronterizo con Honduras, El Guasaule. Ante la negación del régimen, se vieron obligados a entrar al país por puntos ciegos.
Núñez fue enfática al decir que bajo ninguna circunstancia se le prohíbe la entradas a nacionales, menos cuando se vive una pandemia como la del Covid-19. La defensora de derechos humanos señaló que el régimen tampoco puede aprovecharse de esta situación puesto que el protocolo sanitario indica que se debe dar la debida atención médica a las personas que ingresan al país, y más, cuando son nicaragüenses. “El estado tiene la responsabilidad de ver el estado de salud y está obligado hacerle la prueba de Covid-19”, subrayó.
De acuerdo al portal Noticias de Blufields, irónicamente, el régimen orteguista permitió el ingreso a Corn Island de barcos y tripulación hondureña de pesca y caza de langosta, pero no ha respondido a los nacionales que piden autorización para que el crucero llegue a costas nicaragüenses y puedan volver a sus casas.
Costa Rica en vigilancia constante
Mientras estos grupos de nicaragüenses varados en alta mar quieren ingresar al país, otro grupo de compatriotas buscan como llegar al país vecino de Costa Rica. Ante la circulación ilegal de personas por puestos fronterizos entre ambos países, el gobierno costarricense reforzó las medidas de vigilancia para evitar que surja un brote del Covid-19.
De hecho, este 3 de junio, Costa Rica registró la mayor cantidad de casos de contagio por día: 52; a lo que se suma la noticia de que este jueves, las autoridades ticas reportaron que cuatro cubanos -procedentes de Nicaragua- resultaron positivo de Covid-19. Hasta ahora registran un acumulado de 1,194 casos y 10 muertes en el país vecino.
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Según voces de ese gobierno, por día rechazan entre 180 a 200 personas que intentan ingresar a Costa Rica ilegalmente. Desde el inicio de la pandemia en el vecino país, el pasado marzo, casi 14,000 extranjeros fueron rechazados y devueltos a sus países de origen.
Al respecto, los defensores de derechos humanos consideraron que esta situación no detendrá a los nicaragüenses que quieran ingresar al país vecino, puesto que la necesidad los obligará a encontrar cualquier vía. “De por sí la migración de nicaragüenses a Costa Rica ha sido grande y con esta situación de no empleo en el país va haber muchos buscando trabajo en Costa Rica y es seguro que lo van hacer de manera legal e ilegal”, dijo Cuevas.
Los defensores de derechos humanos también señalaron que es deber del Estado resguardar, a como lo ha hecho Costa Rica, los puestos fronterizos ya que son puntos donde se da el tráfico de personas, y por ende, ponen en peligro a las personas inmigrantes.