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Más de seis camionetas de la Policía Orteguista con antimotines se encuentran en los juzgados de Managua. LA PRENSA/Martha Vásquez

Declaran culpable a exmilitar que apoyó protestas civiles en 2018, por supuesto tráfico de armas

El Ministerio Público del régimen pidió para el autoconvocado la pena máxima de ocho años de cárcel por tráfico de armas y otros ocho años por transporte de armamento

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no detiene los juicios aún en tiempos de pandemia. Este miércoles por la tarde, la juez orteguista Alia Dominga Ampié  declaró culpable al abogado y exmilitar Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo por presunto tráfico de armas y uso ilegal de artefactos explosivos en el Juzgado Sexto Distrito Penal  de Juicio de Managua.

Sobalvarro participó activamente en las protestas sociales de 2018, por eso lo andaban persiguiendo para capturarlo e implicarlo en delitos falsos, dijeron sus familiares y abogado.

La Fiscalía le atribuye a Sobalvarro Bravo la supuesta intención de querer destruir el puente San Isidro el 21 de septiembre de 2019, a eso de las 7:45 de la noche, ubicado en el kilómetro 141, municipio El Realejo, Chinandega.

Este autoconvocado fue capturado el sábado 16 de noviembre de 2019. Sin embargo, el Ministerio Público escribió en la acusación que fue capturado el domingo 17 de noviembre en Veracruz, carretera a Masaya.

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“La prueba de la Fiscalía fue contradictoria. No coincidían las horas y fecha de los actos de investigación (acta de requisa, recibos de ocupación). Tampoco encontraron huellas digitales de Manuel (Sobalvarro Bravo) en las armas y explosivos ocupados. Así también el informe de balística dice que Manuel no tenía residuos de pólvora en sus dorsales, entonces siendo así, es incompatible que portara armas para traficar, si ni siquiera rastros de pólvora había en sus manos”, explicó el abogado Elton Ortega, de la Unidad de Defensa Jurídica.

Además, el procesado en su condición de acusado declaró y expuso en juicio, de manera clara cómo fue que lo detuvieron, cuando se bajaba de un bus que se dirigía al mercado Huembes. También, se presentó como prueba el escrito del recurso de exhibición personal en el que se indica que la detención ocurrió el día sábado 16 noviembre.

“Como defensa presentamos la tesis que el hecho acusado no ocurrió. Es decir que se trataba de la imputación de un hecho falso, de la implantación de evidencias criminales en su contra para inculparlo de manera indebida. La tesis la apoyamos en dos testigos que declararon que Manuel fue detenido el sábado 16 noviembre, y no el domingo 17 noviembre, como sostiene la Fiscalía”, dijo Ortega.

Otros hechos atribuidos

Al exmilitar también lo acusan de intentar derribar la torre de transmisión eléctrica de Enatrel 239, ubicada en el kilómetro 59 carretera nueva a León, comarca Canta Gallo del municipio La Paz Centro de León. Estos hechos supuestamente se dieron el 10 de noviembre del 2019, a las 7:30 de la noche.

Según Fiscalía el día de la captura, Sobalvarro andaba dentro de una mochila un revólver y artefactos explosivos de fabricación industrial.

Ortega también denunció que su representado  ha sido víctima de torturas en la Dirección de Auxilio Judicial en el Chipote en Managua, porque lo interrogaron con un arma en la cabeza.

En el debate de la pena el Ministerio Público pidió la pena máxima de ocho años de cárcel por tráfico de armas y ocho años por transporte lo que sumaría 16 años de cárcel. Mientras su defensa pidió la pena mínima de cuatro años por cada delito.  Ahora están a la espera de la notificación de la sentencia.

 

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