“Yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos”.
Palabras de Ángel Zúñiga, patrullero de la policía de Cali, Colombia, en un video que lo muestra negándose a cumplir órdenes superiores: desalojar a un grupo de campesinos que ocuparon un terreno a las afueras de la tercera ciudad más grande del país.
El camarógrafo, al parecer uno de los campesinos, lo felicita entre llantos. “Usted es un héroe”, le dice. “Esto es histórico en Colombia”, añade.
Acto seguido, Zúñiga hace un gesto de renuncia: entrega el arma a su superior. Y se atiene a las consecuencias: “Si quieren, me echan”.
El video fue viral en las redes sociales en Colombia, un grupo de congresistas de izquierda solicitó formalmente que Zúñiga sea condecorado y su familia dijo temer por su vida y pidió “que no lo castiguen por haber seguido su corazón y ayudar a una familia pobre”.
El patrullero —como se conocen acá a los policías de menor rango— está ahora detenido y espera ser sometido a un proceso disciplinario en la justicia militar.
Los desalojos son comunes en Colombia, el país con más desplazamiento interno del mundo, según Naciones Unidas.
Pero lo que ha generado indignación pública es que los procedimientos continúen durante la pandemia por el coronavirus.
Poco más de la mitad de la población en Colombia depende de la economía informal, ahora congelada por la cuarentana. Las cifras de desempleo se dispararon hasta llegar a un histórico 20%, según cifras oficiales.
El brote de miseria desatado por la pandemia, sin embargo, no ha detenido los desahucios en las principales ciudades del país, que han sido trasmitidos casi en vivo por las redes sociales y generado cada tanto una ola de ira colectiva.
En pandemia todos los desalojos parecen iguales
El operativo que se hizo famoso por el video de Zúñiga, según explicó la alcaldía de Cali, buscaba recuperar zonas de protección natural aledañas al río Pance, en el sur de la capital del Valle del Cauca.
El proceso judicial por el terreno comenzó hace dos años y el grupo campesino ha promovido 20 acciones judiciales —conocidas como tutelas— para quedarse en él. Todas fueron declaradas “improcedentes” por la justicia.
El acalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, dijo: “No deben posibilitarse invasiones aprovechándose de la crisis del covid-19, no debe permitirse ninguna invasión de gran constructor, ni de ninguna comunidad de las riberas del Rio Pance, no debe existir desalojo que no respete dignidad y derechos humanos”.
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Así como este desalojo buscaba proteger una reserva natural, ha habido otros que pretenden evitar una tragedia.
El mes pasado, por ejemplo, 50 familias fueron desalojadas en uno de los barrios más pobres de Bogotá, Altos de la Estancia.
Los colombianos vieron cómo una mujer encapuchada gestionaba el desalojo en una imagen que para muchos recordó los tiempos de tomas paramilitares en barrios populares persiguiendo guerrilleros subversivos.
La alcaldía de Bogotá, sin embargo, explicó que la mujer encapuchada era una contratista y que el desalojo era necesario porque el inclinado terreno donde estaban las viviendas informales era particularmente propenso a un derrumbe, sobre todo ahora, que estamos en época de lluvia.
Una tercera causa de desalojos es, por supuesto, la falta de pago.
El presidente, Iván Duque, prohibió los desalojos por esta razón mientras dure la cuarentena y avaló prórrogas en el pago de arriendos, una medida común en muchos países durante la crisis del covid-19.
Esto, sin embargo, no impidió que cientos de personas, sobre todo migrantes venezolanos, hayan sido expulsados de las residencias informales donde se alojaban y muchos hayan tenido que devolverse a su país en crisis.
La propiedad en Colombia
Las viviendas informales son comunes en América Latina.
Pero en Colombia hay varios elementos que hace más complejo el fenómeno. Ocho millones de personas fueron desplazadas de sus casas por la violencia. Una de las causas del conflicto armado de 60 años es precisamente la propiedad de la tierra. Y la diversidad geográfica y política del país, así como como la ilegalidad y el narcotráfico, han impedido centralizar y ordenar los registros catastrales.
En ese contexto, para millones de colombianos la única forma de tener tierra o vivienda es a través de la invasión ilegal.
“En estos procesos de desalojos lo que siempre llega al público es el video y el drama del desalojado, pero lo que no se suele entender es que detrás está la inmensa incapacidad del Estado para resolver los problemas de fondo y un entramado de ilegalidad que incluye a funcionarios, notarías y poderosos gestores conocidos como tierreros”, explica Alberto Sánchez Galeano, experto en seguridad ciudadana.
Los tierreros se encargan de habilitar el terreno para ser invadido y gestionar una suerte de legalización de la propiedad para quienes les pagan. Son considerados una de las mafias más crueles y poderosas del país.
“Y para colmo, el Estado luego intenta solucionar esa propiedad ilegal a punta de represión y policía, que está muchas veces sobreexplotada e incapacitada, y tenemos como resultado un círculo vicioso que se repite y se repite”, añade.
En teoría, las personas que son desalojadas de residencias informales deben ser restituidas con viviendas formales, pero los expertos coinciden en que el Estado colombiano no tienen ese alcance logístico ni burocrático.
“No es que sea por falta de plata, sino por falta de coordinación entre las entidades locales y nacionales, que no se logran centralizar y focalizar los recursos de subsidios y las necesidades de vivienda”, opina Guillermo Sinisterra, profesor de economía urbana de la Universidad Javeriana.
Esa es parte de la queja del patrullero Zúñiga, que en el video dice: “No les van dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de sus derechos humanos”.
Y en efecto: la vivienda es un derecho fundamental, según la Constitución colombiana de 1991. Pero el Estado sigue siendo incapaz de garantizarlo.