Para estos días la dictadura Ortega Murillo tenía planeado ya tener avanzadas las obras del canal interoceánico, pero han transcurrido siete años desde que en junio de 2013 se aprobó la Ley 840, creadora de la concesión canalera al chino Wang Jing, y no hay rastros de la gran obra.
Los campesinos, los más afectados con dicha ley porque perderían las tierras ubicadas en la zona del canal, celebran como un triunfo que no haya iniciado la construcción, pero saben que dicha ley aún no es derogada, según lo que dice la lideresa Francisca Ramírez.
Una abogada que apoyó al grupo campesino, Mónica López, explica que la dictadura no concretó el plan del mega-proyecto canalero gracias a la resistencia campesina, la batalla de la comunidad científica y ambientalista, y el apoyo generalizado de la ciudadanía. “La dictadura había hecho de su proyecto canalero el corazón de su estrategia para perpetuarse en el poder. Nos quiso imponer la ilusión de que con el Canal se cumplirían todos nuestros sueños como nación, con ellos por siempre en el poder. Todo eso se derrumbó y abril terminó de enterrarlo”, dice López.
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Para Francisca Ramírez, la Ley 840 sigue siendo un peligro para los campesinos y atribuye el éxito de que no ha construido el canal gracias a las casi 100 marchas que los campesinos realizaron como medida de protesta.
“Para los campesinos, haber logrado que no se hiciera ningún megaproyecto fue como una victoria, aunque en la actualidad el país esté pasando momentos difíciles porque lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua con un criminal, que no solo había atentado contra nuestras tierras, contra nuestra vida, en esos momentos intentaba solo con el movimiento campesino, contra toda la franja que estaba en el canal, hoy intenta dañar a todo el pueblo de Nicaragua como lo ha venido dañando”, expresó Ramírez.
Según una de las cláusulas del acuerdo marco que la dictadura Ortega Murillo firmó con el chino Wang Jing, si en seis años no se concretaba aunque fuera uno de los subproyectos del canal, cualquiera de las dos partes tendrían el derecho de terminar con la concesión, en este caso, la ley ya puede ser derogada en la Asamblea Nacional, pero no ha sido derogada.
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Por el contrario, la dictadura le sigue asignando presupuesto a la Autoridad del Gran Canal. Para este año 2020 están asignados 7.6 millones de córdobas.
La dictadura solo hace el show asignando unos recursos del presupuesto para mantener funcionarios fantasmas, guardar las apariencias y tratar inútilmente de ocultar que su plan fracasó”, dice la abogada Mónica López.