Como la mayoría de los países del mundo, Nicaragua está atascada en una seria contracción económica. Pero a diferencia de las otras naciones, nadie piensa que saldremos de nuestro empantanamiento el año entrante. Más bien, el Fondo Monetario prevé que tendremos cero crecimiento en 2021, después de una contracción de 6 por ciento este año.
Si esto se cumple, Nicaragua habrá perdido más del 15 por ciento de su producto interno bruto en cuatro años. Y su ingreso per cápita en diciembre de 2021 será igual al que teníamos en 2013. En otras palabras, nosotros estamos en una profunda depresión y no en una recesión como, por ejemplo, los Estados Unidos y el subcontinente latinoamericano en su conjunto. Hasta Haití anda mejor que nosotros. Su contracción este año será más leve que la nuestra y su economía volverá a crecer en 2021.
La causa de nuestra triste condición es que nos han golpeado tres crisis simultáneamente. La primera es la política que se desató con la cruenta represión gubernamental al levantamiento popular de 2018. La segunda es el retroceso socioeconómico que se ha dado como consecuencia de esta represión. Y la tercera es la profundización de todo lo anterior por el Covid-19 que ha empeorado este tétrico escenario. Para revertir esta situación ofrezco a continuación algunos remedios.
Obviamente el primero es que El Carmen aceptase una salida negociada a la crisis política. Esto pasaría por acordar reformas electorales que resultasen en comicios libres, transparentes y observados. En otras palabras, acordar elecciones en 2021 donde los votos se contarían en lugar de asignarlos. En más de dos años, esto no se ha logrado porque el gobierno no ha dejado de un lado su obstinación ni la oposición sus divisiones internas y falta de madurez política.
Mientras este consenso político se busque, urge que el gobierno comience a sentar las bases para una recuperación económica —en lugar de una continuación de la miseria— en 2021.
Para comenzar, El Carmen debería de reconocer lo obvio: que estamos siendo azotados por el Covid-19, y no por una “neumonía atípica”. Y debería de poner en marcha un programa realista para mitigar la plaga en lugar de quedarse con los brazos cruzados mientras que la política de inmunidad de rebaños corra su curso. También debería cooperar con el sector privado, incluyendo médicos particulares, en la lucha contra la pandemia. Esto implica hacer propias las recomendaciones universales de distanciamiento social, higiene, y cuarentena voluntaria. También debería de facilitar la importación de medicinas y equipos de protección individual por privados para domar a la peste. Este cambio de política pública no solo sería sensata, sino que podría brindarle a Nicaragua acceso a los generosos fondos que ofrece la comunidad internacional para los países que abordan la crisis con seriedad.
Segundo, otros países han inyectado fondos a sus economías para superar las duras recesiones que sus “encerronas” han ocasionado. Por nuestra situación, esta no es una opción para Nicaragua. Pero el gobierno sí podría revertir las medidas tributarias confiscatorias que aprobó en 2019 y que han terminado de fundir al sector privado, el motor de nuestra economía. A causa de esta mal llamada “reforma”, la carga tributaria ha subido del 15.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2018 a 17.2 por ciento este año y está claramente contribuyendo a la depresión. De no revertirla ¡no habrá recuperación! ¿Hay otra opción? Pues sí. El gobierno podría reducir su déficit fiscal captando recursos colocando bonos del tesoro y letras del Banco Central. Lo interesante es que hay un mercado para estos instrumentos. En tan solo el mes pasado, el Gobierno logró captar más de US$50 millones con este mecanismo.
Y, tercero, El Carmen debería de bajar las tarifas eléctricas, salvo aquellas que ya gozan de subsidios. En lugar de comprar electricidad en países vecinos como Guatemala y Panamá a precios exorbitantes, Disnorte y Dissur deberían de comprarla solo a generadores nacionales a precios mucho más cómodos y reducir las tarifas en aproximadamente 15 por ciento a como recomendó recientemente el Cosep. Esta sería una medida sana, y es plenamente justificada porque el precio del petróleo anda aproximadamente un 50 por ciento por debajo de los US$72.50 por barril que el Gobierno incorporó a su programa económico y financiero para 2020.
Con estas medidas, el Gobierno mostraría seriedad, comenzaría a limpiar su imagen en el delicado tema de la salud y estimularía la economía. ¡Estos son objetivos que todos deberíamos de compartir!
El autor es economista, excanciller de Nicaragua.