En la mayoría de sistemas penitenciarios de América Latina no están practicando la prueba para detectar el Covid-19 en los privados de libertad que presentan síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza y garganta. Además, en los casos donde se les practica el test, las autoridades no dan a conocer los resultados a los familiares, ni al mismo reo, y ni informan de los fallecimientos.
Esta denuncia la hicieron abogados defensores de derechos humanos de diferentes países latinos, quienes participaron en la sala de reuniones promovidas por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CIDH) sobre la “Situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia”, realizada el viernes pasado.
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Syvia Dias, representante de la Asociación para la Prevención de la Tortura de Brasil, expresó que en los distintos sistemas penitenciarios de su país no están practicando la prueba del Covoid-19 y por lo tanto no se tiene claro el número de casos positivos ni muertes por la pandemia.
“Hicimos un análisis comparado sobre el número de muertes en el período del 11 de marzo al 15 de mayo del 2019 y 2020 y se encontró un incremento del 33 por ciento que probablemente sean por Covid-19, pero no hay prueba. Demandamos información a las autoridades. Hay que visibilizar el problema”, expresó Dias.
Resultados de pruebas tardan en llegar y propicia el contagio
Al respecto Óscar Ramírez, responsable del área nacional de cárceles del Comité de Solidaridad de Presos Políticos de Colombia detalló que en 11 penales, se registran 1,399 privados de libertad con Covid-19 positivo y se contabilizan cuatro muertes. La mayor cantidad de contagios se da en cárceles donde hay más hacinamiento.
También detalló que otras formas de contagio se dan cuando los llevan a un centro hospitalario por alguna dolencia o bien por el contacto con la guardia penitenciaria. “Es necesario aplicar más pruebas y darles seguimientos, porque los que resultan positivos no les dan seguimiento porque no hay personal médico suficiente”, dijo Ramírez.
Este defensor también detalló que se han dado 24 amotinamientos producto de la angustia de los reos ante la posibilidad de contagiarse del mortal virus y han fallecido al menos 24 privados de libertad en un amotinamiento en una cárcel de Colombia.
Por su parte Glenda Ayala, comisionada presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) de Honduras expresó que tienen contabilizados 120 casos positivos de Covid-19 en cárceles de Honduras y que el contagio se propaga porque los resultados de las pruebas tardan entre 10 a 15 días en llegar y no hay áreas de aislamiento.
La historia se repiten en cárceles de México y Nicaragua, donde las autoridades tampoco dan información de los reos enfermos en medio de la pandemia, ni se han suspendido juicios y los reos siguen trasladándolos a complejos judiciales donde quedan más expuestos a contagiarse.
Promover visitas virtuales
Los defensores de derechos humanos de privados de libertad propusieron a las autoridades de la CIDH promover visitas virtuales en los penales, porque el encierro sin visitas de sus familiares es peor, trae depresión en los reos.
En marzo pasado, la CIDH orientó medidas para ser adoptadas en los distintos sistemas penitenciarios de América Latina para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad estas incluyen:
- Reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del Covid-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.
- Asegurar que, en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión.
- En el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables.