¿Son importantes las sanciones personales en la lucha contra la dictadura? El fallido intento de Paul Oquist, el norteamericano asesor de Ortega, en convencer a la Unión Europea que levante las sanciones que pesan sobre algunos funcionarios, es una prueba elocuente de que sí les preocupan; que sí les duelen por buenas razones: debilitan el cemento que une los círculos de poder sobre los que descansa la dictadura.
Ningún déspota, por poderoso que sea, puede prescindir del apoyo de varias capas de subordinados. La más importante es la que maneja los fusiles. Pero también lo son los altos mandos burocráticos, los altos militantes del partido. Y ningún déspota, por poderoso que sea, puede estar seguro de sus lealtades. Pues por más sometidos que parezcan, son personas de carne y hueso —con sus propios intereses, temores y aspiraciones— que necesitan motivaciones concretas para servirle bien.
En algunos casos, episódicos o excepcionales, las motivaciones pueden ser ideologías o convicciones profundamente arraigadas, como el caso de los mártires cristianos, cuya fidelidad a Cristo estaba por encima de la preservación de sus vidas, o el de los fanáticos islámicos. Pero, en general, lo que genera fidelidad son razones más prosaicas: ventajas económicas, estatus, seguridad, etc.
En la Nicaragua bajo Ortega es claro que el elemento ideológico hace tiempo que dejó de ser la fuerza motivacional en los círculos de poder. Salvo raras excepciones, los orteguistas están donde están por las motivaciones prosaicas antes mencionadas. El caso del Ejército lo ilustra bien.
Hay que leer la descripción de dos altos militares retirados, el general Hugo Torres y Roberto Samcam, sobre cómo Ortega ganó la lealtad de Avilés y del estado mayor del Ejército: empleó a muchos de sus familiares, les ofreció puestos a oficiales en retiro, les dio participación en los negocios de Alba, se hizo la vista gorda a sus negocios sucios. Ahora están bien, están contentos. Avilés vive en una mansión. Otros son grades terratenientes o socios de empresas.
No son fieles por ideología sino por el trato preferencial, ventajas y seguridades concedidas. Estas les evaporaron el remanente de patriotismo que les quedaba. Por eso no se inmutaron ante la masacre de civiles de 2018, ni ante los tres períodos del sumiso Avilés, que atentaban contra la institucionalidad y renovación de mandos del Ejército y quien, dicho sea de paso, entregó armas de guerra a los paramilitares asesinos.
Las sanciones personales tienen la virtud de hacer menos atractiva la colaboración con el tirano. Les causa un costo; fuertes inconveniente. Le sube, a Ortega, el precio de mantener contentos a sus cuadros claves. Y si son suficientemente severas, y generalizadas, pueden llegar a convencer a los más razonables y capaces, que apoyar a Ortega traerá menos beneficios que abandonarlo. De aplicarse masivamente a los cuadros cómplices de la dictadura, incluyendo en ellos no solo altos mandos militares sino también a magistrados del poder judicial, jueces represores, los genocidas mandos hospitalarios, etc., hará menos atractivo el sudar y exponerse por mantener a una pareja nefasta cuyas horas están probablemente contadas. Por supuesto que ellos, los OrMu, siempre encontrarán cuadros de reemplazo, pero estos serán cada vez más mediocres y serviles; gente incapaz de salir adelante por sí mismos o por su profesión, y resignados a no viajar al exterior. El resultado neto será una merma significativa en la capacidad operativa del Estado y la posibilidad creciente de fracturas en los círculos de poder.
Es cierto que ninguna medida puede, por sí sola y sin interactuar con otras, botar una dictadura. Pero sanciones personales con suficiente garra, sobre todo si son respaldadas por Estados Unidos, la Unión Europea, y los estados democráticos de América, pueden contribuir a que se acerque el día.
El autor es sociólogo e historiador, autor del libro En busca de la Tierra Prometida. Historia de Nicaragua 1492-2019.