De forma expedita, el juez orteguista Andrew Leyman Jonathan, titular del Juzgado Distrito del Trabajo y de la Seguridad Social de Siuna, ordenó este 4 de junio el reintegro de Escarlett Waimar Tercero, responsable del Registro Civil de las Personas de la Alcaldía de Mulukukú, ubicada en el Caribe Norte de Nicaragua, y ordenó el pago de una “indemnización reparatoria” de más de 228 mil córdobas equivalentes a 15 salarios, lo cual es ilegal, según trabajadores denunciantes.
“El Concejo está claro que quieren hacer lo mismo que a la Alcaldía de Wiwilí, asfixiar a la Alcaldía por no alinearse a ellos y porque el Concejo Municipal es mayoría opositora”, dijo una de las fuentes que prefiere omitir su nombre por temor a represalias.
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La inventada “indemnización reparatoria” es impagable para la comuna que no recibe presupuesto del Gobierno central. Además, está acéfala desde hace un año, porque el alcalde liberal Apolonio Fargas Gómez está exiliado, después que fue condenado sin pruebas por el orteguismo, después de apoyar protestas sociales en el 2018. La asignación presupuestaria antes del 2018 era de casi 40 millones de córdobas anuales y ahora se redujo a cero.
Alcaldía sobrevive de impuestos
Luego, la vicealcaldesa Silvia Lorena Gómez renunció a su cargo y el Concejo edilicio formó una comisión que es la que está administrando. “Desde que asumimos la Alcaldía hemos subsistido con lo poco que se recoge de impuestos, la planilla se redujo de 98 a 40 empleados aproximadamente porque es imposible mantener los salarios, menos para pagar esa ilegal suma”, dijo uno de los denunciantes.
El contrato de Escarlett Waimar Tercero, cuyo salario mensual era de 15,214 córdobas, fue suspendido junto a cinco plazas más por falta de recursos. Esta suspensión colectiva se hizo con base en la Ley 502 o Ley de carrera administrativa municipal el 27 de abril de 2020 y se le explicó a los trabajadores el motivo de fuerza mayor, la falta de recursos económicos. Sin embargo, la empleada, quien se declaró ser militante sandinista, interpuso la demanda de reintegro laboral por violación a derechos humanos y pago de salario dejado de percibir, el 15 de mayo de 2020 y el judicial en 20 días resolvió ordenar el reintegro y el pago de la supuesta “indemnización reparatoria”.
“La sentencia está en proceso de apelación porque consideramos es arbitraria”, reiteró la fuente.
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Para los opositores, el régimen orteguista pretende terminar de asfixiar económicamente a las alcaldías municipales opositoras y finalmente quedarse con ellas. Para ello sigue utilizando al poder judicial como aparato represor.
La semana pasada la Alcaldía liberal de Wiwilí denunció también una orden judicial de captura y de suspensión de cargo de la alcaldesa Reyna Hernández Mairena, por supuesta desobediencia al no pagar una indemnización de 16.5 millones de córdobas para 16 trabajadores sandinistas.