Aunque la población vierte sus críticas contra la distribuidora de energía Disnorte-Dissur por mantener los recibos alterados de la luz eléctrica, el Estado de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, cuenta con el 16 por ciento de las acciones y un representante en la junta directiva de la compañía. Sin embargo, es el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), que funge como el ente regulador, el que debe fiscalizar a la compañía, independientemente de quién sea el dueño, explicó la consultora en temas energéticos, Patricia Rodríguez.
Los mismos fanáticos del régimen se quejan en redes sociales de la inacción de sus líderes ante el actuar de la Distribuidora, de la que hace parte el gobierno, a través del Estado.
En 2009 Unión Fenosa, un nombre por el cual la población, de forma errónea, aún llama a la Distribuidora Disnorte-Dissur, vendió al Estado de Nicaragua el 16 por ciento de las acciones de la empresa distribuidora de energía por diez millones de dólares.
La compañía española TSK y Melfosur se quedaron con el 84 por ciento de las acciones. Sin embargo, en febrero de este año, la sede central de TSK confirmó a LA PRENSA que ya no tenían relación con Nicaragua. Se desconocen las razones del cese de operaciones de la compañía, la fecha en que sucedió y quiénes son los nuevos dueños de una Distribuidora a la que desde hace unos meses le llueven muchas más quejas por recibos con altos cobros.
Juan Carlos López, del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor, sostuvo que desde enero a mayo han recibido 8,625 casos, con diferentes quejas, incluidas el aumento en el recibo de luz y las personas que aseguran no tener capacidad de pago.
El INE, que es un ente regulador público, tiene su propio presupuesto y tiene una normativa sumamente amplia sobre la cual se puede basar para tomar las decisiones, pero no lo está haciendo, y eso es muy probable “porque hay injerencia del gobierno en el INE”, lo que no debe ocurrir, no sucede ni en los países donde las empresas eléctricas distribuidoras son estatales, ya que siempre tienen el regulador, tienen que tener su independencia.“Ese es el principal problema que tenemos”, sostuvo la especialista.
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El analista político José Pallais explicó que hay un claro conflicto de intereses porque el ente regulador no está jugando el rol que debería de jugar y para el cual fue diseñado. “No está atendiendo a proteger los intereses de los usuarios y a mantener una equidad en el trato, un comportamiento ajustado a la normativa, no está regulando el que no se dé cobros excesivos, no está revisando los reclamos del consumidor y hay claramente una confusión de intereses”, expresó. Recordó que el Estado también es socio de Disnorte-Dissur, además hay mucha “opacidad e información contradictoria sobre quiénes son los reales accionistas de Disnorte-Dissur”, dijo.
Recuperación de ingresos
La molestia de la población es generalizada. Se quejan de montos de recibos de luz eléctrica que se duplican o triplican con respecto a lo que pagaban en meses anteriores. Un ciudadano que llamaremos “Pedro” pasó de pagar 750 a 1,989 córdobas. “Es una barbaridad”, señala. La consultora en temas energéticos, Patricia Rodríguez, explica que si bien es cierto estas quejas de recibos alterados , ahora se han agudizado y hay varios factores.
Uno de ellos es la calidad del servicio; hay muchas interrupciones, no solo en sectores rurales, sino en los urbanos, en los que falta la energía de forma frecuente y la Distribuidora no acude en tiempo y forma para resolver. Asimismo, ha habido disminución en el consumo, y hay muchas empresas, sobre todo, que han cerrado, entonces se ha bajado la recaudación de la Distribuidora, entonces está buscando como recuperar dinero, aunque no tenga la razón, explicó.
10, 000
es el número de denuncias que ha sobrepasado los nicaragüenses, según han reportado las organizaciones de ayuda al consumidor, siendo una de estas, los alterados recibos de luz eléctrica.