La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este jueves eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que otorga protecciones legales para 650,000 jóvenes que inmigraron ilegalmente de niños al país.
La decisión de los magistrados representa un duro golpe para las políticas de inmigración del presidente Donald Trump, en medio de su campaña para la reelección.
El programa DACA, que protege de la deportación a los cientos de miles de jóvenes conocidos como “Soñadores”, había sido impugnado por la administración ante la Corte Suprema.
Los magistrados rechazaron los argumentos del gobierno de que el DACA es ilegal y que la cortes no tienen voz para revisar la decisión de eliminarlo.
La decisión fue de 5 a 4, y el voto del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, fue el decisivo que rompió el empate entre los jueces liberales y conservadores del tribunal.
El presidente Trump rechazó el fallo de la corte, calificándolo de “horrible” y “político”.
“Son golpes en la cara de las personas que están orgullosas de llamarse republicanas”, escribió el presidente en Twitter. “Necesitamos más jueces o perderemos nuestra segunda enmienda y todo lo demás, voten a Trump en el 2020”, añadió.
Trump ha nombrado a dos de los nueve jueces de la Corte Suprema durante su mandato: Neil Gorsuch, en el 2017 y Brett Kavanaugh en el 2019.
Roberts y los cuatro magistrados liberales argumentaron que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de eliminar el DACA es arbitraria y caprichosa bajo la Ley de Procedimientos Administrativos.
El DACA, que comenzó en 2012, dio protección temporal de deportación a jóvenes que fueron traídos de niños ilegalmente por sus padres y crecieron en Estados Unidos, adoptando su idioma y sus costumbres.
“Básicamente no se fundamentó la cancelación del programa (…) volvemos al tiempo y las expectativas establecidas, el efecto desproporcional a la comunidad y también se alegó motivos discriminatorios”, explicó a la Voz de América el abogado de inmigración Ángel Leal.
Bajo el programa, los “soñadores” pueden trabajar legalmente, solicitar préstamos escolares si reúnen ciertos requisitos y pasan una revisión de antecedentes. Actualmente hay más de medio millón de beneficiados en todo el país.
Trump ha tratado de eliminar el programa desde que llegó a la presidencia, alegando que fue ilegal e inconstitucional desde un principio, pero fue bloqueado por las cortes y apeló al tribunal supremo.