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¡Ilegítimo!

El miércoles 17 de junio Luis Almagro volvió a la carga en el caso de Nicaragua. Solicitó que el Consejo Permanente de la OEA se reuniese de nuevo para darle seguimiento a nuestra crisis. Acompañó a su solicitud con un análisis de lo que ha transcurrido en Nicaragua desde 2017 cuando la OEA comenzó a trabajar con el gobierno en una reforma electoral hasta el presente cuando nos encontramos inmersos en una profunda depresión económica, un impasse en la negociación de una salida a la crisis política y golpeado por el Covid-19, quizás más fuertemente que lo que señala el Observatorio Ciudadano.

La conclusión de la solicitud de Almagro es contundente: la crisis nicaragüense no ha mejorado. Más bien se ha agravado por la pandemia. Y la única manera de ponerle fin a la violación de derechos humanos y la ruptura del orden democrático en Nicaragua es a través de reformas electorales que desembocarían en comicios libres. Para que esto se logre, Almagro ofrece la cooperación de la OEA dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana.

Muchos se preguntarán ¿qué puede hacer Almagro ahora si el año pasado no logró los votos necesarios para suspender a Nicaragua del Sistema Interamericano bajo el artículo 21 de la Carta Democrática? ¿Será que Almagro —y Washington— ahora sí los tienen?

Personalmente, dudo que estén los 24 votos necesarios. Sin embargo, no descarto que Estados Unidos, Canadá y otros países líderes del Grupo de Lima piensen que pudiesen reunir un núcleo de países a favor de una resolución cuya aprobación requeriría solo 18 votos. Pero para justificar este esfuerzo, la resolución tendría que ser mucho más contundente que las del pasado. Tendría, por ejemplo, que concluir que el gobierno nicaragüense ha perdido su legitimidad por irrespetar los derechos humanos y políticos garantizados a sus ciudadanos por nuestra Constitución y la Carta Democrática Interamericana.

Una resolución tildando al Gobierno de Nicaragua de ilegítimo sería un golpe al hígado para El Carmen. Aislaría aún más al gobierno nicaragüense. Tendría consecuencias económicas enormes e instantáneas en las instituciones financieras internacionales y las agencias crediticias como Fitch. Y acabaría con lo que queda de nuestro clima de inversiones. Podría, incluso, abrir la puerta a un corte en relaciones diplomáticas, al menos a nivel de embajador, entre algunos países del hemisferio y Managua.

Daniel Ortega ya no tiene amigos en Washington. Por eso, este escenario no se puede descartar. Es más, coincide con la reciente aprobación de una resolución sobre Nicaragua del Senado estadounidense. Para evitar esta catástrofe, la solución es que los nicaragüenses negocien, y de buena fe, una salida política que asegurase comicios en 2021 cuya única limitante sería que fuesen libres y transparentes. ¡Manos a la obra!

El autor fue canciller de Nicaragua.

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