Para el exdiputado José Pallais es necesario que este miércoles estemos atentos de cuál será la línea del informe que presentará Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ante el Consejo Permanente de ese organismo, sobre la violación de derechos humanos y constitucionales en Nicaragua y los comentarios que generará entre los miembros del Consejo.
“No es previsible alguna resolución, pero si un posible proyecto de resolución que luego sería sometido a aprobación del Consejo Permanente. Hay muchas expectativas en cuanto a que el Consejo ordene que el Gobierno de Ortega cumpla con los acuerdos firmados con la OEA referente a reformas electorales, restitución de derechos constitucionales, la liberación de presos políticos”, dijo Pallais.
En el mismo sentido, el exdiputado Eliseo Núñez, expresó que es una reunión de seguimiento, no tendrá resolución de fondo, porque lo que se está haciendo es reactivando el tema de Nicaragua. “De ahí en adelante si creo que viene la búsqueda de los votos para aplicar la Carta Interamericana y aumentar la presión sobre Ortega para el tema de las reformas”, dijo Núñez.
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Esta comparecencia ante el Consejo la solicitó el miércoles 17 de junio pasado el secretario general Almagro a través de una carta, para retomar el tema de Nicaragua. Dicha solicitud la hizo invocando el artículo 20 de la Carta Democrática.
Desde que inició su segundo período de secretario general de la OEA, el 27 de mayo pasado, esta es la primera vez que Almagro toma acción para presionar al régimen orteguista.
«La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha dado un especial seguimiento a la evolución del proceso democrático en la República de Nicaragua en el último lustro, y ha dialogado tanto con el Gobierno Nacional del Presidente Daniel Ortega, como con los sectores de la oposición y la sociedad civil nicaragüense a efectos de encauzar el diálogo político con el objetivo de alcanzar una reforma electoral que permita al país realizar elecciones libres, transparentes y con observación internacional», expuso Almagro en la misiva.
Tiempos casi agotados
Para Pallais esta solicitud de Almagro se debe a que ya estamos a cinco meses para que el régimen de Daniel Ortega convoque a elecciones presidenciales en noviembre próximo y no da señales de cumplir con los acuerdos firmados con la OEA.
“Es corto el tiempo para organizarte, seleccionar fiscales, transmitir el mensaje. Liberar a presos políticos, que también tienen derecho a votar, por eso es que se aceleran las cosas en la OEA”, dijo el exdiputado.
El pasado 27 de diciembre de 2018, en una sesión extraordinaria convocada por el Consejo Permanente de la OEA para analizar la situación de Nicaragua, Almagro dijo que se comenzaría con la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana al Estado de Nicaragua, que implica una serie de pasos para establecer la ruptura del orden democrático en el Estado miembro implicado y realizar acciones para reencauzarlo por el camino de la democracia.
Según lo expuesto por Almagro mediante la misiva, la situación en Nicaragua no ha mejorado desde noviembre desde 2019, cuando la Comisión de Alto Nivel que formó la OEA para realizar gestiones diplomáticas presentó su informe en el que destacó la existencia de un patrón de hostigamiento, intimidación y restricciones a los derechos políticos.
La situación se ha agravado, aseguró Almagro, entre otros aspectos, por las consecuencias de la pandemia del Covid-19, donde el régimen no ha tomado todas las medidas necesarias para evitar el contagio, contrario a esto ha promovido actividades de concentraciones masivas.
El secretario general de la OEA expuso que en los tiempos complejos que vive el mundo producto de la pandemia, “resulta urgente retomar los esfuerzos de la comunidad hemisférica, al amparo de la Carta Democrática Interamericana, para buscar el restablecimiento de condiciones democráticas que permitan la realización de elecciones consistentes con los parámetros y buenas prácticas internacionales en el futuro cercano”.
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No postergar elecciones
El pasado 28 de mayo, miembros de la oposición nicaragüense sostuvieron una reunión virtual con Almagro, en la que éste les expresó que no consideraría legítimo que el régimen de Daniel Ortega postergue las elecciones nacionales de noviembre de 2021, como lo han sugerido algunos medios de comunicación oficialistas, usando como pretexto la pandemia del Covid-19.
Los esfuerzos del secretario general de la OEA, para encauzar a Nicaragua en el camino de la democracia, se vienen dando desde 2016 tras las reiteradas denuncias de fraudes electorales de parte de la oposición política.
Aunque inicialmente el régimen orteguista colaboró con el fortalecimiento de la democracia a través de acuerdos firmados, en 2018 Ortega radicalizó su postura para enfrentar de manera represiva y criminal las protestas civiles en su contra.
Las acciones represivas, que causaron más de 300 muertos, han sido condenadas por Almagro y por la mayoría de los Estados miembros de la OEA. Mientras Ortega mantiene que las protestas en su contra son parte de un golpe de Estado en contra de su gobierno.
Almagro expresó en una carta enviada al Representante Permanente de Haití ante la OEA, Leon Charles, quien funge como actual presidente del Consejo Permanente, la necesidad de “dar seguimiento a lo solicitado” en diciembre de 2018, cuando Almagro invocó el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana ante la crisis que enfrentaba el país tras la brutal represión del Estado a las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega.
La reunión de este miércoles se da en un contexto en el que a las múltiples violaciones a los derechos humanos, ocasionadas por el régimen de Daniel Ortega, se suma la preocupación por la falta de atención de las autoridades para combatir la pandemia del Covid-19 en al país, esto por la negligencia de las autoridades sanitarias y la falta de atención.
Pallais manifestó que aunque Almagro y la comunidad internacional han presionado a Ortega para que realice elecciones libres y justas desde el comienzo de la crisis en 2018, Ortega no ha dado señales de abrir la negociación política para la reforma a la Ley Electoral (Ley 331).
La oposición nicaragüense tiene claro que solo la presión internacional obligará al régimen de Daniel Ortega a hacer una reforma electoral que elimine su control partidario en toda la estructura electoral.