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CONTENIDO EXCLUSIVO.El abogado experto en derecho constitucional, Gabriel Álvarez, advirtió este martes que el documento estatutario de la Coalición Nacional, establece elementos que podrían poner en riesgo a las organizaciones gremiales, sindicales y empresariales que están dentro de ese proceso de unidad opositora.
Álvarez tuvo acceso al documento estatutario de la Coalición, que será firmado el jueves 25 de junio.
El jurista explicó que los organismos no gubernamentales, sindicales, empresariales y gremiales, tienen una naturaleza legal que les impide participar en asuntos políticos.
Las legislaciones que establecen estas prohibiciones son la Ley de Cámaras, el Código del Trabajo, el reglamento de organizaciones sindicales y la nueva normativa aprobada por el Ministerio de Gobernación, en abril de 2019, para el control los organismos sin fines de lucro, también conocidas como ONG.
“La Coalición Nacional no está estructurada de una manera como lo exige la ley electoral, pero también, los miembros que la integran, algunos de ellos, estarían violentando las leyes que los regulan, porque no les permiten perseguir fines proselitistas ni electorales, ni partidarios, ni acceder a cargos electivos. Desde mi punto de vista esto es muy riesgoso, es una amenaza importante, no solo para que la manipule un Consejo Supremo Electoral (CSE) sesgado como el que tenemos, sino incluso un CSE que aplique correctamente la ley”, dijo Álvarez.
A Álvarez le preocupan los numerales 13 y 14 de los estatutos de la Coalición Nacional, sobre las facultades y atribuciones del Consejo Nacional, que expresan lo siguiente: 13, definir mecanismos transparentes y democráticos para la selección de eventuales candidaturas a cargos de elección popular por parte de la alianza electoral que representará a la Coalición Nacional en futuras elecciones. Y, 14, aprobar casilla y texto de la escritura pública en la que se constituya la alianza electoral que permita registrarse ante las autoridades competentes dentro de eventuales proceso electoral.
Normativa de control a ONG
El artículo 7 de la “Normativa del Departamento de Registro y Control de Asociaciones para la Supervisión y Control de Organismos sin Fines de Lucro”, establece que “el representante legal de las organizaciones sin fines de lucro debe firmar una acta compromiso ante el Departamento de Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, obligándose de forma clara y precisa a no incluir en sus proyectos, programas o acciones de tipo político partidarios, sean estos de forma directa o indirecta, mencionando conocer las consecuencias legales que se derivan del incumplimiento de las mismas”.
Esta normativa también establece multas monetarias para aquellos organismos civiles que la incumplan.
Ley solo permite partidos y alianza
El jurista también señaló las limitaciones de la Ley Electoral (Ley 331), que deja claro que solo los partidos políticos y las alianzas de partidos políticos pueden inscribir candidatos y alianzas en una elección.
El constitucionalista precisó que no existe legalmente la posibilidad de una alianza entre partidos políticos y sectores civiles, ya sea organizaciones gremiales, empresariales o sindicales. “Lo prohíbe su legislación”, recalcó el jurista.
Lo más delicado para Álvarez es que las ONG pongan en riesgo el financiamiento que reciben, porque tanto a los organismos nacionales como los extranjeros prohíbe el financiamiento político partidario.
”Los que reciben financiación ponen en riesgo tanto a las organizaciones que no son partidarias, como a sus donantes. Y la legislación no solo nicaragüenses sino la legislación de otros países es común que prohíban dar donaciones a estructuras partidarias. Y aunque esta organización no dice que es un partido político, sino que dice que es una alianza electoral, los numerales 13 y 14 dicen que esa Coalición es la que va a definir los mecanismos para escoger candidatos y es la que va a definir la escritura pública que va a constituir la alianza electoral, por eso yo le digo que si eso lo llevan la CSE, es muy probable que el CSE no lo inscriba y la propia ley electoral señala que eso lo puede revisar de oficio el Consejo Supremo Electoral, o el fiscal electoral a petición de los partidos políticos”, manifestó Álvarez.
“Además, no solo por el régimen de constitución de las alianzas electorales, sino por la financiación de las alianzas electorales, la financiación de las ONG, de las OSC, de los sindicatos, de las cámaras empresariales y sus propias personerías jurídicas, la Coalición quedaría muy endeble, quedaría muy al descubierto”, agregó.
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Esta estructura le daría argumentos al CSE para sacar del juego a la Coalición
Para Álvarez, seguir con esa debilidad significaría darle argumentos al régimen de Daniel Ortega para que anule la plataforma opositora con un fundamento legal, y con ello quitarle totalmente la oportunidad a la oposición, que se está esforzando por crear una plataforma de unidad.
“El Consejo Supremo Electoral tendría fundamentos suficiente para no inscribir o incluso para ilegalizar a los partidos políticos. Correrían peligro los partidos políticos que tienen personería jurídica, aquellos que están pidiendo su personería jurídica y los donantes”, agregó el jurista.
La Coalición Nacional es una plataforma de unidad opositora impulsada por diversas organizaciones civiles, políticas, estudiantiles, empresariales; entre sus miembros hay dos partidos nacionales y uno regional.El pasado 25 de febrero, siete organizaciones firmaron esta iniciativa, bajo el compromiso de construir la unidad opositora. La firma de los estatutos el jueves 25 sería otro paso para la construcción de esa unidad.