El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo este miércoles al Consejo Permanente que es necesario declarar que en Nicaragua “hay una interrupción del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático…”
Almagro reconoció que han sido infructuosas las gestiones que la OEA ha hecho hasta ahora, para “restaurar la democracia y los derechos humanos” en Nicaragua. En consecuencia —dijo— hay que dar el siguiente paso previsto en la Carta Democrática Interamericana, que es convocar a un período de sesiones extraordinarias de la Asamblea General para que adopte la decisión que corresponda. Esto, por supuesto, en el caso de que hayan los 24 votos necesarios para aprobarla.
Al respecto hay un antecedente histórico de la OEA con Nicaragua. En junio de 1979 la Asamblea General declaró en una sesión extraordinaria que el dictador Anastasio Somoza Debayle había perdido el derecho de seguir gobernando y que, por tanto, tenía que dejar el poder. Eso a pesar de que en aquel tiempo no existía la Carta Democrática Interamericana, la cual fue aprobada en Lima, Perú, hasta el 11 de septiembre de 2001.
Las circunstancias de 1979 eran distintas a las de ahora. Pero el principio general de que un gobernante no debe de continuar en el poder cuando rompe el orden constitucional democrático y viola masivamente los derechos humanos de sus ciudadanos, no solo sigue vigente sino que ahora es más imperioso.
“Llegar a la situación actual ha sido un camino doloroso para Nicaragua”, declaró el secretario general de la OEA en la sesión del Consejo Permanente de este miércoles. “Hay una deuda con la gente, la justicia, los derechos humanos y la democracia”, admitió Almagro. Reiteró “la necesidad de poner fin a la represión y reiniciar el diálogo en Nicaragua” y aseguró que “la única opción” para recuperar la democracia “es la electoral, con reformas político-electorales; diálogo entre las partes; elecciones libres, justas y transparentes y nuevo Consejo Supremo Electoral”, entre otras.
Prácticamente todos los miembros del Consejo Permanente de la OEA que participaron en la sesión del miércoles sobre Nicaragua —en la que por cierto no intervino ningún representante de la dictadura de Ortega—, estuvieron de acuerdo con Almagro. En sus intervenciones los embajadores condenaron a la dictadura de Nicaragua y apoyaron la idea de convocar a un período de sesiones extraordinarias de la Asamblea General para examinar la situación. Sin embargo el Consejo no tomó una decisión al respecto, al menos no todavía.
La realidad es que ya no queda por hacer ninguna de las gestiones diplomáticas y políticas previas, señaladas en la Carta Democrática. Lo único que hace falta es llevar el asunto a una Asamblea General Extraordinaria. Y suponemos que si el Consejo Permanente de la OEA no la convocó este miércoles, es quizás porque no hay todavía los votos suficientes (24) para aplicar a la dictadura de Daniel Ortega la sanción que tiene merecida.