Al registrarse dos años de la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó a Nicaragua las obligaciones en temas de derechos humanos pendientes desde que la iniciativa vino al país para establecer un informe sobre la crisis sociopolítica generada por la represión a la protestas civiles de abril de 2018.
Desde la instalación del MESENI el 24 de junio del 2018, han recopilado 1621 testimonios de victimas de represión que aportarán a la construcción y registro de la memoria histórica sobre lo ocurrido en Nicaragua desde el 18 de abril del 2018.
Este 23 de junio la CIDH presentó un documento recordatorio al Gobierno de Nicaragua, de las recomendaciones emitidas por medio del MESENI, que a dos años después de su instalación en el país con el fin de monitorear la situación de los derechos humanos y dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por la CIDH, las que siguen sin ser cumplidas por régimen de Daniel Ortega.
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Según el documento, “ninguna de las recomendaciones contenidas en los informes referidos ni en el marco de las medidas cautelares se ha cumplido hasta la fecha por parte del Estado de Nicaragua y la Comisión observa que tampoco se han dado pasos en ese sentido”.
Además de incumplir con las recomendaciones, siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos por medio de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al Gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades de pueblos indígenas, a lo que la CIDH se refiere como la “quinta etapa de represión estatal en el país”.
Restauración de derechos humanos pendientes
Entre los crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses han recopilado 1,621 testimonios de victimas de represión, han registrado 328 fallecidos (entre ellos 21 policías. 24 niñas, niños y adolescentes); cerca de 2 mil heridos, más de 770 personas privadas de libertad; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud (que aún continúan); más de 100 mil personas han huido del país, más de 90 periodistas y trabajadores de medios forzados al exilio.
Además han solicitado desde 2018 la adopción de 85 medidas de cautelares para más de 200 personas y sus círculos familiares, 152 peticiones que alegan violación de derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua 33 de ellas siendo objeto de examen de admisibilidad.
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Se hace hincapié en la prolongación del Estado de excepción de facto, en el que se mantienen suspendidos o severamente limitados derechos como la libertad de expresión, derecho a la reunión y asociación, a la defensa de derechos humanos, y a participar en la dirección de asuntos públicos.
La CIDH reitera su preocupación por la situación de impunidad en la que permanecen las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018, expresando que el Plan de Atención Integral a Víctimas y la instalación de Comisiones de reconciliación, Justicia y Paz los planes de reparación implementado por el Gobierno “no han dado cobertura a víctimas de la represión estatal”.
Violencia contra periodistas y medios de comunicación
MESENI registra otros sectores que aún siguen siendo violentados son los medios de comunicación y periodistas que han sido atacados, agredidos y hasta amenazados de muerte. También los campesinos del norte del país que han sido víctimas de ejecuciones selectivas y comunidades indígenas de las regiones autónomas victimas de ataque, en los que han denunciado la participación de agentes estatales.
Hasta la fecha hay 80 personas privadas de libertad como “preso políticos” y 9 organizaciones de la sociedad civil afectadas desde diciembre 2018 por la cancelación de su personería jurídica que no han sido restituidas y sus bines, archivos y expedientes respecto casos documentados de violaciones a los derechos humanos tampoco han sido devueltos.
Además continúa la falta de independencia del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, quebrantando el principio de separación y debilitamiento de las instituciones democráticas de Nicaragua y pone en evidencia “la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada”.
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Pandemia agrava violación de derechos humanos
Por otra parte, en el documento la CIDH expresa su preocupación por el manejo de la Pandemia del Gobierno de Nicaragua, en la que han tomado decisiones que continúan en la línea de violación de derechos humanos.
Al menos “500 personas nicaragüenses en su mayoría de la Costa Caribe con ocupaciones como trabajadores que realizan cruceros en diferentes islas caribeñas que en el contexto de la pandemia no se les ha permitido ingresar al país”, relata el documento.
Otra de las preocupaciones en este contexto, es la situación de los privados de libertad debido al riesgo de contagio, la falta de información y medidas de contención por parte de estado en este tema.