El sector empresarial privado de Nicaragua ha entrado a un proceso de renovación de su liderazgo.
La semana pasada, la Cámara de Industrias (Cadin) eligió un nuevo presidente y otros directivos. En este contexto, el presidente saliente, Sergio Maltez, declaró a LA PRENSA que si no aspiró a la reelección no fue porque los Estatutos de la Cámara se lo prohibían, pues pudo pedir la aprobación de una reforma estatutaria para poder reelegirse. No lo hizo porque los líderes empresariales —dijo— deben “dar el ejemplo democrático” de no perpetuarse en los cargos.
Maltez opina que la alternabilidad en la dirigencia del sector privado “es una condición necesaria para democratizar aún más la organización”. De manera que se pronunció en favor de los cambios de liderazgo, la pluralidad, la no reelección y “abrir oportunidades para que todos puedan incidir”.
La alternancia o alternabilidad en el ejercicio de los cargos de poder, es una institución de origen y carácter político.
Consiste básicamente en que los funcionarios políticos del Estado deben someterse a un límite de tiempo en el ejercicio de sus funciones. Y que los ciudadanos tengan la posibilidad real, no solo formal, de elegir y rotar a distintas personas procedentes de diferentes formaciones políticas.
La alternabilidad es uno de los fundamentos de la democracia, tan importante como la división de poderes, la sujeción de los gobernantes a la ley, la rendición de cuentas, la publicidad de la gestión gubernamental, las elecciones libres y limpias frecuentes, la igualdad jurídica, etc.
Pero si bien la institución de la alternabilidad en el poder se originó como un mecanismo político, con el paso del tiempo y el progreso histórico se extendió a otras organizaciones de la sociedad, las que por su naturaleza y funciones tienen incidencia pública aunque no sean estatales. Y sus miembros tienen el derecho de intervenir tanto en la toma de decisiones como en la designación de sus autoridades.
El investigador académico y profesor chileno de Ciencias Económicas, Políticas y Sociales, Alfredo Rehren, dice en un enjundioso estudio sobre el tema que los empresarios tienen una posición privilegiada en la sociedad, porque ejercen de hecho una función pública que hasta cierto punto se equipara con la de la clase política tradicional.
En Nicaragua esto es tan cierto, que durante los años de la alianza del sector empresarial con el régimen de Daniel Ortega, el Cosep incidió en la aprobación de 124 leyes sobre la problemática económica y temas relacionados. Y además, tuvo representación en 40 instituciones del Estado.
Advierte Rehren que el rol privilegiado de los empresarios solo es igualado por el de los políticos, pero aquellos permanecen alejados de los controles democráticos públicos. De manera que la democratización de la organización gremial de la clase empresarial es indispensable, para que exista y pueda funcionar una auténtica democracia capitalista.
Este espíritu progresista y democratizante, es sustentado por el dirigente de Cadin y otros líderes empresariales que han hablado con el Diario LA PRENSA sobre el tema. “En el Cosep hay 26 cámaras de las cuales 22 están habilitadas para votar”, dijo, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios, Carmen Hilleprandt. “Yo diría que la mitad de esas quieren un cambio en Cosep, un relevo, incluso el resto también anhela ese cambio, pero muchos prefieren no hablar del tema”, señaló la dirigente empresarial en alusión a que pronto habrá elección de presidente y otros directivos del Cosep.
El actual presidente del Cosep, José Adán Aguerri, quien lleva 13 años en el cargo, dijo a LA PRENSA que todavía no ha decidido si se presentará para otra reelección en septiembre próximo. Por el bien de Nicaragua, en honor a la lucha de los nicaragüenses para que haya en el país una democracia integral y funcional, y por el prestigio de la misma clase empresarial, esperamos que la decisión de José Adán sea no volver a reelegirse y que dé paso a un relevo que se ve muy necesario y que sería muy refrescante.