El miércoles 24 de junio tuvo lugar en Miami un foro sobre la libertad de prensa en América Latina. Fue organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero.
En el foro participaron Tomás Regalado y Carlos Sánchez Berzaín, presidente y director ejecutivo de dicho Instituto, así como el periodista y escritor Carlos Alberto Montaner, y Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP. En nombre de la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) intervino la periodista Dina Díaz, quien habló sobre las difíciles y peligrosas condiciones en las que se ejerce el periodismo bajo la dictadura de Daniel Ortega, agravadas ahora por la pandemia del Covid-19.
Sánchez Berzaín señaló en su intervención que “tanto los periodistas como los medios deben de tener el derecho de investigar sin limitaciones ni censura”. Pero explicó que hay “tres clases de prensa”: una prensa oficial u oficialista, que responde a los intereses del gobierno; una prensa comercial que vende servicios y que por motivos ideológicos o económicos puede estar alineada a grupos políticos. Y por último, muy lejos de la prensa oficial y la prensa comercial está la prensa independiente y libre, a la que hay que fortalecer “para preservar la democracia o restablecerla en algunos países de la región”, dijo el director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, en obvia alusión a Venezuela, Cuba y Nicaragua.
En su turno el representante de la SIP, Ricardo Trotti, advirtió que la pandemia del coronavirus “ha revalorizado el trabajo profesional de la información”. Los medios de información (tradicionales), dijo Trotti, “siguen siendo la plataforma donde la gente busca sobre lo que está pasando, porque desde siempre han gozado de mayor credibilidad”. Por supuesto que al hablar de medios con credibilidad, Trotti se refería a la prensa libre elogiada por el director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia.
En Nicaragua, el derecho de los periodistas y de los medios a investigar sin restricciones ni censuras el ejercicio de los poderes públicos, no existe en la realidad. Aunque hay una ley que garantiza este derecho la dictadura de Daniel Ortega no lo acata ni lo respeta. Ni siquiera sobre la crisis de salud pública causada por la pandemia, permite el régimen que se investigue e informe libremente, mientras oculta la información y manipula las cifras.
El derecho de acceso a la información pública es tan importante y sustantivo, que en El Salvador la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo define en una sentencia de 2012 como “el oxígeno de la democracia”.
En Nicaragua existe desde mayo de 2007 una Ley de Acceso a la Información Pública, discutida durante el gobierno de Enrique Bolaños pero promulgada por el de Daniel Ortega. Dicha Ley fue reglamentada en agosto del mismo año, pero el régimen nunca la respetó. Ha sido por eso, porque es oxígeno para la democracia pero veneno para una dictadura.