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LA PRENSA/CORTESÍA OEA

José Luis Velásquez: “No nos conviene que Nicaragua salga de la OEA”

El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos tiene la esperanza en las presiones internacionales que se hagan mediante ese foro, acompañada de presiones internas

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Aunque el tema de Nicaragua en la OEA está centrado en la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que implica abrir la posibilidad de expulsar al país del organismo debido a la ruptura del orden democrático, el exdiplomático José Luis Velásquez afirmó que no serviría de nada sacar a Nicaragua del sistema interamericano y más bien se podría perder un espacio de denuncia internacional.

“La OEA es el foro más importante a nivel continental y nos conviene más tener el foco sobre Nicaragua. No nos conviene que Nicaragua salga de la OEA o que sea expulsada, porque perderemos un foro importantísimo”, dijo Velásquez, quien fue embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

La esperanza para Velásquez son las presiones internacionales que se hagan mediante ese foro, acompañada de presiones internas, aunque el exdiplomático se detiene en ese aspecto para señalar la importancia de la organización y la unidad de la oposición política nicaragüense, que todavía esta en proceso. En ese sentido, Velásquez recordó el caso de Venezuela, en el que el régimen de Nicolás Maduro decidió salirse de la OEA. El organismo permitió la representación de un gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Velásquez dijo que para hacer eso es necesario tener una oposición organizada, que pueda ofrecer una alternativa, como lo hizo el país suramericano con Guaidó.

José Luis Velásquez, exembajador de Nicaragua en la OEA. Oscar Navarrete/ LA PRENSA.

Velásquez reconoció que la OEA es un espacio que está pasando por muchas dificultades para concentrarse en los problemas particulares de cada Estado, debido a la crisis interna que atraviesa cada país por los efectos del Covid-19. Eso fue evidente en la última reunión virtual del Consejo Permanente sobre Nicaragua, a la que solo se conectaron 27 países, observó el exdiplomático.

El 24 de junio pasado, el Consejo Permanente de la OEA abordó la situación de Nicaragua a solicitud del secretario general de este organismo, Luis Almagro. En el encuentro virtual, Almagro leyó un informe de los esfuerzos realizados por el organismo, en busca del fortalecimiento de la democracia en el país, los cuales aseguró han sido infructuosos por la negativa del régimen de Daniel Ortega. Los países que participaron en la reunión virtual, apoyaron la convocatoria a un “período de sesiones extraordinarias” como lo establece el artículo 21 de la Carta Democrática, cuando se constata que en un Estado miembro se ha producido la ruptura del orden democrático. Este planteamiento se apoya en las recomendaciones del informe de la comisión de alto nivel de la OEA.

Velásquez señaló que Almagro dejó pasar mucho tiempo para tomar la decisión de abrir un proceso contra el régimen de Nicaragua, pero valoró que al menos ahora tiene claro que Ortega encabeza un régimen sin legitimidad.

“Creo que es importante el cambio del enfoque del secretario general. La presentación que él hizo en la reunión última del Consejo Permanente nos deja entrever que él ha cambiado radicalmente su percepción sobre el ejercicio político de Ortega. Ya está totalmente convencido de que Ortega está en una situación terminal y que ha perdido totalmente la legitimidad de ejercicio y especialmente ahora la legitimidad de origen, y de que en Nicaragua hay una crisis constitucional, como lo establece la Carta Democrática Interamericana”, dijo el exdiplomático.

Nicaragua vive en crisis desde abril de 2018, cuando comenzó  la represión armada orteguista contra las protestas civiles, que dejó más de 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derchos Humanos (CIDH). Una de las propuestas para salir de esa situación es un proceso electoral libre y justo. Los próximos comicios presidenciales serán en noviembre de 2021, pero en Nicaragua el Consejo Supremo Electoral (CSE) es una institución controlada por los simpatizantes de Ortega, quienes han realizado fraudes electorales desde 2008 para mantenerlo en el poder.

Vienen más sanciones

El politólogo y miembro del Grupo Pro Reformas Electoral (GPRE), José Antonio Peraza, manifestó que en los próximos meses todos los esfuerzos de la comunidad internacional estarán dirigidos a empujar elecciones libres y justas en Nicaragua, para lo que es necesario una reforma del sistema electoral, garantizar un ambiente competitivo y justo, en el que la ciudadanía se pueda expresar.

“Todas las sanciones en los próximos meses antes de noviembre, o sea, entre julio, agosto, septiembre y octubre y parte de noviembre, creo que van a presionar para que él (Ortega) se siente a negociar con la oposición dos cosas: los acuerdos de 2019 sobre derechos constitucionales, libertad de los presos políticos, libertad de expresión para manifestarse en las calles. Y después acordar unas reformas medianamente aceptables”, dijo Peraza.

Jose Antonio Peraza, politologo. LAPRENSA/Jader Flores

El politólogo consideró que en ese contexto de presiones la finalidad no es la expulsión de Nicaragua de la OEA, sino lograr un acuerdo con Ortega, para que realice elecciones aceptables para la oposición. Peraza explicó que aunque muchos nicaragüenses quisieran que Ortega dejara el poder inmediatamente, la ciudadanía debe de entender que no es fácil arrancar las raíces de una dictadura, así que la comunidad internacional apuesta a que las presiones lo hagan sentarse en una negociación verdadera, en la que ceda la reforma electoral.

“La finalidad es ponerle un montón de sanciones, para presionarlo a a realizar elecciones medianamente libres o que por lo menos se siente en un proceso de negociación para ver cómo se acuerda el proceso que se va a desarrollar, ceder las libertades para salir a las calles. Yo no creo que la finalidad sea aplicar el artículo 21”, dijo Peraza.

Artículo 21

El artículo 21 de la Carta Democrática establece que cuando “se constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro de su participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros”, que implican 24 votos.

Coalición Nacional, Félix Maradiaga, Nicaragua
Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. LA PRENSA/ Roberto Fonseca

Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, es uno de los opositores que tiene el criterio de llevar las presiones al máximo nivel. “La Unidad Nacional mantiene una posición de máxima presión y creemos de que el artículo 21 debe seguir estando sobre la mesa y se debe seguir cabildeando”, dijo.

Aún así, Maradiaga explicó que en un escenario hipotético de la aplicación del artículo 21, “la única alternativa posterior, en caso de que no haya cambio democrático, es entrar a un escenario de aislamiento internacional definitivo del régimen”. Según el opositor, la hipótesis es que con un “aislamiento diplomático extremo podría servir como presión, para que el régimen reconsidere su posición”.

“El régimen ha venido quemando todos sus puentes”

Maradiaga expresó que a estas alturas existe frustración por el desdén de Ortega, su negación de la realidad del país; no recibe a las comisiones diplomáticas ni a los organismos internacionales y no atiende las demandas que le ha hecho la comunidad internacional.

“El régimen ha venido quemando todos sus puentes, es decir, las alternativas diplomáticas que muy generosamente presentó la OEA, a pesar de la insistencia de organizaciones como la Unidad Nacional de aplicar el artículo 21. A pesar de eso, la comunidad internacional se inclinó en el marco de la OEA por no aplicar el 21, nunca llegamos a los 24 votos y lo que ha pasado ahora es que hay un estado de ánimo del colmo de la paciencia”, opinó Maradiaga.

Otra opción que viene ganando fuerza entre los opositores es la aplicación del artículo 19 de la Carta Democrática, que implica una suspensión temporal del país, que se puede lograr con 18 votos.

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