La Voz de América difundió el jueves 2 de julio corriente, declaraciones muy interesantes del secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.), Hugo Rodríguez.
En dicha entrevista —que por su importancia fue reproducida íntegramente por el Diario LA PRENSA—, el funcionario estadounidense habló sobre las relaciones de EE.UU. con Centroamérica. Y se ocupó de temas cruciales de Nicaragua, en particular la permanencia de Daniel Ortega en el poder y las elecciones de noviembre de 2021.
El subsecretario de Estado norteamericano aseguró que a EE.UU. no le interesa sacar del poder a Ortega, antes de que termine su período actual. Lo que quiere es “ayudar a los nicaragüenses a crear condiciones para que puedan tener una verdadera voz en la elección del próximo líder de su país”.
Rodríguez aclaró que la demanda de elecciones libres y limpias es impulsada por los ciudadanos de Nicaragua. El interés del gobierno de los EE.UU., dijo, es “que Daniel Ortega deje de socavar la democracia, desista de sus abusos contra los derechos humanos y regrese a una situación en la que pueda haber elecciones libres y justas… que las personas puedan registrarse para votar y puedan votar por quienes ellas quieran…”.
Según el subsecretario de Estado, para EE.UU. lo importante no es quién gobierna en Nicaragua, sino que sea elegido libremente por los ciudadanos y que por lo tanto tenga un mandato legítimo. De manera que ante la pregunta de cómo actuaría EE.UU. si en las elecciones de noviembre de 2021 Daniel Ortega resultara elegido, Hugo Rodríguez respondió claramente: “Si las elecciones fueran libres, justas y reconocidas internacionalmente, Estados Unidos aceptaría los resultados de esa elección”.
De hecho esta posición es compartida por todos los gobiernos democráticos de América Latina, la Unión Europea y otras partes del mundo. Ellos no objetan la permanencia de Daniel Ortega en el poder hasta las elecciones de 2021, ni su participación personal y la del FSLN en los comicios. Esto a pesar de la represión sangrienta contra el pueblo nicaragüense, en la cual según comprobaron los organismos de derechos humanos la dictadura cometió crímenes de lesa humanidad.
Está claro que el camino escogido por la comunidad internacional para propiciar el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, no es el derrocamiento violento de Ortega sino la vía cívica y democrática de las elecciones justas y limpias.
Ortega alega que esto es una intromisión externa en los asuntos domésticos de los nicaragüenses. Pero no es cierto. La Carta Democrática Interamericana de la OEA, a la cual pertenece el Estado de Nicaragua, establece explícitamente el compromiso de realizar elecciones periódicas libres y transparentes, gobernar en el marco de un Estado de derecho y respetar los derechos humanos de todas las personas.
El principio de independencia y autodeterminación nacional no le da derecho a nadie a imponer una dictadura, a socavar la democracia, a abolir el Estado de derecho, a asesinar a los ciudadanos. Más bien, el moderno derecho internacional contiene compromisos para sancionar a aquellos Estados en donde los que detentan el poder no cumplen sus obligaciones democráticas y humanitarias.
Más todavía, desde 2005 una Cumbre Mundial de la Organización de Naciones Unidas acogió el principio de la obligación de proteger, con el fin de acudir en auxilio de los pueblos que sufren crueles dictaduras, que son víctimas de crímenes de lesa humanidad, y que no pueden liberarse solos, cuando se han agotado todos los esfuerzos para poner fin a esa situación por medios pacíficos.
En Nicaragua todavía hay tiempo para obligar a Ortega a aceptar la celebración de elecciones libres y limpias, cuyos resultados en ese caso serían reconocidos por EE.UU. y toda la comunidad internacional. Es cuestión de presionar al máximo al caudillo sandinista, para obligarlo a ceder.