Como una amenaza al ejercicio libre del periodismo por parte de quienes ostentan el poder político, fue catalogado por Diego Quijano Durán, presidente de Corporación La Prensa SA (Corprensa), editorial dueña de los diarios La Prensa y Mi Diario de Panamá, el secuestro de acciones y cuentas bancarias por parte del expresidente panameño, Ernesto Pérez Balladares, por un caso de presuntos daños y perjuicios que lleva ocho años en los tribunales.
“El objetivo de esto es amenazar, intimidar, callar, censurar, amordazar a la ciudadanía”, advirtió Quijano en conferencia de prensa este 6 de julio. La jueza Lina Castro De León, del Juzgado Decimoquinto Civil de Panamá ordenó el pasado sábado el secuestro de todas las cuentas bancarias de Corprensa por el monto de 1,130,000 dólares.
La acción judicial alcanza las acciones de la subsidiaria Inmuebles Industriales, S.A. propiedad del terreno y el edificio donde se ubican las salas de redacción y la rotativa de La Prensa y Mi Diario de Panamá. Esto afectó la capacidad de la editorial para recibir y girar pagos, dejando en la indefensión financiera a la corporación, como los salarios de los 240 asociados a la empresa periodística.
Diego Quijano afirma que están buscando un mecanismo para que la Corporación La Prensa pueda seguir operando pese a las restricciones impuestas por el secuestro de los activos. #LaPrensaSecuestradahttps://t.co/0h2B52xIcP
— La Prensa Panamá (@prensacom) July 6, 2020
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“Hoy es La Prensa secuestrada, mañana es un activista ambiental, un periodista independiente, un ciudadano que escribió una columna de opinión”, advirtió Quijano en la conferencia.
Corprensa presentará este lunes una fianza por 1.13 millones de dólares, junto a la petición de levantamiento del secuestro de sus cuentas bancarias y acciones ante el Juzgado.
El presidente de la directiva de Corprensa cuestionó el interés político que existe en esta querella en contra del medio de comunicación, puesto que el proceso estuvo engavetado durante ocho años. La instrucción del Juzgado Civil conoce de la demanda presentada en marzo del 2012 por el expresidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, en la que reclama 5.5 millones de dólares por daños y perjuicios.
“Informamos a la ciudadanía de la amenaza que representa para los derechos humanos las acciones judiciales que se han tomado en contra de la corporación”, afirmó el presidente de Corprensa.
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Caso resurge 8 años después
El congelamiento de las cuentas bancarias buscaría frenar que los periodistas de La Prensa y Mi Diario sigan investigando a los círculos de poder y se envía un mensaje al periodismo que los políticos castigan las investigaciones de corrupción, acciones que se lo facilitan “un sistema judicial permisivo” en contra de los derechos de la libre expresión y de prensa, aseguró Quijano.
La demanda del expresidente Pérez Balladares en contra de la editorial aún está en primera instancia en el Juzgado Decimoquinto Civil de Panamá, y está pendiente que se fije la fecha para la práctica de las pruebas aducidas por las partes. Quijano señaló que eso demuestra que no hay ningún criterio de fondo por parte del tribunal para haber aceptado la solicitud de secuestro financiero y de las acciones de Corprensa solicitado por el exmandatario panameño.
De acuerdo publicaciones periodísticas, el expresidente panameño Pérez Balladares alegó en su demanda que La Prensa sostenía una campaña de desprestigio en su contra desde agosto de 2009, cuando la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada empezó a investigarlo por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
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El proceso de la Fiscalía panameña contra el expresidente Pérez Balladares fue por una concesión a la empresa Lucky Games para la explotación del negocio de las máquinas tragamonedas, por las que el exmandatario recibió dinero de varias sociedades anónimas vinculadas a esa empresa. Pérez Balladares y otros exfuncionarios de su gobierno fueron sobreseídos en 2011.
En un editorial La Prensa denunció las acciones contra ese diario, pero aseguraron que no les van a silenciar. “Este diario, junto a los demás periodistas independientes y un puñado de ciudadanos aguerridos, lucha denodadamente contra los abusos del poder, contra el miserable saqueo al que ha sido sometido este país y contra el inmenso vicio de la codicia. ¡No nos van a callar!”, afirmaron en el editorial publicado el 5 de julio.
El diario denunció en esa publicación, como durante los gobiernos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) han sido constantes las investigaciones de casos de corrupción, que le han valido ataques al periodismo independiente.
La Prensa en su editorial denunció que la víctima la acción judicial obtenida por el expresidente Pérez Balladares es “la sociedad” de Panamá, “a la libertad de información, la que tenemos todos los ciudadanos de estar informados”. “Así hemos llegado a esta encrucijada, en la que la Patria se ha visto atrapada por una pandemian (del Covid-19) mientras es asaltada por una nueva generación de pillos. Y es ahora cuando se vuelven a encontrar las pretensiones de dos expresidentes”, Pérez Balladares y Martinelli, señaló el diario.
Relator de la CIDH ve amenaza a prensa libre
Las acciones judiciales en contra del medio periodístico panameño, quizás el más importante de ese país, ha sido alertadas por el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, como una medida “desproporcionada, con impacto en la libertad de prensa”.
Demanda civil a @prensacom de #Panamá por publicación que involucra a un ex Pte. y persona pública; 8 años después, sin sentencia aún, la justicia ordena inmovilizar fondos del medio como cautelar. Medida desproporcionada con impacto en libertad de prensa https://t.co/MyiwBXjQg1
— Edison Lanza (@EdisonLanza) July 5, 2020
Otros exmandatarios, como Ricardo Martinelli también ha interpuesto 17 demandas civiles contra La Prensa de Panamá, como a los diarios El Siglo, La Estrella y miembros de Radio Panamá por supuesta calumnia e injuria por publicaciones sobre investigaciones del Ministerio Público por supuestos actos de corrupción en su administración.