El Consejo Supremo Electoral (CSE) amplió el período para solicitar la personería jurídica de un nuevo partido político, a través de una Certificación publicada este martes 14 de julio en La Gaceta, diario oficial del Estado de Nicaragua.
Los aspirantes a formar su propio partido político podrán terminar de completar los requisitos para crearlo legalmente hasta junio de 2021, es decir, cinco meses antes de las elecciones de noviembre.
La Certificación 2020 establece: “Ampliar el plazo para la obtención de personalidad jurídica hasta cumplirse todos los requisitos en un máximo de cinco meses antes del día en que se celebren las próximas elecciones de autoridades nacionales el 07 de noviembre del 2021”.
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Ley establece 12 meses antes
Este cambio implica que los magistrados del CSE reformaron de forma unilateral el artículo 77 de la Ley Electoral (Ley 331), que establece que “para la presentación de candidatos, los partidos políticos deberán haber obtenido su personalidad jurídica al menos doce meses antes de la fecha de las elecciones de autoridades nacionales y seis meses para las restantes, e igualmente someterán al Consejo Supremo Electoral una solicitud escrita”.
El CSE da a entender en la Certificación que este cambio ocurre por los efectos de la pandemia del Covid-19, porque el escrito detalla que la pandemia del Covid-19 “ha venido a limitar algunas actividades organizacionales y sociales incluyendo las que conllevan a la certificación de la personería jurídica, requisitos establecido en la ley para participar en los próximos comicios electorales”.
Sin embargo, el jurista José Pallais Arana afirmó que este cambio es ilegal, porque se trata de una reforma unilateral de parte de los magistrados del CSE no pueden hacer porque la Ley 331 (Ley Electoral) es de rango constitucional y tiene que reformarse a través de un proceso de reforma parcial en la Asamblea Nacional.
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Lo que dice la Constitución Política
El artículo 195 de la Constitución Política establece que “la reforma de las leyes constitucionales se realizará de acuerdo al procedimiento establecido para la reforma parcial de la Constitución, con la excepción del requisito de las dos legislaturas”.
El artículo 191 de la Constitución Política establece que “la Asamblea Nacional está facultada para reformar parcialmente la presente Constitución Política y para conocer y resolver sobre la iniciativa de reforma total de la misma. La iniciativa de reforma parcial corresponde al Presidente de la República o a un tercio de los Diputados (61 votos) de la Asamblea Nacional”.
Lo anterior es lo que corresponde para hacer cambios a la Ley Electoral, los cuales solo pueden ser hechos en el poder legislativo y no por los magistrados electorales, como pretenden con la Certificación de este martes que amplía los períodos para inscripciones de personerías jurídicas de partidos políticos.
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CSE sin credibilidad
El CSE es una institución que no tiene credibilidad. La mayoría de los magistrados son militantes del partido gobernante y la estructura electoral es controlada por los simpatizantes del régimen de Daniel Ortega. El poder electoral es usado como verdugo de sus adversarios. Los partidos opositores que han representado un riesgo para Ortega, son intervenidos por el CSE o por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como fue el caso del MRS, PAC, ALN y PLI.
El Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una de las instituciones que fue despojada de su personería jurídica, rechazó la resolución del CSE, por considerarla una institución “subordinada al régimen de los Ortega Murillo, para extender el plazo para la obtención de personalidad jurídica de partidos políticos”.
Extensión de período de solicitud no resuelve crisis en sistema electoral
La Alianza Cívica, organización que forma parte de la Coalición Nacional, señaló que el régimen orteguista sigue sin mostrar interés en realizar reformas profundas en el sistema electoral que brinden la confianza necesaria para la realización de comicios limpios y transparentes.
“La extensión de un período de solicitud de nuevas personerías jurídicas, no constituye, ni resuelve las reformas de fondo al sistema electoral de Nicaragua. Como hemos venido demandando, la recuperación de la confianza del votante, y las garantías ciudadanas para la realización del ejercicio democrático, sí lo son, así como un nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) y observación nacional e internacional de forma irrestricta. Rechazamos la estrategia de la dictadura de no resolver los temas políticos de fondo que ayuden a los nicaragüenses en la búsqueda de soluciones democráticas para salir de la grave crisis de derechos humanos e institucional que atravesamos desde el 2018”, cita un comunicado emitido por la Alianza Cívica.
La organización opositora señaló que es fundamental despatidizar el actual sistema electoral para erradicar el bipartidismo. Así mismo se deben deben cambiar los procedimientos y requisitos para que agrupaciones políticas puedan conformar alianzas electorales.