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CONTENIDO EXCLUSIVO.Organizaciones y personajes opositores rechazaron la medida del Consejo Supremo Electoral (CSE), que amplía el período para solicitar personería jurídica para nuevos partidos políticos. La acción del poder electoral es considerada ilegal, engañosa y una estrategia malévola que busca generar la división entre las organizaciones políticas opositoras que buscan unirse para enfrentar al régimen de Daniel Ortega en unas eventuales elecciones en 2021.
La Certificación 2020 publicada este martes 14 de julio en La Gaceta, diario oficial, cambia el período que tienen las organizaciones políticas para obtener la personería jurídica de un nuevo partido, antes de las próximas elecciones. La resolución del CSE indica que el período pasa de al menos 12 meses, a un máximo de cinco meses antes de las votaciones (previstas el 7 de noviembre de 2021), para completar los requisitos de solicitud de personería jurídica para un nuevo partido político.
Los opositores coincidieron en que este cambio es una acción ilegal, debido a que la Ley Electoral (Ley 331) es de rango constitucional y solo puede ser reformada por iniciativa del Presidente de la República o un tercio de los diputados de la Asamblea Nacional (61 votos), según los artículos 191 y 195 de la Constitución Política.
CSE puso una trampa: nuevos partidos no podrán presentar candidatos
El politólogo José Antonio Peraza aseguró que hay un trasfondo de manipulación detrás de esa resolución del CSE. Peraza explicó que el artículo 77 de la Ley Electoral establece es que los partidos políticos que presenten candidatos para participar en las elecciones, tienen que haber obtenido al menos 12 meses previos a los comicios su personería jurídica. Esto implica que no necesariamente con esta ampliación a un nuevo período de cinco meses, estos nuevos partidos podrán participar en las próximas elecciones.
“Lo que ellos sacan (la Certificación 2020) no elimina el artículo 77 de la Ley Electoral. Como este es un CSE ambiguo a propósito, lo que ellos parece que quieren hacer es que le van a dar personería jurídica a todo el mundo hasta faltando cinco meses, pero posiblemente esos partidos no tengan la posibilidad de presentar candidatos hasta otra elección posterior”, dijo Peraza.
El politólogo dijo que el CSE puso una trampa para los que ambicionan tener su propio partido, lo que podría provocar una fractura entre aquellas organizaciones políticas quienes están en un proceso de unidad opositora.
“Esto va a provocar una profunda división porque va a ver un montón de gente deseosa de eso. Y posiblemente van a empezar a tratar de hacer un cambio en la Ley Electoral para financiar a esos partidos, para que haya un montón de gente viendo cómo se financia”, dijo Peraza.
Luis Fley es uno de los opositores que aspira a crear su propio partido con la organización del movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN). Esta organización está dentro del proceso de unidad opositora de la Coalición Nacional.
El político opositor dijo que su organización ya decidió estar dentro de la Coalición Nacional, desde donde tomarán decisiones en consenso sobre los temas políticos. “Ya la personería para nosotros viene siendo secundario. Ya estamos en la Coalición Nacional y allí tenemos que buscar las casillas para participar en las elecciones”, dijo Fley.
Objetivo primario: Golpear la Coalición Nacional
El jurista José Pallais Arana, también opinó que los magistrados del CSE quieren aparentar apertura para resolver los inconvenientes de las organizaciones que están interesadas en crear su propio partido, pero en realidad es una estrategia para provocar el divisionismo entre los opositores que están en proceso de unidad a través de la Coalición Nacional.
Pallais dijo que la demanda de los opositores organizados es una reforma profunda a la Ley 331 y el cambio de los magistrados, la mayoría de ellos militantes del partido gobernante Frente Sandinist.
“Esto no satisface la demanda que como Coalición Nacional y como sociedad hemos demandado, de que deben darse reformas profundas al sistema electoral”, afirmó Pallais, quien también es parte del proyecto de unidad opositora.
Régimen intenta engañar a comunidad internacional
Félix Maradiaga, político opositor y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (que también es integrante de la Coalición Nacional), opinó que el CSE quiere aparentar que está dando respuesta a la demanda internacional de una reforma electoral verdadera e integral. “Esa resolución es una medida propagandística desesperada de la dictadura, para intentar quitarse la soga del cuello que tienen por la presión internacional. La comunidad internacional ha hablado claro. No se aceptará la legitimidad de ningún gobierno que no surja de elecciones libres”, expresó Maradiaga.
El opositor agregó la resolución del CSE “es jurídicamente nula porque una resolución administrativa no puede reformar la ley electoral”.
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Otro objetivo: Fomentar el “zancudismo” político
Maradiaga dijo además que que la exigencia de la oposición “es de reformas reales en la Ley Electoral, que además del cambio de magistrados, reformen también otros aspectos fundamentales que hoy no permiten unas elecciones libres”.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, calificó la medida del CSE como una “distracción” del régimen orteguista a través del CSE, para “engañar a algunos” y para “crear más partidos zancudos”.
“Esta distracción no debe desenfocar el verdadero objetivo que son reformas electorales, porque de qué sirve tener personería jurídica, si no se te permite expresarte en las calles”, señaló Chamorro.
Chamorro mantuvo que para la Alianza Cívica lo fundamental es “que el pueblo de Nicaragua recupere el derecho y el respeto al voto, a la transparencia del Consejo Supremo Electoral y a la eliminación de los fraudes electorales que ha caracterizado a este sistema por tanto tiempo”, que ha sido la manera en que el Frente Sandinista ha retenido el poder.
Burla a las demanda del país
Cambiar la Ley Electoral a través de una “certificación” además de ilegal, “es una burla a lo que realmente se está demandando”, por cuanto no hay “cambios de requisitos ni voluntades para resolver las personerías”, afirmó Chamorro.
La Alianza Cívica, que también forma parte de la Coalición Nacional, reiteró a través de un comunicado “la demanda de transparencia en el sistema electoral es clave para acabar con los recurrentes fraudes cometidos por la dictadura”.
Entre las exigencias de la Alianza está: cambio de magistrados en el CSE; padrón electoral único; despartidizar los organismos electorales; observación nacional e internacional irrestricta; la transmisión y publicación de datos en tiempo real el mismo día de las elecciones y la reactivación de relaciones entre el Estado de Nicaragua y la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El sector estudiantil de la Alianza Cívica, compuesto por cuatro organizaciones (AUN, MU19A, ME19A y Movimiento UNA), también expresó su rechazo e insistió que la prioridad es resolver la crisis que vive el país desde 2018, mediante reformas electorales profundas, que aseguran elecciones libres y justas.
Diputado Maximino Rodríguez: “Aberración jurídica”
El jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en la Asamblea Nacional, el diputado Maximino Rodríguez, señaló que “la resolución del CSE, es una aberración jurídica” al reclamar que la Ley 331, Ley Electoral, “sólo puede ser reformada de la misma forma que fue aprobada”, es decir, por el Poder Legislativo.
Los magistrados electorales aprovecharon que los diputados están en receso parlamentario para hacer la modificación a la Ley 331, sin tomar en cuenta al Poder Legislativo.
Rodríguez dijo que el artículo 173 de la Constitución no les autoriza a los magistrados del CSE a legislar. “Pretenden engañar a ciertos grupos que deseen acceder a una personalidad jurídica a fin de participar en una eventual elección, pues el artículo 77 de la Ley 331, Ley Electoral, es muy enfática; para poder participar en una elección nacional debes haber accedido un año antes a la personalidad jurídica y seis meses para otras elecciones. De tal suerte que la única forma de exonerarte de ese mandato es reformando la Ley Electoral y sólo la Asamblea Nacional lo puede hacer”, afirmó el legislador.
CSE sin credibilidad
El CSE es una institución que no tiene credibilidad. La mayoría de los magistrados son militantes del partido gobernante y la estructura electoral es controlada por los simpatizantes del régimen de Daniel Ortega. El poder electoral es usado como verdugo de los adversarios políticos de Ortega. Los partidos opositores que han representado un riesgo para Ortega, son intervenidos por el CSE o por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como fue el caso del MRS, PAC, ALN y PLI.
El Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una de las instituciones que fue despojada de su personería jurídica, rechazó la resolución del CSE, por considerarla una institución “subordinada al régimen de los Ortega Murillo”.