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Magistrados en Nicaragua llevan más de 15 meses con cargos vencidos

Los poderes judiciales y electorales son cuestionados por su abierta parcialidad a favor de los intereses del Frente Sandinista de Liberación Nacional

Ha pasado un año y tres meses desde que a magistrados del poder judicial y electoral de Nicaragua se les venció su período como tal en ambas instituciones y siguen operando bajo ilegitimidad. La irregularidad persiste a cuatro meses de convocarse unas eventuales elecciones presidenciales en 2021, según calendarios electorales anteriores.

Ambos poderes han sido altamente cuestionados por sus  irregularidades administrativas y su parcialidad a favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sobre todo el poder judicial, que ha sido utilizado por el régimen como instrumento para castigar a los opositores a raíz de las protestas sociales de abril de 2018.

A los 12 magistrados activos en la Corte Suprema de Justicia y a los siete magistrados propietarios del Consejo Supremo Electoral se les venció su período el 10 de abril de 2019. Los funcionarios se mantienen en los cargos amparados en la reforma arbitraria que hicieron los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional en 2014,  al artículo 130 de la Constitución Política, que cita: “Los funcionarios electos por la Asamblea Nacional continuarán en el ejercicio de su cargo, después del vencimiento de su mandato para el que fueron electos, hasta que sean elegidos y tomen posesión quienes deban sustituirlos de conformidad a la Constitución Política”.

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Antes de la reforma de 2014, la Constitución Política de Nicaragua establecía el período de cinco años para cargos de magistrados. Sin embargo, después de la crisis política del 2010, cuando las fuerzas políticas no lograban acuerdos para nombrar a funcionarios, el presidente Daniel Ortega emitió el decreto número 3-2010 para prorrogar en sus cargos a 29 funcionarios que estaban de facto en sus funciones. Este decreto logró fuerza constitucional en enero de 2014, cuando la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo,  aprobó la reforma parcial ya mencionada a la Constitución Política.

 

En esta foto de archivo del poder judicial de Nicaragua están los 16 magistrados nombrados para este período, incluyendo los dos que ya renunciaron y los dos fallecidos. LAPRENSA/ ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL.

Fallecimientos y renuncias

En la Corte Suprema de Justicia están activos 12 magistrados, de 16 que contempla la Constitución.  Dos han fallecido (Ligia Molina y Antonio Alemán) y dos han renunciado (Rafael Solís y José Adán Guerra). Solís, operador político del sandinismo y uno de los arquitectos de la reelección indefinida para favorecer al dictador Daniel Ortega, renunció al cargo el 10 de enero de 2019 por no estar de acuerdo con las acciones del régimen durante las protestas civiles de 2018. Guerra entregó su cargo el 9 de abril de 2019, reconociendo el vencimiento de su período como magistrado del poder judicial.

De tal manera, que los magistrados activos en la CSJ son: Alba Luz Ramos, Marvin Aguilar, Juana Méndez, Virgilio Gurdián, Armengol Cuadra, Ellen Lewin, Armando Juárez, Gerardo Arce, Ileana Pérez, Francisco Rosales, Yadira Centeno y Manuel Martínez. Estos dos últimos ya están en edad de jubilación, es decir pasan los 75 años que establece la Ley.

En la Corte Suprema también se venció el nombramiento de los ocho conjueces, mientras en el CSE se les venció el cargo a 10 magistrados, entre los siete propietarios y tres suplentes. Los magistrados electorales que se mantienen en el cargo son: Lumberto Campbell (sancionado por Estados Unidos por ser señalado como operador de los fraudes electorales), Emmett Lang Salmerón, Luis Benavides Romero, Judith Silva Jaen, Mayra Salinas Uriarte, Norma Moreno Silva y Virginia Molina.

El único caso de retiro es de Roberto Rivas Reyes, quien renunció en 2018 alegando motivos de salud. Rivas Reyes también está sancionado por Estados Unidos señalado de delitos de fraude y corrupción, bajo la denominada Ley Global Magnitsky.

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Magistrados mantienen su lealtad a la dictadura

Ante el vencimiento del período, miembros de la oposición consideran que el cambio en ambos poderes debe ser total para recuperar la credibilidad que han perdido, pero no existe voluntad política.

Al respecto, el exdiputado José Pallais expresó: “No hay voluntad política para nombrar a nuevos magistrados ni para discutir las reformas a la Ley Electoral. Esto provoca que la crisis sociopolítica se prolongue y todo el pueblo sufra las consecuencias,  incluyendo a los orteguistas”.

Para el exdiputado Eliseo Núñez, mientras se da la discusión de las reformas electorales y el nombramiento de magistrados, el poder electoral debería de trabajar otros aspectos importantes, a como es la depuración del Padrón Electoral, sobre todo ahora que tanta gente  ha fallecido por el Covid-19.

“Hay cosas que deben irse haciendo, como la depuración del padrón electoral la cual debe iniciar este mes para tener más calidad, porque si lo hacés a la carrera te llevará más recursos y los resultados no serán de calidad. Sobre las fechas de convocatoria estas pueden cambiar porque en la ley no están específicas”, dijo Núñez.

Justicia va de la mano del poder electoral

Para el exmagistrado Rafael Solís el tema de la justicia va de la mano con el tema electoral, ya que la Corte Suprema de Justicia resuelve temas electorales y a través de sentencias puede eliminar partidos políticos, a como hicieron con el Partido Liberal Independiente (PLI) en 2016.

“La Corte tiene facultades para quitar o no personería jurídica de los partidos políticos, porque resuelve recursos por inconstitucionalidad y tendría poder sobre la nueva Ley Electoral que se apruebe”, reiteró Solís, quien está exiliado en Costa Rica, después de su renuncia en enero pasado.

 

 

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