El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) , José Adán Aguerri rechazó la decisión del Ministerio de Salud de establecer un cobro de 150 dólares (equivalentes a unos 5,235 córdobas al tipo de cambio actual) para la realización de una prueba de Covid-19 a nacionales que busquen viajar y que necesiten un certificado negativo de contagio de este virus. El sector privado califica de impuesto de salida dicha tarifa y advirtió que detrás de la medida hay una sed recaudatoria a toda costa.
Aguerri planteó que es contradictorio que el Estado cobre por un servicio cuyos insumos fueron adquiridos con los impuestos de los nicaragüenses y recordó que actualmente la vacuna de la fiebre amarilla es gratuita en el Ministerio de Salud, precisamente porque se compra con los recursos de los contribuyentes.
“En un país con la inequidad que tiene Nicaragua no es correcto cobrar por una prueba que en todo caso está siendo obtenida con los fondos del estado que vienen de los impuestos de los nicaragüenses. Para las personas de escasos recursos en una situación económica en caída, con niveles de desempleo en crecimiento y con menos ingresos en los hogares, se les va a hacer muy difícil poder pagar este nuevo ‘impuesto de salida’”, dijo Aguerri.
Y agregó: “La vacuna de fiebre amarilla, por ejemplo, que es un requisito para entrar en algunos países del mundo no tiene costo alguno para la población lo cual es correcto”. Para Aguerri la medida del Minsa muestra un interés claro de recaudar. “Esto evidencia una vez más lo que hemos venido señalando acerca de la prioridad recaudatoria a cualquier costo que tienen las autoridades en una situación de caída tributaria por la crisis sociopolítica y la falta de respuesta a la misma que ahora se ha agravado con la llegada de la pandemia y el manejo de la misma”.
El Ministerio de Salud anunció este viernes a través de una circular que a partir de ahora el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR) realizará las pruebas de Covid-19 a las personas que viajen a otros países donde les soliciten un certificado de este tipo y para lo cual estableció un cobro, equivalente casi a un salario mínimo de la industria manufacturera que actualmente asciende a 5,763 córdobas.
Para ello, el viajero debe presentar identificación (cédula o pasaporte), llevar pasaje o itinerario de vuelo y presentar comprobante de pago o bien pagar en efectivo, un requisito similar al que se exige para la vacuna de fiebre amarilla, con excepción del cobro pues esta es gratis.
Aguerri recordó que “en la región centroamericana estos exámenes en el sector público son gratuitos”. También el presidente de Cosep explicó “que no hay que confundir entre la realización de una prueba cobrada para alguien que va a salir de viaje y la realización de una prueba a alguien que está siendo atendido por las autoridades de salud. Esperemos que en el segundo caso no se cobre este tipo de pruebas”.
El líder empresarial reiteró que como sector “han venido pidiendo la liberalización de estas pruebas para el sector privado y lo que hemos manifestado es que aquellas personas que si las puedan pagar tengan esa opción y así no se afecte a las personas que no tienen recursos al reducirse la disponibilidad de pruebas para este segmento de la población”.
Hasta ahora el régimen ha respondido con silencio ha dicha petición del sector privado, pero en una comparecencia el 31 de marzo, el presidente del INSS, Roberto López, dejó entrever que el Gobierno no iba a emitir ese permiso a hospitales y clínicas privadas, aduciendo que solo el Estado tiene el laboratorio adecuado y avalado por la Organización Panamericana de Salud, pese a que esta misma entidad ha insistido en la masificación de la aplicación de estas pruebas.
Gobierno le va dando forma a su nuevo negocio
El anuncio del Ministerio de Salud coincide con el pedido de 100 mil pruebas que el Gobierno pretende comprar y que hasta ahora no se ha explicado cómo se aplicará. Precisamente el miércoles, el Cosep pidió al régimen que fuera claro sobre cuál iba a ser el destino de estas pruebas y a que además se entregaran los certificados de los resultados de los mismos.
“Queremos que haya transparencia en el mecanismo de cómo se van a utilizar estas pruebas, dónde van a estar disponibles, que se entreguen los resultados por escrito, no que te llamen y te digan que saliste negativo o positivo, que te entreguen un examen por escrito”, dijo Aguerri el pasado miércoles, quien señaló que es necesario que se cumpla con ese procedimiento en la entrega de información tomando en cuenta que Nicaragua ahora pedirá a los viajeros un certificado de este tipo y es muy probable que otros países, como medida de reciprocidad, también soliciten lo mismo a los nacionales en el exterior.
Tras conocerse la nueva medida del Gobierno, este viernes Aguerri afirmó que “con esta medida de cobro para los viajeros en general están desafortunadamente no solo afectando y reduciendo las disponibilidades sino que están afectando doblemente a los que menos tienen al encarecer con este nuevo cobro hace su posibilidad de viajar”.