En el contexto de dos años de represión gubernamental contra los ciudadanos desde que se desató la crisis sociopolítica en 2018, se han registrado 10,360 incidentes de violaciones a los derechos humanos y violencia política como detenciones arbitrarias, hostigamiento, amenazas, violaciones, asesinatos, torturas entre otros, siendo los principales agresores la Policía Orteguista (PO) y grupos parapoliciales que responden a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Esa es la situación documentada por el Monitoreo Azul y Blanco, una nueva plataforma de un equipo interdisciplinario de personas, organizaciones defensoras de derechos humanos de Nicaragua, entre estas el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), así como organismos de redes territoriales, activistas en redes sociales, organizaciones de familiares de personas presas políticas y personas excarceladas.
La documentación presentada este 21 de julio es sobre los actos de represión por parte de las fuerzas del régimen contra los nicaragüenses entre el 4 de Julio del 2018 y lo que va del 2020, tras el inicio de las protestas sociales en Abril del 2018.
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El objetivo es elaborar una memoria sobre los crímenes de la dictadura para que no sean olvidados, pero también que sirvan de pruebas para futuros casos de juicios que las víctimas o familiares de asesinados decidan emprender en contra de los responsables.
Los datos reflejan que a diario en Nicaragua se cometen un promedio de 14 incidentes de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión gubernamental, hechos que el colectivo luego informa a organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La represión nunca ha cesado, sin embargo, es cíclica y se acentúa en fechas claves”, afirma el Monitoreo Azul y Blanco. En la caracterización sobre la represión que existe en el país se mencionó que si bien las detenciones, agresiones y amenazas han sido las más usadas por la dictadura, 5,600 reportadas en el período documentado, esto ha variado. El hostigamiento contra opositores, víctimas y sus familiares, así como defensores de derechos humanos es la forma represiva más recurrente utilizada por los grupos de choque y la PO desde el segundo semestre de 2019.
Durante la presentación del Monitoreo Azul y Blanco varios de sus miembros no se identificaron, según explicaron, debido al riesgo de sufrir acoso por parte de la PO o simpatizantes orteguistas, especialmente en las localidades en la zona rural. donde se mueven para obtener la información sobre los actos de irrespeto a los derechos humanos que se presentan.
>”Se han logrado documentar desde julio del 2018 un total de 435 muertes, sin embargo por la complejidad del contexto en que sucedieron, necesitamos seguir los procesos de confirmación de los mismo”, señalaron los activistas.
Se hizo énfasis en la importancia de tener registrado cada acto de agresión política y a los derechos humanos, pero sobretodo de que haya voluntad política para “romper los ciclos y lograr la justicia y que esa justicia nunca sea pactada”.
En el análisis presentado se indicó que las agresiones por parte de la PO y los parapolicías incrementan en fechas claves, como sucedió el pasado 19 de julio en que el régimen conmemoró los 41 años de la revolución sandinista. Ese día Abner Onell Pineda Castellón, un simpatizante sandinista y supuesto trabajador de la Alcaldía de La Trinidad, Estelí, supuestamente asesinó al opositor Jorge Luis Rugama Rizo.
Familiares de la víctima aseguran que al pasar la caravana orteguista, Rugama les gritó consignas, entre estas “¡Viva Nicaragua libre”. El señalado del crimen, Pineda Castellón, era parte de la caravana orteguista.
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Riesgo es mayor en el campo
Las denuncias de violencias políticas si bien son a nivel nacional, el Monitoreo Azul y Blanco resaltó que desde el 2018 “la probabilidad de ser asesinado en el Norte del país aumentó un 17 por ciento”. “Los asesinatos políticos se han desplazado de ser un fenómeno urbano a la parte rural”, señalaron los promotores de derechos humanos.
Antonia Urrejola, segunda vicepresidenta de la CIDH y relatora para Nicaragua, valoró que la alianza que tienen con lla sociedad civil “ha sido fundamental” para que ese organismo pueda dar seguimiento y conocer con más certidumbre el patrón de represión que existe, trabajo que la CIDH se le dificulta debido a que la dictadura los expulsó en diciembre del 2018, luego del informe demoledor en que se responsabiliza de crímenes de lesa humanidad al régimen.
Entre las recomendaciones que hizo Urrejola al equipo del Monitoreo Azul y Blanco que en la construcción de la memoria es importante que los perfiles de agresiones que se reporten, “encajen en los conceptos de derechos humanos” a fin de que puedan ser considerados por parte de los organismos internacionales que dan seguimiento a la crisis sociopolítica de Nicaragua.