El gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) ha intensificado en los últimos días la presión a la dictadura de Daniel Ortega, para que haga reformas electorales creíbles ahora y elecciones libres y competitivas en noviembre del próximo año.
Representantes de alto nivel de EE.UU. han dicho que no tienen interés en promover un cambio de gobierno en Nicaragua antes de las elecciones de noviembre del año venidero. Pero sí que esas elecciones sean libres y limpias.
La política de EE.UU. hacia Nicaragua ahora no es igual a la que ejecutaba la administración del presidente Ronald Reagan, en los años ochenta, contra la primera dictadura sandinista. Las circunstancias históricas han cambiado mucho, la situación actual es muy diferente.
El presidente Reagan sí quería derrocar a la dictadura de aquella época. No por los programas sociales y cambios económicos en favor de los pobres que decían los comandantes sandinistas que querían impulsar, sino porque no cumplieron los compromisos que aceptaron antes de tomar el poder. Ellos se comprometieron a impulsar la creación de un Estado democrático de derecho, convocar tan pronto como fuese posible a elecciones libres pluralistas, no asociarse al bloque soviético y no inmiscuirse en El Salvador para apoyar a las guerrillas comunistas, que luchaban para tomar el poder por medio de la violencia armada. Pero no cumplieron nada de eso.
Ahora, en la nueva situación creada en el mundo y en las Américas, el objetivo de EE.UU. en Nicaragua —según dicen sus voceros más autorizados— es que Ortega cumpla las normas y los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana, que son obligatorios para todos los Estados miembros de la OEA; que respete plenamente los derechos humanos; que ponga en libertad a todos los presos políticos; que restablezca las garantías constitucionales y permita elecciones libres y limpias, observadas internacionalmente.
Esta posición ha sido reafirmada en la presente semana por dos prominentes miembros del gobierno estadounidense. Primero, el embajador Carlos Trujillo, quien ha sido nominado al cargo de subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó este martes 21 de julio ante el Senado que debe ratificarlo:
“Incrementamos la presión diplomática e incrementaron las sanciones contra el régimen de Ortega, sus opresores y los facilitadores corruptos para presionar que haya elecciones libres y justas”.
Al día siguiente, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Jon Piechowsky, informó que EE.UU. está trabajando con la OEA y socios internacionales en apoyo a las reformas electorales que son necesarias para que en Nicaragua haya elecciones libres y justas, en noviembre de 2021.
Esas presiones no debería ser necesarias. Hacer lo que pide EE.UU. es obligación de Daniel Ortega, como jefe de un Estado miembro de la OEA. Inclusive está en la Constitución de Nicaragua. Pero él es un dictador absolutista que no respeta la ley y por eso hay que presionarlo, dentro del país y desde el exterior.