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CONTENIDO EXCLUSIVO.Nicaragua enfrenta desde hace más de cuatro meses la pandemia del Covid-19 y los focos de atención están puestos en el drama humano que provoca un virus de este tipo. A algunos pacientes apenas los araña y a otros los lleva a la tumba en cuestión de días. Esto deja poca atención a otras epidemias que el país padece, como el aumento de delitos relacionados con robos a mano armada, asaltos con violencia y asesinatos.
Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad, explica que tal como se anticipó en análisis previos, la violencia e inseguridad por razones políticas se está extendiendo y agravando al ámbito de la delincuencia común. Reflejo de ello son los reportes periodísticos del Diario LA PRENSA; en lo que va de julio al menos en cuatro casos las víctimas fueron asaltadas y heridas de bala.
La liberación de los presos comunes, el incremento del desempleo, tanto formal como informal, la impunidad de la crisis sociopolítica de 2018 y la aparición del Covid-19 que ha dejado, además de luto y dolor, pobreza y mayor desigualdad social, explican el resurgimiento del delito común en todas partes, valora el sociólogo Oscar René Vargas.
Caminar por las calles del otrora “país más seguro de Centroamérica” puede resultar angustiante en el contexto actual. Hombres en moto pueden aparecerse, intimidar y robar o irrumpir armados en tiendas de conveniencia y asaltar el local y a sus clientes. En los mercados la situación no es tan diferente. Luisa Rojas fue asaltada el jueves pasado en el Oriental, era mediodía y caminaba con compras en cada mano junto a un amigo, mientras pasaba por una de las angostísimas calles yendo hacia el sector del Gancho de Caminos, sintió que dos dedos extrajeron de entre su ropa interior y la parte trasera de su pantalón su celular. Solo alcanzó a ver cuando un hombre se lo lanzaba a otro y huían por confines que solo ellos conocen.
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Rojas conoce muy bien el Oriental y sabe que no es un lugar ciento por ciento seguro, pero en su última visita percibió que la inseguridad ha incrementado. Pero esta percepción no solo corresponde a Rojas por haber sido víctima de un delito, sino que es una cuestión generalizada que los expertos atribuyen a un cóctel de factores que ha producido el aumento de delitos, y peor aún se podría agudizar, explica el sociólogo Oscar René Vargas. Asimismo considera que el uso generalizado de la mascarilla, como medida de protección de contagio, puede facilitar que los delincuentes se camuflen más entre la población.
Elvira Cuadra sostiene que las diferentes encuestas de opinión que se han realizado durante los últimos dos años revelan que las personas se sienten más inseguras en Nicaragua a causa de dos situaciones: la violencia política y la delincuencia común.
Explica que las razones de este cambio en el escenario de la seguridad y en las percepciones de la gente están relacionadas con varios factores: el hecho de que la Policía ahora se dedica más a la represión que a sus funciones institucionales; la existencia e impunidad de los grupos paramilitares; la liberación de miles de detenidos por delitos comunes y el discurso de criminalización y odio que mantiene el Gobierno.
¿Qué pasa en los mercados?
Los robos a mano armada son parte de la rutina en los mercados Oriental, Roberto Huembes e Israel Lewites, mientras las autoridades están ausentes. Los comerciantes ahora no solo trabajan con la incertidumbre que provoca el Covid-19, sino también con el temor de ser asaltados y hasta asesinados en cualquier momento. En el Oriental la semana pasada una bala le quitó la vida a una comerciante de este centro de compras, el proyectil fue disparado por otro vendedor que se defendía de dos delincuentes que pretendían robarle.
En el Israel Lewites, dos ciudadanos resultaron baleados luego que dos delincuentes a bordo de motocicletas los asaltaron. El Huembes no ha sido la excepción, a pesar que este centro de compras aparenta ser seguro, los comerciantes reportan que han ocurrido varios robos en los parqueos.
“La semana pasada dejaron a una señora sin su celular, venía saliendo del banco y se le llevaron más de 150 dólares, nadie se mete porque los delincuentes andan armados, afortunadamente no le quitaron lo más importante que es su vida”, indica Sergio Guzmán, comerciante.
Después de ser víctima de robo, Luisa Rojas fue a la estación policial cercana, donde la mandaron a otra estación, a la que supuestamente sí le correspondía atender el caso. La subieron a una patrulla y trataron de localizar el teléfono. Durante el tiempo que la Policía hizo su trabajo y recorrió con Rojas el sector por donde se supone estaba el teléfono, tuvo que pagar 200 córdobas en concepto de gasto de gasolina. Después de trámites y horas de espera, finalmente el teléfono se lo entregó otra persona, pero sin memoria ni protector y el supuesto delincuente fue dejado en libertad. Pero pese a que Rojas obtuvo una respuesta a medias de la institución policial, asegura estar agradecida porque al menos no la dejaron sola, cuenta como consuelo.
Vigilantes desertan
En el Oriental, donde antes se veía a grupos de vigilantes, ahora son plazas vacías porque muchos ha desertado. Aducen que el pago no les alcanza para mantener a sus familias y el riesgo es muy alto. El corazón del comercio se extiende por más de 140 manzanas de tierra y para cubrirlo hay alrededor de 12 grupos de seguridad privados, unos 150 hombres.
“No damos abasto, antes éramos más de 300, nos colocábamos en los puntos más vulnerables, otros se encargaban de hacer rondines, el nivel de delincuencia bajó, pero ahora es más complicado, algunos comerciantes se niegan a apoyar y necesitamos comer”, dice Francisco López, uno de los que se encarga de la seguridad.
Los comerciantes en múltiples ocasiones han solicitado a la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema) que se coordinen con la Policía para que permanezcan en la zona, pero hacen caso omiso. “Solo cuando son fechas festivas se comprometen a venir, necesitamos que estén fijos, es el trabajo de ellos, velar por nuestra seguridad, no solo por la de la familia presidencial”, dice Ivonne Martínez.
Liberación de presos comunes
Desde enero de 2018 hasta febrero de 2020 más de nueve mil presos comunes han salido de diferentes cárceles del país. Esta ha sido una pieza en el rompecabezas que tanto Cuadra como Vargas señalan que han conducido a que el país se enfrente a mayor inseguridad ciudadana.
Además del acto proselitista de agradecimiento a la pareja dictatorial por recuperar la libertad a los que son sometidos los excarcelados comunes, el régimen orteguista no menciona cómo estas personas se han reinsertado socialmente, en un país sacudido por una crisis sociopolítica y, ahora, una emergencia sanitaria.
Al respecto el investigador social Mario Sánchez sostiene que no se conoce bajo qué criterios se está liberando a esta población carcelaria, si hay evaluaciones, acompañamiento y apoyo por parte del Estado.
Gobierno con cuota de culpa en inseguridad ciudadana
Cuadra difiere que haya una relación causa-efecto de la pobreza o desempleo con respecto a los índices de criminalidad. Explica que antes de 2018 Nicaragua ya era un país pobre, sin embargo la delincuencia y la violencia aunque tenían una tendencia al incremento, igual que en el resto del mundo, no presentaban las mismas características que países vecinos, para dar un ejemplo.
Aunque es cierto que en situaciones de anomia social o falta de normas es posible un incremento de la violencia e inseguridad, “en Nicaragua hay una gran responsabilidad del Gobierno y las instituciones públicas en el incremento de la inseguridad y la violencia”, señala Cuadra.
Desde el 2018 la Policía pasó a ser considerada como un brazo ejecutor del régimen orteguista, enfocado en asediar a grupos opositores y castigar a todo aquel que se atreviera a transgredir lo impuesto por Ortega, como marchas, piquetes o reuniones.
Una Policía ausente
La Policía no está cumpliendo las funciones que tiene encomendadas y establecidas en la ley porque está enfocada en las actividades de represión. Para mejorar las condiciones de seguridad y disminuir la violencia se requiere fundamentalmente una voluntad gubernamental, que en Nicaragua no existe en este momento, de manera que esta situación se va a mantener y es probable que incluso se agrave, indica Cuadra.
En este engranaje, Sánchez señala la pérdida de confianza por parte de la población en la institución policial, a la que antes se recurría sin pensarlo. “Se ha derrumbado a los mínimos la tasa de denuncia, lo que abona al círculo de la criminalidad, dado que baja el conocimiento de los patrones de delincuencia”, indica el especialista.
El sociólogo Cirilo Otero es directo: “La Policía no existe en este país”, haciendo referencia a que el cuerpo de fuerza pública está dedicado a la seguridad de la élite gobernante. Se enfocan en obedecer para la represión y cuidar los intereses del Gobierno y su círculo cercano. “Aquí no hay Policía para atender las necesidades de la ciudadanía, no hay”, expresó.