Se mantiene la presión contra Ortega-Murillo

En el pasado, la presión internacional sostenida resultó clave para detener las masivas y gravísimas violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Daniel Ortega. Recientes pronunciamientos en Ginebra revelan que la comunidad internacional sigue de cerca la situación en Nicaragua y continuará monitoreando el estado de los derechos humanos en el país. La presión internacional es indispensable para exigir que los responsables eventualmente rindan cuentas por sus crímenes.

El 2 de julio, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su preocupación por los abusos que el régimen continúa cometiendo. El 19 de junio, el Consejo de Derechos Humanos, tras manifestar su consternación por la persistencia de denuncias de graves abusos, emitió una resolución en la cual renovó el mandato de la alta comisionada para continuar evaluando la situación en Nicaragua.

Bachelet ha informado previamente sobre la brutal represión por parte del gobierno de Ortega durante las protestas sociales que, desde abril de 2018, dejó un saldo de 328 personas muertas y casi 2,000 heridos, además de cientos de detenciones. Human Rights Watch documentó, en ese entonces, casos de uso de la fuerza en las calles, abusos contra detenidos, que en algunos casos constituyeron tortura, y represalias contra profesionales médicos que atendieron a víctimas. Gran parte de estos abusos fueron cometidos por agentes de la Policía Nacional o grupos armados partidarios del gobierno.

La impunidad por estos crímenes ha sido absoluta. La oficina de Bachelet y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvieron una fuerte presencia en Nicaragua durante la represión, hasta que Ortega los expulsó en represalia por sus críticas al gobierno, tras documentar centenares de abusos.

Las medidas de seguimiento y denuncia, como las que exigió el Consejo de Derechos Humanos el mes pasado, junto con las sanciones dirigidas a altos funcionarios responsables por los abusos, han intensificado el aislamiento internacional de Ortega y han conseguido que hiciera algunas concesiones. En 2019, el incremento de la presión internacional, particularmente aquella ejercida por la Organización de los Estados Americanos, así como el interés de Ortega en que se levantaran las sanciones de EE. UU. y Canadá contra sus colaboradores y familiares, lo impulsaron a liberar a cientos de personas que habían sido detenidas durante la represión. Este año, la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza también impusieron sanciones contra funcionarios del gobierno. En mayo y julio, Estados Unidos impuso otra ronda de sanciones.

Sin embargo, el gobierno sigue arremetiendo contra opositores y continúa deteniendo arbitrariamente a manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos. Según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, 86 personas seguían arbitrariamente encarceladas al 4 de mayo, incluidas algunas que fueron detenidas durante la represión de 2018. En 2018, las autoridades despidieron a 465 profesionales de la salud que atendieron a víctimas de la violencia estatal. En el transcurso de este año, han despedido al menos a 21 profesionales de la salud por expresar su preocupación por el manejo de la pandemia. Más de 100,000 nicaragüenses, incluidos al menos 90 periodistas, han huido de Nicaragua desde el comienzo de la crisis.

La resolución del Consejo de Derechos Humanos señala, además, que la celebración de “elecciones libres, justas, transparentes y creíbles” es esencial para “encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis de derechos humanos en Nicaragua”. Aunque hay elecciones programadas para 2021, hasta el momento, las autoridades no han mostrado ninguna intención que vayan a ser justas o libres.

Desde que asumió el poder en 2007, Ortega ha logrado desmantelar todos los controles institucionales al ejecutivo.

El Consejo Supremo Electoral, compuesto por miembros leales a Ortega, ha excluido a partidos políticos y destituido a legisladores de la oposición. Una organización de observación electoral reportó innumerables irregularidades en comicios anteriores, como la escandalosa inclusión en los padrones electorales de nombres de personas fallecidas.

Ortega no ha permitido observadores internacionales en las elecciones.

Para evitar que estos abusos continúen, y en un contexto en el cual no existen instituciones en pie que le pongan freno al poder ejecutivo, es fundamental que se mantenga y refuerce la presión desde el exterior, incluso ampliando las sanciones internacionales a funcionarios abusivos. En Ginebra, la comunidad internacional envió un mensaje contundente de que estará vigilando atentamente la situación de los derechos humanos en Nicaragua; Ortega no debería ignorarlo.

El autor es director para las Américas de Human Rights Watch.

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