La junta directiva de la Asamblea Nacional, en su mayoría orteguista, suspendió el receso parlamentario de medio año, por lo que los diputados retomaron los trabajos en las comisiones permanentes, todo para forzar la apariencia de “normalidad” ante la presión de los trabajadores de que, durante el receso de un mes, se suspendieran las labores administrativas y el resto de funciones por el alto contagio del nuevo coronavirus Covid-19 que hay en esa institución.
Jimmy Blandón, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), refirió que si “hubiesen temas urgentes” que discutir en la Asamblea sería justificable que siguieran las comisiones y las plenarias, sin embargo “para lo que nos han convocado ha sido sin transcendencia, bien podían esperar a que pase la pandemia”, dijo.
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Las revisiones de las leyes de los digestos jurídicos, que son las compilaciones de las leyes derogadas y las vigentes de los distintos temas, es lo que están viendo en las comisiones permanentes. Eso es porque la dictadura no les ha mandado leyes que aprobar. Por el control del régimen de Daniel Ortega del poder legislativo, donde 70 diputados son del FSLN, de los 91 en total, ese órgano trabaja en función de aprobarles las leyes de interés del dictador.
No respetan medidas de prevención
Las reuniones de las comisiones permanentes se realizan sin cumplir las recomendaciones para prevenir el contagio del virus, sobre todo de los orteguistas, ya que la mayoría no usan mascarillas y tampoco guardan la distancia de más de un metro entre las personas. Así lo evidencian los videos y fotografías publicadas en la web de la Asamblea sobre las actividades desarrolladas la semana pasada.
Por ejemplo, el 23 de julio las presidentas de las comisiones de Salud, Argentina Parajón; del Mediambiente, Arling Alonso, y la primera vicepresidenta de la Asamblea, Maritza Espinales, se reunieron con funcionarios del Consejo Interuniversitario para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ciussan), pero ninguna de esas diputadas ni los invitados usaban mascarillas y además estaban sentados a poca distancia entre ellos, en un salón con aire acondicionado donde había más de doce personas.
Tampoco se respetó la distancia entre las personas y ninguna usó tapabocas en la reunión que Espinales, Alonso y la presidenta de la Comisión de la Mujer, Irma Dávila, sostuvieron el 24 de julio pasado con varias de sus homólogas del Congreso de México, en que hablaron de los supuestos avances en los temas de igualdad y equidad de género en ambos países. Aunque la conversación con las congresistas mexicanas fue de forma virtual, las tres orteguistas nicaragüenses estuvieron en un mismo salón donde normalmente son las comisiones de la Asamblea, y ni ellas ni sus asistentes tomaron las medidas necesarias para evitar contagiarse del Covid-19.
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Espinales es de las pocas diputadas que se ha resistido a usar tapabocas u otra medida ante el coronavirus durante las sesiones en el hemiciclo y en las comisiones permanentes. Es una actitud contraria a la mayoría de sus colegas de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ya que, al menos en el plenario, usan mascarillas a pesar de que en los primeros dos meses de que se confirmara la pandemia en el país se resistían a utilizarla.
Blandón refirió en particular en la Comisión de Infraestructura, donde es miembro, que han revisado el digesto de las leyes del sector energético y el de transporte. Aseguró que al menos en esa Comisión “cuando nos reunimos tomamos las protecciones necesarias”, al ser en salones más grandes que permiten la separación de más de un metro entre las personas, y todos los asistentes utilizan tapabocas.
Unos cuatro trabajadores parlamentarios han fallecido debido al Covid-19. También tres diputadas del FSLN han muerto por problemas respiratorios en el contexto de la pandemia, aunque oficialmente el partido rojo y negro no lo ha reconocido públicamente. Más de diez diputados de las filas del FSLN se han enfermado, así como un suplente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), pero el mayor contagio con el nuevo coronavirus ha sido entre el personal administrativo y de otras áreas de la Asamblea.
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Debido a que el parlamento nacional es considerado un foco de contagio del coronavirus, el personal ha presionado a través de los sindicatos para que los directivos adopten planes de prevención entre los que se contemplaba flexibilizar los horarios de trabajo, suspender labores durante el mes del receso de medio año, así como rotar a los trabajadores para reducir la aglomeración de personas. En el poder legislativo trabajan casi 700 personas, según el Presupuesto 2020.
Sin embargo el sancionado presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, no reconoce la exposición al virus en esa institución y fuerza al personal a trabajar en “normalidad”. Porras fue sancionado por Estados Unidos y Canadá por violación a los derechos humanos, por su participación en la represión del régimen a las manifestaciones ciudadanas desde abril del 2018.