María Haydée Osuna presentó un escrito en el Consejo Supremo Electoral (CSE) en el que se atribuye ser la representante legal y presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) por el período 2018 al 2023, por lo que solicitó a los magistrados “rechace, no admita y no inscriba” ante esa entidad, a los directivos designados por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) arnoldista. Esto implica una nueva fase en la litis interna por el control del partido rojo.
La carta firmada por Osuma se introdujo a las 9:00 de la mañana de este 27 de julio, tres horas antes de que Miguel Rosales junto a otros de los directivos designados sin haberse realizado las elecciones partidarias, se presentaran en la Dirección General de Atención a Partidos Políticos del CSE, ubicado en el sector de Las Palmas, Managua, a inscribir a nuevas autoridades nacionales, departamentales, regionales, municipales y distritales.
Osuna expone en el escrito que fue facilitado a LA PRENSA, que “la única representante legal del PLC acreditada ante el CSE es mí persona y solo a través de mí persona, se pueden hacer llegar documentos al CSE”.
Según la política y también diputada liberal, el estatuto de su organización, en el artículo 45, establece entre las funciones del presidente nacional “representar oficial y legalmente al partido en toda clase de actos y ante personas naturales”, por lo que es a quien le corresponde inscribir a las nuevas autoridades del PLC ante el Poder Electoral, alegando que lo actuado por Rosales y demás miembros del CEN arnoldista sería una violación de funciones.
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“Cualquier otra persona que intente inscribir a las supuestas nuevas autoridades electas no está facultada para hacerlo, por lo que está cometiendo un delito de usurpación de funciones públicas”, contemplado en el artículo 296, “de la Ley 641 del Código Penal” de Nicaragua, advierte Osuna en su carta a los magistrados electorales.
Magistrados no resuelve litis
La litis en el partido rojo inició con la decisión de los arnoldistas en el CEN de suspender las elecciones internas para nombrar a todas las autoridades, argumentando que debido a la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 no habían condiciones para realizarlas.
Sin embargo, Rosales, el caudillo del PLC, Arnoldo Alemán y a su esposa María Fernanda Flores de Alemán, y otros fieles a la pareja, decidieron una reestructuración de los cargos que implicó la destitución de Osuna como presidenta nacional alegando que cumplió su período, al ser recortado por la convención nacional del 2019.
Pero la decisión de los convencionales el año pasado fue recortar el período a todos los del CEN. Sin embargo, los arnoldistas aplicaron a conveniencia ese resolución reeligiéndose en los puestos, nombraron a nuevas juntas directivas a nivel nacional y decidiendo que hasta en 2023 habrán elecciones partidarias.
El grupo de miembros del partido rojo inconformes con la reestructuración presentaron recursos de impugnación y de inaplicabilidad ante la Dirección General de Atención de Partidos Políticos del CSE, donde argumentan que los arnoldistas violaron los estatutos de la organización política. Los magistrados no muestran interés de querer resolver pronto la litis del PLC, porque los recursos se presentaron hace más de un mes y los funcionarios no se han pronunciado.
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Alejandro Hurtado y Valmore Valladares, dos de los directivos que impulsan las acciones legales, dijeron, por separado, que al vencerse el plazo de treinta días para que CSE se pronunciase sobre los recursos de impugnación hay un silencio administrativo que, según los políticos, implica que se le da la razón al bando de los inconformes.
“La Ley establece que mientras no resuelva el Consejo Supremo Electoral los recursos que introducimos, no puede darle trámite a solicitud de inscripciones de nuevos directivos. El Consejo está obligado a rechazar cualquier inscripción que presentó Miguel Rosales, porque no se ha terminado de resolver las impugnaciones”, afirmó Hurtado, quien fue suspendido como fiscal nacional del PLC por haber hablado mal de María Fernanda Flores en unas llamadas telefónicas que fueron grabadas.
Osuna en su escrito a Julio Acuña, director de Atención a Partidos Políticos, hace ver que existe la litis en el Partido Liberal Constitucionalista pendiente de resolución por parte del CSE. “Por lo que la legalidad de las supuestas nuevas autoridades electas está en duda, por las irregularidades y violaciones constantes y recurrentes a los estatutos, cometidas por el Comité Ejecutivo Nacional”, señaló Osuna.
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Rosales y Flores presentaron inscripción
Miguel Rosales, María Fernanda Flores de Alemán y Martha McCoy fueron a las 12:00 del medio día de este 27 de julio a la sede de la Dirección de Atención de Partidos Políticos a entregar las actas de reestructuración de los directivos del PLC del país. Rosales refirió que acompañaron con la “firma de respaldo de 844 convencionales que es una muestra contundente sobre la ratificación de todo lo actuado por las autoridades nacionales del partido”.
El objetivo, según Rosales, es que “el Consejo registre estas nuevas autoridades y les de la debida actuación y se haga la debida actualización correspondiente de acuerdo a la ley de la materia”, que implicaría que se les acredite legalmente a él como presidente nacional del PLC, como al resto de directivos.
Previo a ir al CSE, Rosales, Flores de Alemán y el caudillo Arnoldo Alemán, quien es presidente honorario del partido rojo, se reunieron con un grupo de directivos que el CEN designó, en la sede nacional del PLC en Managua. En este encuentro los hicieron firmar las actas en las que reconocían como legal la reestructuración.
Rosales siguió alegando que las asambleas partidarias no fueron posibles por la pandemia del Covid-19, no dudaron en reunir a más de treinta personas en un salón pequeño, aunque los presentes usaban mascarillas.
Rosales luego dio conferencia de prensa insistiendo en que la reestructuración del Comité Ejecutivo Nacional implicó solo nombrar al Fiscal Nacional que estaba vacante, y el nuevo presidente del PLC.
“El de María Haydée Osuna por haber tenido dos períodos consecutivos de ejercer el mandato de presidenta nacional por ocho años, ya no podía ejercerlo por tercera vez de forma consecutiva, y eso lo establece el artículo 81 de los estatutos”, dijo Rosales.
Según una copia de la citatoria que hizo el CEN a los directivos, se les advirtió de sancionar a quién faltara o se negara a firmar los documentos de respaldo a los arnoldistas. “Los que no asistan y no firmen las actas de reestructuración se entenderá que no están de acuerdo con la misma, por lo tanto se tomarán las decisiones que corresponden en estos casos”, reza la convocatoria enviada por Martha McCoy, secretaria nacional del PLC.