Han pasado más de nueve meses desde que el abogado Roberto Fúnez, del grupo Acción Penal, presentó un escrito solicitando la nulidad de todo lo actuado en el caso del asesinato de la médica brasileña Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, a manos del paramilitar Pierson Gutiérrez Solís, por estar este proceso plagado de ilegalidades.
A la fecha los magistrados orteguistas Octavio Rothschuh, Ángela Dávila y Rosa Argentina Solís, de la Sala Penal Uno, no se han pronunciado al respecto, ni convocado a audiencia, lo que evidencia una evidente retardación de justicia, denunció Fúnez. El proceder de los magistrados no solo viola las leyes nacionales, sino también los acuerdos y tratados internacionales firmados por Nicaragua en materia penal y de derechos humanos.
Magistrados tenían que resolver en 48 horas
Por ejemplo, han violado los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) referente a los plazos, es decir “dictar resoluciones en un plazo razonable”, detalló el abogado de María José Da Costa, madre de la víctima.
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley…”, se lee en el artículo 8 de la Convención.
Mientras el artículo 25 de la Convención cita: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución…”
El artículo 122 del Código Procesal Penal de Nicaragua ordena que “…cuando en este Código se indique que una actividad debe hacerse inmediatamente, se entenderá que deberá realizarse dentro de las siguientes veinticuatro horas; si no existe plazo fijado para su realización, se deberá realizar dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas”.
“Los magistrados tenían 48 horas para resolver sobre el incidente planteado o convocar a audiencia oral y pública”, dijo Boanerges Fornos, coordinador de Acción Penal.
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“Nueve meses de espera escapa de toda lógica legal”
El caso no se ha dejado abandonado. Fúnez presentó el viernes 20 de diciembre de 2019 un escrito solicitando celeridad procesal, es decir pidiendo que se pronuncien con urgencia, ya que desde el pasado 17 de octubre de 2019 que presentó el escrito pidiendo la nulidad, no se han pronunciado al respecto.
“La Convención (Americana sobre Derechos Humanos) establece que debe hacerse en un tiempo razonable y nueve meses sin contestar mi escrito escapa de la lógica legal antes señalada. Según la Convención, ese silencio debe interpretarse a favor de la víctima, es decir como agotados todos los recursos legales en el ámbito nacional y estamos listos para ir a la vía internacional”, explicó Fúnez
Dos años de impunidad
Este 23 de julio de 2020 se cumplieron dos años del asesinato de la joven Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, de 31 años, quien falleció de hemorragia masiva interna después de recibir dos impactos de bala en el tórax y abdomen, cuando circulaba en su vehículo por el sector del Colegio Americano, rumbo hacia su casa en Lomas de Monserrat, la noche del lunes 23 de julio de 2018, cuando ese sector estaba controlado por grupos paramilitares a la orden del régimen de Daniel Ortega.
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Ilegalidades del proceso
En el escrito presentado por el abogado Fúnez, este pidió a los magistrados que anulen todo el proceso, incluyendo revocar la sentencia donde ordenan el archivo definitivo de la causa a favor del exmilitar Pierson Gutiérrez Solís, quien confesó haber asesinado a la joven Da Costa, y por ende que anulen la orden de libertad que se extendió a favor del victimario en julio de 2019.
Esta petición se hace sobre la base de la inobservancia de derechos y garantías de la mamá de la víctima María Da Costa, al no ser notificada del proceso, lo que la dejó en indefensión absoluta.
Otro punto ilegal en el caso —afirmó el abogado—, es que los magistrados aplicaron la Ley de Amnistía (aprobada el 8 de junio de 2019 por los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional) a Pierson para liberarlo, cuando este no figura en ninguna lista de presos políticos, porque su caso no tiene nada que ver con las protestas sociales, sino con delitos comunes como homicidio y portación ilegal de arma de fuego.
Engavetar el archivo de la causa contra Pierson y su orden de libertad fueron hechos criticados por organismos internacionales de derechos humanos en julio pasado. Entre estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) cuestionaron fuertemente la decisión de los magistrados orteguistas de la Sala Penal Uno del TAM, pues consideran que esta acción genera “impunidad total” en casos de quienes mataron a ciudadanos civiles durante la represión gubernamental en el 2018.