El grupo de nicaragüenses que se encontraban desde el 18 de julio varados en Guatemala, en el puesto fronterizo de El Florido, línea divisoria con Honduras, ya están en territorio catracho con el objetivo de avanzar a la frontera de Guasaule e ingresar a Nicaragua.
Alrededor de 80 connacionales esperan que las autoridades migratorias de Honduras les permitan el tránsito por el país, pero no será hasta que el Gobierno de Nicaragua confirme el ingreso de sus ciudadanos y acuerde el salvoconducto. No obstante, luego de once días de conocerse la situación de los migrantes nicaragüenses, el régimen de Daniel Ortega no se ha pronunciado al respecto, pese a la condición vulnerable de la gente.
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De acuerdo con el medio hondureño Proceso Digital, el alcalde de Copán Ruinas, Lisandro Mauricio Arias, hizo un llamado a la cancillería de su país, así como al embajador de Nicaragua en Honduras, Julio César Delgado Mendoza, para que agilicen los trámites correspondientes y brinden una respuesta lo más pronto posible a los afectados.
Al igual que los connacionales en Honduras, más de 400 nicaragüenses se encuentran en la frontera de Peñas Blancas, entre Costa Rica y Nicaragua, implorando su entrada al país. Pero el régimen, lejos de responsabilizarse por la situación que ha provocado una crisis humanitaria, exige a los ciudadanos una prueba negativa del Covid-19, aún cuando las personas han manifestado que no tienen dinero para cubrir el gasto. La mayoría retorna luego de quedar sin empleo en el contexto de la pandemia.
En contraste a este escenario, más de 200 nicaragüenses provenientes de Panamá han ingresado al país, como parte de un acuerdo entre Costa Rica y Panamá. Aún quedan 128 connacionales en el campamento de Jacú, en Panamá, que estarían regresando al país en los próximos días.
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