“La señal se restablecerá en breves momentos” es el mensaje que se proyecta desde ayer en el canal 22 , frecuencia asignada a Difuso Digital empresa de publicidad audiovisual vinculada a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del dictador Daniel Ortega, y quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 17 de julio.
Difuso Digital también fue alcanzada por las sanciones del Departamento del Tesoro. Oficialmente no existe una comunicación sobre la suspensión de la frecuencia asignada a Difuso Digital.
Consultamos a la empresa Claro TV por medio de su servicio de atención al cliente y nos informaron que la suspensión del canal 22 es a nivel nacional por una falla de origen y que están trabajando en ello, pero tampoco descartaron que el problema sea porque el proveedor no presentó su programación.
LA PRENSA/ M. VÁSQUEZ
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“Esperemos que resuelvan la falla y si el canal será retirado de la parrilla también se les estará informando a sus clientes”, refirió una de las encargadas de soporte técnico consultadas por el diario.
En un términos similares respondió el servicio al cliente de Tigo, la otra gran empresa proveedora de servicios de televisión por suscripción del país. Respondieron que informarían sobre el retorno de la señal o cualquier cambio en la parrilla de programación en relación con el canal 22.
La licencia de transmisión a este canal fue otorgada por Telcor, ente regulador de las telecomunicaciones en 2015, pero empezó a transmitir hasta 2019. La programación de este canal era de tipo infantil, propaganda del régimen y espacios enfocados en música.
No se arriesgan a sanciones
Para el exdiputado y politólogo Eliseo Núñez el hecho que el canal 22 propiedad de la empresa Difuso S.A haya salido del aire es porque las empresas operadoras no quieren arriesgarse a ser sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos o le sean congeladas sus cuentas o ser multadas.
“Veamos el reciente caso donde el Departamento del Tesoro multó con 134 mil dólares a la empresa Amazon por venderle a sancionados. Nadie quiere arriesgarse”, dijo Núñez.
A lo que se refiere Núñez es al acuerdo que Amazon y el gobierno estadounidense alcanzaron por lo que la firma pagó 134.523 dólares como multa por haberse saltado las prohibiciones de mantener vínculos comerciales con varios países y entidades diplomáticas, entre ellas la embajada de Cuba, que estaban sancionadas.
La empresa con sede en Seattle prestó sus servicios y vendió sus productos a personas que se encontraban en países o regiones con los que el Gobierno prohíbe mantener vínculos comerciales sin autorización previa, o con personas empleadas por embajadas de estos países.
Según un comunicado del Departamento del Tesoro de EEUU, Amazon vendió a individuos en Irán, Siria y Crimea (anexionada por Rusia) y a otros que estaban empleados por las embajadas de Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria, pese a tener prohibidas dichas operaciones con todos estos países.
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Juan Carlos Ortega Murillo es el cuarto miembro de la familia del dictador Daniel Ortega sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con Laureano Ortega Murillo, Rafael Ortega Murrillo y su madre Rosario Murillo.
“Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega, administra Difuso Comunicaciones SA, una compañía de relaciones públicas y publicidad que produce la mayoría de las campañas publicitarias de radio y televisión para el Gobierno de Nicaragua, varias instituciones gubernamentales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional”, dice el documento del Departamento del Tesoro.
En el caso de Difuso Digital, es una empresa de publicidad audiovisual que se encuentra localizada en el perímetro de seguridad del dictador en El Carmen y es manejada por Juan Carlos Ortega Murillo.
Difuso Comunicaciones SA, una empresa de relaciones públicas y publicidad, utilizada por Juan Carlos Ortega y el régimen de Ortega para difundir propaganda del régimen», cita el Departamento del Tesoro en su apartado para explicar las razones por las que esta empresa audiovisual también fue designada para ser sancionada.
En 2018, LA PRENSA también reveló que el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) otorgaba contratos a Difuso Digital Sociedad Anónima para el “servicio de publicidad y propaganda para alquiler de los espacios traseros de buses para instalación de publicidad impresa en vinil adhesivo”, contraviniendo directamente Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público.