El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha hecho pública su preocupación por el aumento de la inseguridad ciudadana, que le causa un grave daño a la economía y a la estabilidad y la consistencia moral de la sociedad.
En su habitual presentación de los miércoles ante la prensa, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, mencionó varios de los hechos criminales recientes, entre ellos un asalto a mano armada en Las Nubes, el asesinato en Ometepe de un ciudadano peruano-estadounidense y atracos en carreteras a camiones distribuidores de productos de consumo.
Aguerri mencionó también la inseguridad de la propiedad en el campo. Informó que recientemente hubo al menos tres tomas de tierras en León, mientras persiste la usurpación de propiedades privadas que fueron ocupadas por partidarios del régimen a raíz de los disturbios sociopolíticos de abril de 2018.
Estos hechos criminales, a los cuales hay que agregar los vandalismos contra varios templos católicos, han hecho sonar las alarmas en la empresa privada. Pero deberían hacerlas sonar en todos los ámbitos de la sociedad. Como ha dicho la experta internacional Nathalie Alvarado, encargada de seguridad ciudadana en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “El crimen y la violencia condicionan nuestras decisiones diarias. Dónde vivimos, por dónde transitamos, dónde invertimos, y qué hacemos o dejamos de hacer un fin de semana. Es decir, afectan nuestra calidad de vida y nuestro bienestar”.
El presidente del Cosep dijo a los periodistas que en una situación en la cual la economía no está bien, es importante que los sectores que tratan de volver a activarse “tengan la certeza de que no van a seguir siendo víctimas de la inseguridad”. Esto es absolutamente cierto, porque habiendo mucha y creciente inseguridad pública, nadie puede vivir ni trabajar con tranquilidad ni esperar que podrá disfrutar el merecido fruto de sus esfuerzos.
Delincuencia e inseguridad pública hay en todas partes, en mayor o menor medida. Esto es cierto. Pero en Nicaragua el aumento desmedido de la falta de seguridad ciudadana es consecuencia de las políticas y acciones deliberadas del poder estatal. Ya desde 2018 los expertos advirtieron que los métodos usados por la dictadura en la represión contra los ciudadanos, causarían un fuerte incremento de la criminalidad común y la inseguridad pública.
Primero, porque el régimen armó a muchos militantes y simpatizantes del partido oficialista, así como a militares retirados y antiguos miembros de los cuerpos sandinistas de Seguridad del Estado, a los que dio licencia para asaltar, robar y matar. Segundo, porque la Policía abandonó su función de guardián del orden público para dedicarse a la represión política sin límites en defensa de la dictadura. Y tercero, como si lo anterior hubiera sido poco, la dictadura ha soltado a centenares de delincuentes comunes, de los cuales muchos han vuelto a la actividad criminal porque no saben hacer otra cosa ni son atendidos con programas de rehabilitación psicológica y social.
Por todo eso, el estado de seguridad pública ha sido sustituido con un deplorable sistema de completa inseguridad ciudadana.