Detrás de las medidas sanitarias impuestas por el régimen orteguista, entre ellas, el resultado negativo de la prueba de Covid-19, que ha condenado a cientos de nicas a permanecer expuestos por más de diez días en la frontera de Peñas Blancas, por no poder presentarlo, también se entrevé un sesgo político, consideran defensores de derechos humanos.
Wilfredo Cabrera estuvo entre el grupo de los varados nicaragüenses durante cuatro días. Él relata que los agentes policiales los señalaban de “golpistas” y de estar “en contra del gobierno”. Otro varado que solicitó su anonimato también relató que los señalaban de haber participado en los tranques que instaló la misma población en la mayoría de los departamentos del país, como un acto de protesta ante la brutal represión del régimen orteguista en el 2018.
Costa Rica se convirtió en el refugio de más de 80 mil nicaragüenses que huyeron del país por actos de intimidación, amenaza, riesgo de encarcelamiento y persecución política. La cantidad de nicas fue tal que muchos de ellos durmieron en calles o refugios porque se fueron solo con la ropa que llevaban puesto, tras la “operación limpieza”.
Sin embargo, los mismos varados consultados en Peñas Blancas sostienen que ellos migraron hace años a Costa Rica y que trabajaban en diferentes oficios, pero con el golpe económico que ha dejado la pandemia en el mundo, sus empleos también se vieron afectados y decidieron volver a su tierra, pero hasta ahora no han podido hacerlo.
Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), considera que sí hay un sesgo político en el tratamiento que están brindado a los nicas varados, lo cual es injusto. A ellos mismos, que al intentar acercarse a las oficinas de migración en Peñas Blancas la semana pasada, un oficial de migración nicaragüense le gritó que “toda esa gente que estaba ahí eran tranqueros, que eran delincuentes y que por eso no los dejaban entrar”, relató Cuevas.
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Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado las violaciones a las que han sometido a los nicaragüenses. Dejarlos expuestos al sol, lluvia y sin mínimas medidas sanitarias en medio de una pandemia mundial, contradice el discurso de protección del gobierno Ortega-Murillo.
Migrantes de vieja data, ahora varados
Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y quien permanece exiliado en Costa Rica desde 2018, señala que el régimen siempre ha puesto trabas a todos los nicas que se habían quedado varados en diversas partes de la región por la pandemia y han intentado regresar. En el caso de Peñas Blancas, a ellos también les expresaron la posibilidad que las autoridades los relacionaran con la resistencia cívica de 2018, pese a que tienen años en el país del sur.
En medio de todos los connacionales que pasan sus días bajo champas de plástico negro y duermen sobre trozos de cartón, está un hombre de 54 años, padre de tres hijos; dos de ellos están del otro lado de la frontera, del lado nica. El miércoles sus hijos estaban sentados esperando, lo único que se puede hacer de un lado y del otro, con rostros afligidos y la mirada clavada en la entrada de migración, con la esperanza de en algún momento verlo entrar.
Llegaron la tarde del martes a Peñas Blancas y empezaron a buscar asesores, a valorar las opciones que tenían para saber si era posible que a su padre lo dejaran pasar. Su padre trabajaba en construcción en Costa Rica, donde permanecía un tiempo y volvía a Nicaragua de visita. Llevaba unos meses allá y todo estaba bien mientras había un ingreso fijo, pero al acabarse sus opciones laborales decidió retornar a casa. En la frontera le cerraron el paso y se quedó atrapado, atascado por un requisito sanitario al que no tiene acceso en Peñas Blancas, ni dinero para pagar.
Sus hijos habían perdido comunicación con él desde el martes pasado y se enteraron que estaba con los demás varados en la frontera hasta que él mismo se logró comunicar con ellos, cuatro días después. Él les cuenta que los zapatos se le remojaron, igual la ropa empadada, pero que lo más importante es que “se encuentra bien”.
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Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), explica que a todos los varados les han sido violentados masivamente sus derechos humanos, como la libertad de circulación, el derecho a la salud, su seguridad, y sobre todo a la vida. El hecho que la Policía Orteguista vea con quién conversan, les tomen fotografías es hostigamiento, dijo. Pese a múltiples insistencias para que el gobierno cumpliera con su responsabilidad y aplicara las pruebas a los connacionales, este no cedió y permitió que siguieran sufriendo. Para Núñez ese acto lo deja en completa evidencia que es un gobierno al que se le debe aplicar cualquier tipo de sanción.
Carrión sostiene que se ha mantenido un tratamiento político porque no hay un argumento jurídico, no tienen facultades para negarles el acceso a los nicaragüenses al territorio nacional, señala. Mientras el régimen orteguista calla ante la crisis humanitaria, organizaciones civiles realizarán pruebas de Covid-19 a los varados nicaragüenses a partir de este viernes.
Ejército niega abuso con migrantes nicas
En la edición de este miércoles de LA PRENSA se publicó el testimonio de un varado, quien contó, de forma anónima, que algunos de los connacionales que han permanecido por más de diez días en Peñas Blancas se han arriesgado a cruzar por puntos ciegos, pero muchos han sido interceptados por miembros del Ejército de Nicaragua, quienes patrullan la zona. En su testimonio contó que a los que atrapaban los ponen de rodillas, interrogan y culetean antes de indicarles que regresen con el grupo.
Ante esta declaración, el coronel Álvaro Rivas, jefe de relaciones públicas y exteriores, explicó que “El Ejército de Nicaragua actúa en correspondencia a la Constitución Política, las leyes, los convenios y los tratados internacionales y que se reafirman en el Manual de Comportamiento y Proceder de los Miembros del Ejército de Nicaragua en Tiempos de Paz, Conflictos Armados, Situaciones Irregulares o de Desastres Provocados por Fenómenos Naturales o Antropogénicos”.
Asimismo, agregó que no actúan sobre suposiciones o testimonios anónimos, “en tal sentido le agradecería que, de existir algún hecho se interponga la denuncia respectiva para proceder de acuerdo a la ley. Estamos dispuestos a escuchar a través de esta instancia para proceder en casos que sean pertinentes”, aseguró.
También expone que ante la pandemia que enfrenta el país se “reforzó con tropas a las Unidades Fronterizas como principal medida de contención de la Covid-19, el rechazo a la migración ilegal, el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Reitero que son los Puestos Militares Fronterizos los que hemos reforzado”, dijo el jefe de relaciones públicas.
Asegura que no expulsan a nicas
La institución castrense también aseguró que no ha expulsado a ningún nicaragüense, “no nos compete”, sostuvo. Según el coronel Rivas, a migrantes ilegales extrarregionales que pretenden entrar al país por pasos no habilitados son rechazados hacia su lugar de procedencia, a los nicaragüenses que pretenden entrar al país por pasos no habilitados, son conducidos a las autoridades de salud más cercanas para que se proceda de acuerdo al protocolo establecido; para la toma de datos, temperatura, lugar de residencia para su monitoreo o remitirlos a algún hospital para darle la atención que requiera, se les explica que deben de transitar por los Puestos de Control de Fronteras.
“La facultad de permitir el acceso a nuestro país por los puestos de control de fronteras corresponde a Migración y Extranjería”, dijo el coronel Rivas.