El 19 de julio pasado se cumplieron 41 años del ingreso de los guerrilleros sandinistas a Managua derrotando la dictadura de Somoza, pero iniciando lo que es hoy la dictadura del castrochavismo. Con la derrota electoral del sandinismo de 1990 se llegó a creer en el fin de la dictadura en Nicaragua, pero solo había salido el dictador y se quedó el sistema dictatorial. Cuando la dictadura de Cuba recuperó su capacidad de operación, retornó el dictador que detenta el poder desde 2007, demostrando que no basta la salida del dictador, es imprescindible terminar la dictadura.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue fundado como una “organización política-militar de izquierda” en 1961, parte de la expansión de la dictadura de Fidel Castro de Cuba. Su denominación inicial fue “Frente de Liberación Nacional” FLN, como copia del Frente de Liberación de Argelia, ambos impulsados por el régimen cubano. Detentaron el poder en Nicaragua de 1979 a 1990. En 1983 se “transformaron” en partido político.
La dictadura sandinista llevó a la confrontación armada con los “contras”.
Derrotado Daniel Ortega en las elecciones del 25 de febrero de 1990 con el triunfo de Violeta de Chamorro por el 54,74 por ciento de votos, lo que determinaba la salida del dictador, se firmó el “Protocolo de Transición” del 27 de marzo de 1990, un acuerdo para la transferencia del mando presidencial, con “el reconocimiento de las elecciones como base para la construcción de la democracia y la paz”, pero que garantizaba la permanencia de la dictadura pues otorgaba “seguridad jurídica a los beneficiarios de donaciones estatales de propiedades urbanas y rurales” asignadas por el régimen sandinista antes del 25 de febrero de 1990, y el “respeto a los rangos, escalafones y mandos del Ejército, incluyendo la permanencia de Humberto Ortega como General en Jefe del Ejército”.
La dictadura sandinista de Ortega nunca dejó el poder en Nicaragua. En 1990 salió el dictador, pero no la dictadura, pues mantuvo sus normas, protegió “la piñata” garantizando la usurpación criminal de bienes que había realizado a sus miembros, dio impunidad a la corrupción del dictador y su grupo delictivo, mantuvo el control de su Ejército que nunca fue de la Nación, y se quedó como parte del sistema político simulando democracia —como garantía de impunidad— hasta que tuvo la oportunidad de tomar nuevamente el mando y reinstalar al dictador.
Daniel Ortega retomó la presidencia en 2007 por elecciones del 5 de noviembre de 2006 con 38.07 por ciento de votos y solo 61.23 por ciento de participación. Luego implementó la liquidación de la oposición con perseguidos y presos políticos, destruyó la institucionalidad democrática, sometió a su control todos los poderes del Estado, creó su “oposición funcional” a cambio de impunidad y corrupción, reinstituyó su sistema de violación de derechos humanos y libertades individuales e hizo de Nicaragua una “dictadura electoralista” y un narcoestado.
El pueblo nicaragüense creyó hace 41 años que salía de la dictadura y la historia acredita que solo pasó de una dictadura a otra peor. Las masacres de 2018 realizadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo con más de 500 muertos, miles de presos políticos, torturados y más de 100.000 exiliados, lo demuestran. Son más de 4 décadas de control de la dictadura cubana en Nicaragua.
El drama del pueblo de Nicaragua de sacar al dictador, pero no a la dictadura es un precedente para Venezuela y Cuba. Cuando sale el dictador es vital terminar con la dictadura como sistema. Esto es, retornar a la República y al orden institucional previo a las falsificaciones del castrochavismo, no aceptar la impunidad del dictador y su grupo delictivo como parte de la recuperación de la democracia, señalar a los “opositores funcionales” con las consecuencias pertinentes, inhabilitar el instrumento político de la dictadura, restaurar la división e independencia de poderes y el “estado de derecho”, rehacer el sistema y padrón electoral y restaurar el “sufragio universal” para garantizar elecciones libres y justas.[©FIRMAS PRESS]
El autor es abogado y politólogo boliviano. Director del Interamerican Institute for Democracy
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