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CONTENIDO EXCLUSIVO.El ataque de este viernes a la Catedral de Managua no es asunto nuevo. Desde 2018, cuando la Iglesia católica asumió una postura crítica en contra de la dictadura de Daniel Ortega que reprimió a balazos las protestas sociales, decenas de templos y sacerdotes a lo largo del país han sido blanco de profanaciones y ataques. Pero la historia se remonta a décadas atrás.
Este viernes, un hombre entró a la capilla de la catedral y tiró una bomba molotov que causó un incendio donde se destruyó la imagen de la Sangre de Cristo, apreciada y venerada por los católicos. Este tipo de actos fueron frecuentes en la década de los años 90.
Durante esos años, los operadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ejecutaron ataques con bombas a templos católicos, fueron los años cuando el actual dictador Daniel Ortega dijo que gobernarían desde abajo y desató una ola de terror y destrucción en el país.
De acuerdo a los archivos de la época, los terroristas actuaban el viernes por la noche como día propicio para poner explosivos de tipo TNT en puertas principales y ventanas de capillas de la Arquidiócesis de Managua. Los primeros bombazos se ejecutaron en templos de Managua y Masaya.
Posteriormente, los ataques se expandieron a León, iniciando en Nagarote. Según las investigaciones policiales de la época, los autores estaban vinculados a militantes del FSLN.
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Informaciones de la época señalaban que los terroristas utilizaban tacos de tipo TNT porque eran más fáciles de manipular. En las pocas cantidades que utilizaban para las explosiones, el daño de las mismas era de aproximadamente metro y medio de diámetro.
El recuento de los ataques en 1995
En los primeros meses de ese año se registraron al menos doce ataques contra la Iglesia, según reportes periodísticos. Entre estos estuvo la explosión de una bomba de gran alcance en el colegio católico Cristo Rey, en Managua. En el lugar se encontraban 16 religiosas y otras seis personas, de las cuales ninguna salió herida.
El primero que se reportó ocurrió en la iglesia San Felipe, en la ciudad de León, el 8 de mayo de 1995 y días después estos se intensificaron en diferentes departamentos del país.
El diario LA PRENSA informó en la edición de ese día que las unidades antiterrorismo de la Policía y el Ejército reforzaban sus operaciones ante olas de acciones con dinamita y que estas tendrían alguna expresión política. “Los bombazos han sido una mínima expresión de toda la situación general, pero que en su momento pueden llegar a convertirse en una verdadera amenaza”, dijo un especialista consultado por LA PRENSA, en ese momento.
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El 12 de mayo se registraron explosiones en el Colegio Cristo Rey y en la Iglesia Guadalupe de Monseñor Lezcano, así como en la Capilla del Perpetuo Socorro que se encontraba en construcción en Nindirí (misma que este 29 de julio fue profanada). Dos días después en la iglesia de Guadalupe, en León, sujetos lanzaron una bomba.
Otro de los objetivos de los ataques fue la Ermita de Nindirí, en Masaya.
En ese momento, el entonces cardenal Miguel Obando y Bravo expresó la preocupación de la Iglesia y de sus feligreses antes estas agresiones y pidió a los pobladores cuidar sus templos. “Hay una campaña orquestada contra la Iglesia católica”, aseguró. A través de un comunicado de la Dirección de Comunicación Social, la presidenta de Nicaragua en ese momento, Violeta Barrios de Chamorro condenó los actos contra la Iglesia
Estos atentados aumentaban la preocupación de las autoridades religiosas, pues un año después se daría la visita del Papa Juan Pablo II al país.
Obando aseguró, según se lee en un editorial de El Semanario publicado en 18 de agosto 1995, que los autores de los ataques eran personas especializadas en el uso de explosivos ya que las mismas autoridades informaron que se utilizaban explosivos de tipo C-4 y tipo TNT. Voceros de la Iglesia católica aseguraron que eran “víctimas de tratamiento político”.
Las agresiones continuaron en el mes de julio y fueron afectados los templos de El Espíritu y Santiago en la ciudad de Masaya, así como la iglesia Santa Rosa en Managua. En Carazo también se reportaron explosiones en el templo de San Antonio. Los atentados con explosivos además estuvieron acompañados de amenazas contra autoridades de la Curia Arzobispal de Managua y del Colegio San José, en Bluefields.
Otras de las iglesias afectadas por explosiones fueron la parroquia del barrio El Comején en Masaya, donde la explosión dañó la imagen del Niño Dios y al Sepulcro de la Sangre de Cristo. El jefe de la Policía de Masaya en ese entonces, subcomandante René Ortega, dijo a LA PRENSA que se había utilizado un explosivo de tipo TNT que fue colocado en una de las ventanas del templo.
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“Son elementos que operan con imagen de seguridad, de clandestinidad y tienen alguna experiencia ya que manejan explosivos”, dijo Ortega a LA PRENSA. La casa cural de Jinotepe, así como el Colegio Pureza de María en León también fueron objetos de explosiones. La onda expansiva de la bomba utilizada en Jinotepe, según dijo la Policía a LA PRENSA, se escuchó en un área de tres manzanas y pobladores de Diriamba dijeron haber escuchado el estruendo.
Néstor Moncada Lau, supuesto implicado en los ataques
En los ataques que se registraron a mediados de los años 90 fue señalado como sospechoso Néstor Moncada Lau, entonces miembro de la Dirección General de la Seguridad del Estado y actual asesor de Daniel Ortega. Fue señalado de colocar las bombas en los templos y posteriormente detonarlas. Aunque se le señala como autor de los delitos, nunca fue procesado por los mismos.
Dos años después, Moncada Lau fue capturado la noche del 9 de enero de 1997, en el costado sur del antiguo estadio nacional de béisbol, con dos tacos de tipo TNT que tenía ocultos debajo de uno de los asientos del vehículo en que se transportaba. Un día después se daría la toma de posesión de Arnoldo Alemán como presidente de Nicaragua.
El 10 de enero Moncada Lau fue presentado y posteriormente procesado en un juzgado local de Managua por tenencia ilegal de armas. Sin embargo, tiempo después quedó libre.
Néstor Moncada Lau fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el año 2018 bajo los señalamientos de corrupción desenfrenada, desmantelamiento de las instituciones democráticas, violaciones a los derechos, y explotación de recursos públicos de Nicaragua para beneficio personal.