A nadie ha engañado el régimen con el cuento de que el incendio del viernes 31 de julio en la Catedral de Managua, que calcinó la imagen sagrada de la Sangre de Cristo y destruyó su capilla y sagrario, fue causado por una veladora de las que suelen poner los creyentes en los sitios de oración.
Esa fue la versión que dio anticipadamente la codictadora de Nicaragua, como una coartada anticipada, que luego fue sostenida oficialmente por la Policía Orteguista. Pero la coartada era notoriamente falsa, pues los testigos presenciales del hecho fueron contundentes al señalar que un individuo encapuchado llegó con un paquete sospechoso que sin duda era la bomba incendiaria que arrojó contra la capilla. De allí que el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, en cuanto ocurrió el siniestro lo denunció públicamente como un acto terrorista. Y dos días después, el domingo 2 de agosto, el papa Francisco lo calificó con absoluta precisión como un atentado contra la Iglesia.
La comunidad jesuita fue muy clara y categórica al respecto, en su declaración de repudio a “los acto vandálicos” contra la capilla de la Sangre de Cristo. “No es un hecho aislado —se dice en la declaración de la Compañía de Jesús en Nicaragua y Centroamérica, publicada en la edición de LA PRENSA de este lunes 3 de agosto—. Responde a una campaña sistemática de intimidación, asedio, hostigamiento y persecución por parte del Gobierno Ortega-Murillo contra la Iglesia Católica por haberse puesto esta al lado del pueblo nicaragüense que exige legítima y pacíficamente respeto irrestricto a sus derechos humanos y constitucionales. Los ataques a la Capilla en Veracruz, a la Iglesia en Nindirí y a otros templos, son una muestra de esta agresión orquestada en contra de la Iglesia Católica”.
Precisamente el sábado anterior, 1 de agosto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) dio a conocer un informe para su divulgación nacional e internacional sobre los ataques sufridos por la Iglesia católica, en Nicaragua, en el período 2019-2020.
Dice el Cenidh en la introducción de su informe, que “las amenazas, hostigamientos a religiosos y profanaciones a los templos iniciaron posterior a la rebelión de abril de 2018, cuando la Iglesia católica repudió los crímenes cometidos por el régimen Ortega-Murillo y se hizo al lado del pueblo, de ahí las campañas de desprestigio en contra de la Iglesia, amenazas de muerte a monseñor Silvio Báez y otros ataques”. En el documento del Cenidh se mencionan 24 atentados contra la Iglesia católica, sus representantes personales, templos y símbolos religiosos, incluyendo el ataque terrorista del 31 de julio pasado contra la capilla y la imagen de la Sangre Cristo, que, además de ser una de las más veneradas por los creyentes católicos de Nicaragua es una joya escultural de mucha antigüedad y valor histórico.
Es obvio que, como dicen los padres jesuitas y lo subraya el informe del Cenidh, los ataques contra la Iglesia católica son una cobarde venganza del régimen porque ella ha apoyado y sigue apoyando a los nicaragüenses que sufren la represión, resisten contra la dictadura y luchan por la libertad, la democracia, el Estado de derecho y la justicia.
Los enemigos de la Iglesia, declarados o encubiertos con una falsa religiosidad, pretenden someterla a la dictadura. Pero la Iglesia, además de sagrada es irreductible y ese objetivo irracional y maligno nunca lo podrán conseguir.