Desde antes que iniciara la pandemia de Covid-19 el régimen orteguista había lanzado una ofensiva para recaudar la mayor cantidad de dinero y financiar el gasto público de una economía que acumalaba dos años en recesión. Con la aparición de la Covid-19 la estrategia, contrario a las recomendaciones internacionales de proteger el engranaje social del país, el Ejecutivo mantuvo su voracidad recaudatoria, de la que no se salvaron ni los servicios migratorios, ni sanitario, en clara contradicción con el discurso socialista de su gobierno.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri, señaló este miércoles diez acciones que el régimen orteguista ha puesto en marcha en lo que va del 2020 con el objetivo de tener más financiamiento en un momento donde su credibilidad ante los organismos multilaterales sigue en rojo. Las medidas, dijo Aguerri no solo afectan a las empresas, sino a todos los nicaragüenses.
“Lo que estamos viendo es esa voracidad recaudatoria que va en aumento y que no se detiene”, expresó Aguerri en conferencia virtual del Cosep.
El líder gremial señaló la reforma a las leyes 654, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, y la Ley 380, Ley de Marcas y otros signos distintivos. Esto supuso el aumento hasta un 35 por ciento de las tarifas y servicios vinculados a la innovación, registro de marcas, y demás.
Cuando se expuso ante la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, la justificación fue que los valores requerían actualizarlos porque ya tenían 20 años de existencia.
“Según los análisis que hemos hechos con los especialistas en marca y propiedad intelectual, es que se están aumentando la tarifas, casi un 35 por ciento del costo actual, un costo más alto que en la región, ahora también se va pagar fotocopia, formulario entre otras cosas”, explicó Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN) en febrero de este año.
Hilleprandt explica que estas nuevas medidas más la reforma fiscal de 2019 han ido sumando repercusiones. Mediante la reforma tributaria se gravó productos que estaban exentos de IVA como insumos agrícolas, productos de la canasta básica, el anticipo del impuesto de la renta que está en 30 por ciento el valor, y algunas empresas terminan pagando el 70, lo cual debilita la estructura de cada empresa, proyecciones, rentabilidad.
Aguerri también señaló la sobrevaloración del valor catastral de las propiedades en las alcaldías. En enero LA PRENSA reveló que la Dirección General de Recaudación envió notificaciones de cobros por el pago del IBI y servicio de basura de hasta 10 años. Si la persona aludida no cancelaba todo el monto o llegaba a un arreglo de pago o se estaría citando en los juzgados de Managua.
Al respecto Aguerri dijo que eso ha abierto una situación, que se ha señalado anteriormente, sobre los manejos de deuda, que se han trasladado a procesos penales, colocando otra “pistola” en el caso del contribuyente, ya que “estás manos arriba porque no podés reclamarle absolutamente a nadie. No existe un proceso que te permita hacer ese reclamo”.
Las dudas de valor y las dudas sobre la clasificación arancelaria son otras medidas implementadas. El líder gremial explicó que estas se han convertido en la política sistémica con todas las importaciones prácticamente que están viniendo a la empresa privada. Asimismo, el 1 de julio el mismo Cosep alertó que el régimen orteguista impuso, de forma discrecional, impuesto a las importaciones de ventiladores médicos. La administración aduanera optó por incorporar en la lista de productos que pagan impuestos a los ventiladores, cuando antes estaban exentos del IVA.
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La medida fue cuestionada por el sector médico, tomando en cuenta que los ventiladores y todos los insumos sanitarios son esenciales en medio de la pandemia de Covid-19, y por ende, al encarecerse afectan mucho más a la población, que es el usuario final.
Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) coincidió con Hilleprandt, que la reforma fiscal fue un “golpe fuertísimo” ,además de estas nuevas medidas expuestas por Cosep.
“Desde que empezó esta reforma fiscal hasta ahora todas las políticas que han estado implementando terminan siendo un golpe a la industria, y a la creación de empleos y al poder adquisitivo de los nicaragüenses, que lo hace difícil que salgamos de la crisis económica. Necesitamos un gobierno que piense en el nicaragüense y no piense en su propia sobrevivencia económica como gobierno, sino que piense en país”. Y ese es el problema, que el gobierno no piensa como país, expresó.
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Otras medidas recaudatorias
Cobro de 150 dólares por la prueba de Covid-19: Pese a la opacidad con la que el Ministerio de Salud ha manejado las donaciones de pruebas moleculares para detectar el SARS-CoV-2, el 17 de julio anunció que la prueba por motivos de viaje costaba 150 dólares. Esto se conoció luego que impusiera como requisito de ingreso al país la prueba negativa de Covid-19 en un período no mayor a 72 horas. Los analistas expusieron que los nicas podrían ser víctimas de la reciprocidad de la medida, y por ende, los países también podrían exigirla. El Minsa salió al frente y anunció el costo de la vacuna, que en todo caso, o son pagadas por el Presupuesto General de la República o corresponden a donaciones.
Cobro de 30 dólares por la vacuna fiebre amarilla: Once días después que se conociera el costo de realizarse una prueba molecular para salir del país, el Minsa anuncia el cobro de 30 dólares por la vacuna de fiebre amarilla. La justificación fue el aumento de la demanda de personas que viajan a países en riesgo, cuando las fronteras de Costa Rica siguen cerradas y tampoco las líneas aéreas han reiniciado operaciones en Nicaragua.
La vacuna contra la fiebre amarilla es un requisito indispensable que deben cumplir los ciudadanos que necesiten viajar a países como Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Panamá, Venezuela y Paraguay, donde se mantienen activadas las alertas sanitarias por la presencia de este virus.
Reforma a la Ley General de Migración y Extranjería: La reforma apunta la dolarización de las tarifas de los servicios de migración, que son ampliamente solicitados por los nicaragüenses. Aguerri consideró la acción de “otro precedente muy peligroso”. Se dolarizan, pese a que los ciudadanos en general no ganan en dólares ni de forma indexada. A estas se suman el incremento en los pagos por renta de capital por parte de la Dirección General de Ingresos; las nuevas tarifas del impuesto de los timbres fiscales y el incremento de los costos por servicio en la Dirección General de Aduanas.
Aguerri advierte que si estos hechos siguen ocurriendo se verá un mayor retroceso en cuanto al crecimiento económico, del que se avizora una caída.