La Alcaldía de Managua dejará de recibir 247.7 millones de córdobas de las transferencias del gobierno central y el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), pero ha encontrado la manera de que esta merma no disminuya su presupuesto general 2020: más cobro de impuestos municipales.
Según la propuesta de reforma al presupuesto, que de aprobarse en el Concejo Municipal sin ninguna variante, la comuna recibirá solo 558.9 millones de córdobas como “otras transferencias del gobierno central” cuando el compromiso era 753.6 millones; además que las “transferencias Invur” pasaría de 186.3 millones de córdobas a 133.3 millones de córdobas.
“El hueco financiero que deja el gobierno central e Invur, la Alcaldía sandinista de Managua se lo traslada a los contribuyentes mediante el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), más la multas que conlleva este rubro. Esta es una irresponsabilidad puesto que en el Presupuesto General de la República están por ley estas transferencias. Además significa que al quitárselas a la Alcaldía es inminente que viene una reforma al Presupuesto General de la República”, analizó Sellin Figueroa, concejal del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
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Con el presupuesto actual los ingresos por IBI son de 311.4 millones de córdobas, pero en la propuesta de modificación –la cual fue enviada a la comisión de Finanzas, Presupuesto e Infraestructura– se fija en 460.7 millones. El incremento es de 149.3 millones de córdobas.
En los ingresos misceláneos se pretende pasar de 438.3 millones de córdobas a 606.7 millones de córdobas. El aumento, que corresponde a las multas, sería de 168.3 millones.
La semana pasada la alcaldesa Reyna Rueda presentó la propuesta de reforma al presupuesto municipal, el cual mantiene en los mismos 7,386 millones de córdobas aprobados en diciembre de 2019. La variante es que hace ajustes para tapar los huecos que deja la disminución de las transferencias del gobierno central y el Invur.
“No ha lugar”, así falla la aplanadora sandinista
Las sesiones del Concejo Municipal son muestra de la implacable política de recaudación que mantiene la alcaldesa de Managua a partir de 2018, cuando empezó a vivir tiempos “vacas flacas” como resultado de la represión del régimen de Daniel Ortega.
En todas las sesiones varios puntos de agenda son para analizar cobros de IBI y multas impuestas por la municipalidad y en todas la aplanadora oficialista vota por “no ha lugar”.