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Consejo Supremo Electoral, CSE; compras fantasmas, Transparencia Nicaragua, investigación, uniformes, corrupción

Los magistrados del CSE no aparecen en público desde el pasado enero. Opositores dicen que están esperando las orientaciones del dictador Daniel Ortega. LA PRENSA/ ARCHIVO/ TOMADO DE EL 19 DIGITAL

Transparencia Nicaragua determinó que en el poder electoral se practican “compras fantasmas”

Otra de los hallazgos relevantes de la investigación es el gasto de 10 millones de córdobas para este 2020 en pago por el mantenimiento y servicio del sitio web del poder electoral, cuando este tiene más de un año de estar deshabilitado

La organización Transparencia Nicaragua, con base en una revisión del sistema de compras estatales determinó que en el Consejo Supremo Electoral (CSE)  podría haber una práctica de “compras fantasmas”, debido a que en el 2020 no han hecho transparente su Plan Anual de Contrataciones (PAC), ya que en el sistema solo aparecen dos adquisiciones referidas a uniformes para los trabajadores.

La investigadora Dayra Valle concluyó de la revisión de las adquisiciones del 2016 al 2020, que en el CSE se está “transgrediendo los principios de publicidad y transparencia” porque están ausentes los procedimientos para la compra de bienes y servicios con el presupuesto anual asignado al poder electoral, lo que sería una violación a Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley 737) y a la Ley de Acceso a la Información Pública (621).

La investigación “¿Qué está ocultando el CSE de sus compras públicas?” de Transparencia Nicaragua, sostiene que “resulta improbable y hasta imposible” que, hasta agosto del 2020, solo aparezcan publicados dos compras, referidos a los uniformes. Según el PAC anual del CSE, para ese rubro se destinaron 3.25 millones de córdobas, pero no han ejecutado ni un córdoba, o por lo menos no está reportado si se adjudicó y a qué proveedor se favoreció.

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Tenemos compras fantasmas porque es imposible pensar que el Consejo Supremo Electoral no utilice recursos para funcionar… porque este poder del Estado no solo se encarga de organizar las elecciones, sino también de otorgar las personerías jurídicas y de todo lo que tiene que ver con los partidos políticos, así como con el registro de las personas y la cedulación, como es la emisión de cédulas nuevas, reposición y renovación”, afirmó Valle.

El Presupuesto del CSE en 2020 es de poco más de 334 millones de córdobas, de los que aproximadamente 30 millones de córdobas se planificaron para compra de bienes y servicios. De ese monto, 9.5 millones de córdobas se utilizarían para compra de combustible y lubricantes.  Otros 10 millones de córdobas para el pago del servicio de internet, y otro monto igual para los servicios de telefonía.

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En el CSE se gasta más en uniformes para conductores, escoltas y meseros que para conserjes y personal de mantenimiento. LA PRENSA/ ARCHIVO

10 millones de córdobas para una página web inhabilitada

Desde hace más de un año la página web del CSE está inhabilitada, por lo que pretender gastar 10 millones de córdobas en pago de sistema de internet es otro elemento de falta de transparencia en esa entidad, según la investigación.

Valle explicó que en el portal de nicaraguacompra.gob.ni, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que es donde se reflejan todas las compras del Estado, el CSE solo aparece con esas dos licitaciones, cuando en la proyección del PAC anual, elaborado por los funcionarios de la entidad, se indicó que se realizarían al menos 36 compras durante ese año 2020.

“No podemos conocer cuáles son las compras, que fueron planificadas, ni cuáles se han adjudicado, porque no aparecen publicadas. Esto afecta la imagen ya cuestionada del Consejo Supremo Electoral”, afirmó la investigadora Valle.

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El perjuicio para la institución y por tanto para la ciudadanía que aporta con sus impuestos al presupuesto del poder electoral es que al incumplir las normas de transparencia “se afecta la libre competencia e igualdad”, porque las empresas proveedoras del Estado en general no tienen acceso a la información sobre los bienes y servicios que requiere el CSE y  desconocen las convocatorias y especificaciones de las licitaciones al no ser publicadas en el portal electrónico.

“Entonces  ¿a quién le están llegando estas invitaciones para ser proveedores? Probablemente lo estén realizando de manera direccionada para un proveedor determinado, que tampoco puede conocerse al ocultarse los procesos de adjudicación de las licitaciones”, alertó Valle.

Dividen licitaciones para violar procedimientos

Otra práctica “anómala” identificada en el análisis es que las dos únicas compras del CSE en el año disponible en el portal del Ministerio de Hacienda, una debió ejecutarse en enero del 2020 y la segunda el pasado mayo. “Tampoco aparecen los procedimientos adjudicados, lo que nos deja en total opacidad en cómo está ejecutando su presupuesto este poder del Estado”, afirmó Valle.

Las dos compras de uniformes además levanta suspicacias por cuanto se presupuestó gastar la misma cantidad en cada una, lo que, según la especialista, es una práctica para subdividir las compras con el fin de evadir los procedimientos de la Ley de Contrataciones.

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En el CSE se planificó gastar 1.62 millones de córdobas en  uniformes para los trabajadores en enero, e igual cantidad en agosto. Es decir 3.25 millones de córdobas en total en ese rubro.

Transparencia Nicaragua concluyó que haber establecido el CSE en el PAC dos adquisiciones idénticas, constituye una violación a la Ley 737, que en su artículo 25 prohíbe la subdivisión de contrataciones.

La subdivisión de contrataciones sucede cuando un bien o servicio que la institución requerirá se divide en montos menores a través de varios contratos, con la finalidad de eludir la Ley.

La especialista refirió que esa práctica, es común en el régimen orteguista, para evadir las licitaciones públicas que obliga a mecanismos más rigurosos y así poder realizar licitaciones selectivas para que participen pocos proveedores, que regularmente resultan con vínculos con funcionarios o empresas relacionadas con estos.

La violación a las normas viene practicándose en el CSE desde 2016, que es a partir del período analizado por Transparencia Nicaragua.

 

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