Este miércoles la Junta directiva del Poder Legislativo remitió la propuesta de reforma a la Ley de Registro Público a la Comisión de Justicia para que sea consultada antes de ser aprobada. Sin embargo, los directivos parlamentarios no informaron si se permitirá que representantes del sector privado exponer en la Comisión sus argumentos en contra de dicha iniciativa.
Las principales cámaras empresariales advirtieron que los nuevos controles a las sociedades mercantiles que pretende el régimen mediante la reforma a la Ley del Registro Público (Ley 698), vulnera el principio de confidencialidad de la información de las empresas.
El presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Mario Arana, cuestionó la discrecionalidad que tendrán las autoridades pues con la medida se “refuerza más el control que se tendrá sobre las sociedades mercantiles y por ende sobre la empresa privada”, con la cual la dictadura orteguista “está en abierta confrontación”.
“Se le da al Estado información que genera reserva y desconfianza en circunstancias como las que se viven”, dijo Arana.
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Arana señaló que aunque la reforma a la Ley del Registro Público y al Código de Comercio parecieran responder a las inquietudes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar que las sociedades mercantiles sean utilizadas para actividades ilícitas, la preocupación es el uso político que quiera darle el régimen en su enfrentamiento con el sector privado.
“Dejan potencialmente a los inversionistas en la indefensión, porque no pueden recurrir o no tienen como defender si estos mecanismos se convierten en instrumentos para utilizarlos como armas políticas. Se incrementa así en la práctica la discrecionalidad potencial con que se aplican las leyes y con que se maneja la información de las empresas”, advirtió Arana de los riesgos de la reforma.
La alta discrecionalidad sobre el manejo de la información de las sociedades mercantiles es de preocupación para Amcham, como “la falta de transparencia y de balance de poder que no existen” en Nicaragua, debido a que la Corte Suprema también responde a los intereses políticos del dictador Daniel Ortega”.
Otra pistola contra empresarios
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), señaló que aunque la dictadura justifique esa reforma a la Ley 698 para cumplir las recomendaciones internacionales, aseguró que “no se hace de forma correcta”, sino que se pretende “colocar otra pistola contra el sector empresarial”.
“Esto pone en riesgo a las sociedades mercantiles en general. Se pierde el derecho a la privacidad, se pierda ese respaldo constitucional que tenemos sobre nuestra propia información. Es una situación que no está limitada para una cierta situación, como podría ser el de la compra de propiedades, sino que se abre a cualquier otra situación. Implica una enorme incertidumbre y burocracia al rededor del registro”, planteó Aguerri.
La iniciativa de reforma a Ley General de los Registros Públicos y al Código de Comercio de la República de Nicaragua, la solicitó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada orteguista Alba Luz Ramos, a la Asamblea Nacional.
La magistrada Ramos argumentó en el documento que las modificaciones las recomendó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para lograr un mayor control sobre el lavado de dinero. Que las sociedades mercantiles registren todo sus movimientos es para “determinar quién es el beneficiario efectivo, el usufructuario real de una sociedad mercantil”, para evitar que estas corporaciones sean utilizadas para el lavado de dinero, según los alegatos de la CSJ.
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Cambios sin sustento
El presidente del Cosep aseguró que más bien se pone en riesgo a las sociedades mercantiles, señalando que las modificaciones a la Ley 698 que pidió la Corte Suprema de Justicia carece de un análisis que evidencia cuál es el potencial riesgo, así como las carencias de parte de las sociedades mercantiles en el tema del lavado de dinero. La posición del Cosep lo harán llegar a los diputados, aunque temen que no los tomen en cuenta.
“Sabemos que es difícil tener un retroceso de parte de las autoridades, pero este es un llamado que hacemos por lo que implica el esfuerzo de reconstruir el país, una vez solucionemos las dos crisis que enfrentamos (la política económica y la sanitaria)”, afirmó Aguerri.
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