El hecho de que el gobierno de Nicaragua no permita que los nicaragüenses, varados en otros países debido a la pandemia, vuelvan al país es sin duda una grave violación de varios derechos humanos, iniciando por el derecho a la vida.
En los últimos meses de este año cientos de nicaragüenses han sido víctimas de violación de derechos humanos; violaciones que se suman a una extensa lista que ha venido creciendo desde la explosión de la revolución cívica de abril 2018.
En su resolución 1/20, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le recordó a los Estados su responsabilidad de proteger la vida y cumplimiento de derechos de sus ciudadanos durante la pandemia que afecta al mundo, pero el gobierno de Nicaragua, además de hacer caso omiso a las recomendaciones, tanto de la CIDH, como de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus, estos continuaron exponiendo al pueblo en aglomeraciones innecesarias y negándose al cierre de las fronteras.
Sin embargo, aún negándose a cerrar las fronteras, hasta la fecha son cientos de nicaragüenses los que han intentado regresar a sus casas para afrontar la pandemia en el país junto a sus familias y han sido víctimas de la negación del ingreso a territorio nicaragüense, por orden del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El primer derecho vulnerado con estas acciones es el derecho a la vida, pues dejar a mujeres, hombres y niños varados en las fronteras norte y sur implica un grave riesgo, como la vulneración a su integridad mental y física; además que se vulnera otro derecho fundamental como es la salud.
También, esto ha implicado la violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por un lado al artículo 13 dice que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio y a regresa a su país”.
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Por su parte el artículo 15, dice que: 1) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2) A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni de su derecho a cambiar de nacionalidad. Además con respecto a este tema la constitución política de Nicaragua en su artículo 31, dice: “Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”.
En conversación con LA PRENSA sobre esta problemática, Norman Caldera, excanciller de Nicaragua, hizo mención de esta violación a la constitución, “El Gobierno no sigue la constitución, el gobierno hace lo que le da la gana, pero eso ya lo sabemos. Aunque hubieran decretado un cierre de frontera, a los nicaragüenses los tienen que dejar entrar siempre, la constitución dice que los nicaragüenses tienen derecho a la circulación en todo el país eso significa que si estás en la frontera, te tienen que dejar entrar”, dijo.
A finales de junio se dejó ingresar aproximadamente a 96 nicaragüenses proveniente de Panamá, que estuvieron varados más de 17 horas en la frontera sur, asimismo después de meses de gestiones, también ingresaron nicaragüenses que trabajan en cruceros internacionales, sin embargo el 18 de julio este problema volvió a surgir en el mismo lugar, y a este grupo los tuvieron aproximadamente por 15 días y algunos en este período optaron por la opción de arriesgarse a entrar por puntos ciegos de la frontera.
Gobierno debió garantizar el cumplimiento de sus “condiciones” para el ingreso al país
Con este último caso, el gobierno exigió presentar pruebas de COVID-19 negativas para poder ingresar al país. Con esto además de faltar en su obligación de garantizar el derecho a ingresar a territorio nacional, fallaron de igual manera en el deber de garantizar la atención médica necesaria.
Con ayuda de los organismos defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales y el gobierno de Costa Rica, los nicaragüenses varados lograron realizarse las pruebas, permitiendo el ingreso a los de resultados negativos, mientras que de resultados positivos al COVID-19, deberán permanecer en el país vecino hasta que sus pruebas den negativo. Siendo Costa Rica quien se hará cargo de la atención, alimentación y vivienda que necesiten durante este tiempo.
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Durante su lucha organismos como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, se presentaron a la frontera exigiendo “al estado de Nicaragua que se les garantice su derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y psicológica. Exigimos a la dictadura que establezca protocolos de seguridad para el tema de la atención médica”, dijeron en videos divulgados vía WhatsApp.
Además de los nicas que tuvieron que quedarse en Costa Rica, hay otros grupos en Guatemala y Honduras que aún no logran regresar con sus familias.
