El régimen de Daniel Ortega autorizó al viceministro de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría Montenegro para que firme un acuerdo de préstamo por 43 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para implementar un programa de atención médica de emergencia en el marco de la pandemia y en el mismo deja claro que será el Ministerio de Hacienda el que ejecutará el proyecto con el apoyo técnico del Ministerio de Salud.
El mismo revela que Ortega pondrá la administración de los fondos del BID en manos de una cartera ministerial que está dirigida por un sancionado de Estados Unidos, en este caso Iván Acosta, quien el Gobierno mantiene como titular de Hacienda, aunque utilice la firma del viceministro para rubricar acuerdos con organismos internacionales. Acosta está castigado por EE. UU. por diseñar el soporte financiero de la dictadura y por socavar los esfuerzos democráticos que se están haciendo para forzar una transición en Nicaragua.
Generalmente es el Ministerio de Hacienda el que suscribe los préstamos con los organismos financieros internacionales, pero son las carteras ministeriales las que se encargan de ejecutar los proyectos según la finalidad del préstamo autorizado a Nicaragua.
En esta ocasión, “el mencionado proyecto será ejecutado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el apoyo técnico y estratégico del Ministerio de Salud”, señala textualmente el acuerdo presidencial número 77-2020 en el que autoriza a Chavarría para que suscriba el préstamo para el proyecto “Respuesta Inmediata de Salud Pública para contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su efecto en la prestación del servicio en Nicaragua”.
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Róger Arteaga, exgerente del Banco Centroamericano de Integración Económica, explica que tras ese decreto presidencial de Ortega en el cual se revela que los fondos del BID serán manejados por Hacienda, que en la práctica significa que Acosta estaría liderando la ejecución del proyecto en su calidad de titular de la cartera, ahora se entiende por qué el multilateral decidió poner un interventor en el manejo de los recursos.
En el marco del proyecto, “Acosta no va a firmar ningún convenio, pero es el que va a autorizar el desembolso. Por eso es que el BID puso un interventor porque Acosta, es quien es el que va a decir a quién darle o no darle, como cabeza de la cartera. El interventor es una persona que no va a autorizar nada que no esté de acuerdo a los propósitos del proyecto original”, consideró Arteaga.
Después de casi dos años de no conseguir un préstamo con este multilateral, el 1 de agosto el BID anunció la aprobación de este empréstito y aseguró que el mismo se ejecutará pero con el apoyo operativo de dos agencias internacionales durante la etapa de implementación del mismo y también se planea contratar una tercera agencia independiente para que “verifique la realización adecuada y oportuna de las actividades e inversiones del proyecto”.
Se informó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estarán en la etapa de implementación del proyecto, que consiste en modernizar las salas de urgencia, hospitalización y unidades de cuidados intensivos para aumentar la capacidad de atención de pacientes con coronavirus en 12 hospitales, entre los cuales figuran Río San Juan y Siuna.
Para Arteaga aunque en el decreto presidencial el Gobierno deja claro que será Hacienda el ejecutor de los fondos del BID, realmente serán estas tres agencias que se contratarán las que estarán fiscalizando que estos recursos se utilicen de manera ya establecidas y esto confirma entonces que el organismo no confía en el régimen. “Tal vez Ortega lo que pensó es que con Acosta podía hacer cosas corruptas, por eso el BID pone un interventor, y este se pone cuando ya no tenés confianza del dinero que le estás dando a un cliente tuyo”, explica.
El proyecto se ejecutará en 24 meses y se espera que entre en fase inicial entre uno y dos meses, una vez que se apruebe en la Asamblea Nacional.
El Minsa lo pudo ejecutar el proyecto
En otras contrataciones de préstamos, generalmente es el Ministerio de Hacienda que suscribe préstamos, pero los proyectos son ejecutados por los ministerios ligados al área para donde se consiguieron los recursos. Es el caso, por ejemplo, del préstamo que se autorizó el pasado 23 de julio de este año con el Banco de Exportación e Importación de la India (Exim Bank), por el orden los 20.10 millones de dólares para financiar el “Proyecto de Reconstrucción del Hospital Aldo Chavarría”.
En el mismo se indica que el ejecutor encargado del proyecto es el Ministerio de Salud, aunque se autorizó al Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que firmara el préstamo con Exim Bank de la India.
También al Ministerio de Salud se le dio en ejecución los 11.72 millones de dólares que se reorientaron de un préstamo que suscribió Hacienda por 67.05 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica el 15 de noviembre del 2016, para el proyecto de “Mejoramiento de los Tramos de la Carretera Nejapa-El Crucero-Diriamba Jinotepe-Nandaime”, el cual está siendo desarrollado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
Si bien esta no es la primera vez que el Ejecutivo deja como ejecutor a Hacienda de un préstamo conseguido con organismos financieros internacionales, lo cierto es que esta vez el contexto es más complicado, tomando en cuenta que Ortega se negó a quitar del ministerio a un funcionario que está en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).