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La Comisión de Justicia es controlada por los orteguistas. PRENSA/Roberto Fonseca

Diputados censuran al sector privado, reforma a Registro Público se hará sólo con instituciones orteguistas

Fuera de la consulta, el sector privado podría perder el derecho a confidencialidad de la información de las empresas y socios

El sector privado quedó fuera de las consultas a la reforma de la Ley del Registro Público, a pesar de que advirtieron sobre el riesgo de que se politizara el control de la información de las sociedades mercantiles. La decisión de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional es discutir los cambios a esa norma solo con representantes de las instituciones que responden a los lineamientos del régimen orteguista, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien es la impulsora de la reforma.

La presidenta de la CSJ, Ada Luz Ramos, la fiscal general, Ana Julia Guido y el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), mayor general, Denis Membreño, son los únicos que serán escuchados en la Comisión de Justicia que se reunirá el próximo miércoles 12 de agosto para discutir la propuesta de modificación a la Ley 698, Ley General de los Registros Públicos y al  Código de Comercio de la República de Nicaragua, confirmaron los diputados Mauricio Orúe y Maximino Rodríguez, integrantes de esa Comisión.

La Corte, la UAF y la Fiscalía son entidades controladas políticamente por el dictador Daniel Ortega, quien los usa como órganos de represión contra los opositores, así lo demostró al utilizar las leyes, como la contra el Lavado de Dinero y Financianciamiento al terrorismo, para criminalizar a los manifestantes y organizaciones civiles que participaron en la rebelión de abril del 2018.

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Peligroso uso discrecional de datos

Mauricio Orúe, diputado por la Alianza Liberal Independiente (ALN), refirió que en la citatoria enviada por la presidencia de la Comisión de Justicia, no aparecen nombres de representantes del sector empresarial convocados para que expresen si están o no de acuerdo a los cambios propuesta a la Ley 698.

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El jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro, (derecha) es quien manda en la Comisión de Justicia
LA PRENSA /Jader Flores

“Deberían de estar invitados porque todas las instituciones que tienen que ver con la vida económica y seguridad deberían estar en la consulta. Desconozco porque no lo están”, dijo Orúe, quien es segundo vicepresidente de la Comisión de Justicia.

Las principales cámaras empresariales advirtieron que los nuevos controles a las sociedades mercantiles que pretende el régimen mediante la reforma a la Ley 698, vulneran el principio de confidencialidad de la información de las empresas. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) advirtieron del riesgo de que los datos de las sociedades mercantiles se usen para presionar políticamente al sector privado, con el que el régimen está enfrentado.

La propuesta de reforma a la Ley 698 es de la presidenta del Poder Judicial, la magistrada orteguista Alba Luz Ramos, quien la justificó en que el GAFI recomendó tomar medidas eficaces que permitan asegurar la transparencia del Beneficiario Final (BF) de las sociedades mercantiles, para evitar que sean usadas para la actividad del lavado de dinero.

El reclamo del Cosep y de Amcham es que los cambios propuestos a la Ley del Registro Público atentan contra el derecho a la privacidad de la información de las sociedades mercantiles, como de los ciudadanos en general.

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ALN respalda medida

Orúe si bien criticó que se censure al sector empresarial en la discusión de la Ley del Registro Público, está de acuerdo en que Nicaragua ajuste su ordenamiento jurídico conforme las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para lograr un mayor control sobre el lavado de dinero.

“Estoy de acuerdo en que se haga la reforma porque los lineamientos internacionales son de rigor y no podemos estar en contra, porque entonces estamos en una lista de países que no tiene seguridad jurídica. Unos pueden decir que se usará mal, pero por otro lado el país pierde sino se hace”, planteó Orúe, de ALN.

Manda quien tiene mayoría

El diputado Orúe no cree que los argumentos del sector privado, que han sido a través de los medios de comunicación independientes, sean tomados en cuenta a la hora de discutirse la reforma, recordando el control que tiene el régimen con ocho de los 11 diputados miembros de la Comisión de Justicia.

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Miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). LA PRENSA/R. Fonseca

La ALN, junto al PLI y Apre forman una bancada en la Asamblea que es considerada aliada de la dictadura y suelen respaldar con sus votos la mayoría de las leyes de interés del orteguismo.

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“Será la Comisión y los involucrados (instituciones) que tomarán la decisión, que será políticamente, eso es así, porque aunque la consulta jurídica aquí manda quien tiene la mayoría” de diputados, dijo Orúe. El orteguismo tiene 70 de los 91 diputados del Poder Legislativo.

Mal mensaje a inversionistas

Maximino Rodríguez, jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), expresó que aún cuando incorporar a las sociedades mercantiles “con el objeto de cerrar cualquier fisura donde pueda operar el crimen organizado”, sea una demanda a Nicaragua por parte del GAFI, no implica que se renuncie a que los actores involucrados expongan si los cambios propuestos son los mejores.

“Es una iniciativa (de reforma) bien técnica que requiere estudio, pues de lo contrario podría convertirse en un mal mensaje para los inversionistas extranjeros y también a los nacionales, que desean algún sigilo y peor en Nicaragua que las autoridades están señaladas de prevaricato, tráfico de influencias inclusive muy inmersos con el crimen organizado es decir, dejar tanta discrecionalidad a los registradores, que de oficio divulguen información de interés de las empresas es un problema”, señaló Rodríguez.

El jefe de la bancada del PLC dijo que las modificaciones a la Ley 698 se podrían convenir en un problema porque en el país “el Estado de Derecho no existe y será una herramienta del sistema dictatorial de Daniel Ortega para chantajear a los empresarios y beneficiarios finales de determinada sociedad mercantil”.

Rodríguez reclamó que al reformarse también artículos del Código Mercantil, en la Asamblea Nacional debe consultarse con los sectores productivos, las cámaras empresariales, con registradores entre otros, a fin de no enviar un mal mensaje a los inversionistas nacionales e internacionales.

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