La situación financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se agrava mucho más con la indetenible pérdida de afiliados. En los primeros cinco meses del año 18, 380 personas dejaron de cotizar, y según especialistas consultados, no se espera que la tendencia se revierta en medio de una economía en recesión mundial, la peor desde la Gran Depresión en 1929.
El régimen orteguista reveló, mediante el documento Lineamientos de Política para la Formulación del Proyecto del Presupuesto General de la República 2021 y del Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2021-2024, que la afiliación creció en enero y febrero de este año en 15, 585 personas, pero se redujo de marzo a mayo en 33, 965 asegurados, lo que “anuló el crecimiento de la afiliación observado”.
Estos son los primeros números que se conocen sobre la situación financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, tras meses de permanecer ocultos y la decisión de la entidad de guardar por primera vez en años el anuario estadístico del 2019, para esconder los estragos de dos años de recesión económica local.
Con base a términos interanuales la afiliación se redujo 4.3 por ciento a mayo. Siendo los sectores más golpeados la industria manufacturera y el comercio. El especialista en seguridad social, Manuel Israel Ruiz, explica que a nivel mundial todos los seguros sociales han tenido grandes pérdidas de cotizantes. Nicaragua no está eximida de dicha situación.
Ruiz explica que el INSS ha venido perdiendo cotizantes. En el 2017 contaba con 913, 797 afiliados; en 2018 finalizó el año de gran combustión social con 157, 923 afiliados menos; es decir, 755, 874 trabajadores se quedaron cotizando. Por ello, el especialista sostiene que la pregunta clave es cuántos asegurados tenía el INSS al 31 de diciembre de 2019, lo que permitiría evaluar qué pasó entre 2018 y 2019 y el resultado obtenido relacionarlo con la pérdida actual. Sin embargo, dichos análisis no se pueden hacer porque no se cuenta con la información del Anuario Estadístico de 2019, que se tendría que haber publicado entre marzo y abril de este año, a como regularmente lo hacía dicha cartera.
El Banco Central también mantiene desactualizados los datos que divulgaba periódicamente sobre el número de afiliados por actividad económica. La última que se conoce corresponde a marzo del 2019 cuando habían 755,908 personas cotizando. Para entonces no se siente el impacto de la reforma a la Seguridad Social, que aumentó dramáticamente el acceso al seguro facultativo, el que habría sufrido una erosión significativa de contribuyentes.
No obstante, la falta de información, no es impedimento para considerar que la situación del déficit del INSS es más compleja, explica Ruiz. Sostiene que el Instituto como tal se encuentra en un período de maduración, con 63 años de existencia, por ende, cada año hay de 16 a 18 mil pensionados, entre pensión completa y reducida.
Estima que el INSS está pagando mensualmente unos 40 millones de dólares en concepto de pensión, que al año serían unos 500 millones de dólares además de unos 150 millones de dólares en concepto de asistencia médica, lo que antes era superior, pero al salir asegurados, también se reducen dichos montos.
Considera que la situación del INSS va a empeorar por varias razones: la economía mundial está en recesión. Otro factor es que el crecimiento de los pensionados es geométrica con relación a los asegurados que no crecen ni el 1 por ciento con relación a la Población Económicamente Activa (PEA). Es decir, que al disminuir los ingresos también baja la tasa de cotización, la cual aunque sufrió un incremento, esta ya no se calcula sobre la base de los más de 900 mil asegurados que se tenía en 2017, sino de unos 600 a 650 mil trabajadores. “Los ingresos son menores y los egresos son mayores”, expresó.
El exgerente de la Superintendencia de Pensiones, Róger Murillo asegura que “hay una baja gravísima del seguro social”. Explica que el INSS vive de las cotizaciones de sus asegurados activos, pero en la medida que el Seguro Social no incrementa de manera sustantiva la población asegurada, este comienza a tener problemas financieros serios; “muchos más serios de los que ya tiene”, explicó.
Si no hay inversión nacional y extranjera no hay ingresos, no hay nuevas empresas, no hay nuevos asegurados, valora Murillo. Sin embargo, las proyecciones del régimen orteguista apuntan a una recuperación temprana. Asegura que “en el mediano plazo se espera una recuperación gradual de los niveles de empleo, mientras que en el sector comercio la recuperación se espera al cierre de 2020 debido a un mayor dinamismo en el consumo interno y en la industria a medida que el mercado de Estados Unidos se reactive”, se lee en el documento.
Sin embargo, Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN), asegura que la posibilidad de la recuperación de empleos depende de muchos factores. Explica “que haya una recuperación de casi llegar a un equilibrio a finales del año no lo vemos o quizás va a depender de las políticas económicas del gobierno”, expresó. Recordó que ahora, el sector no es tan competitivo por la Ley de Concertación Tributaria que es bien onerosa para el comercio.
Asimismo, señaló que el consumo también dependerá de lo que la gente pueda adquirir. En muchos casos, al menos uno de los proveedores en el hogar conserva el empleo y priorizan bienes de consumo básico. Hilleprandt quisiera ver un mejor panorama, pero no es tan así, a menos, que el gobierno realmente revise la Ley de Concertación y haga algún plan para estimular el sector comercio y servicio.
Solo el sector de zona franca textil de Nicaragua reconoció que este año no podrá absorber más de 9,000 trabajadores que aún no han podido ser incorporados a sus plazas y que la recuperación del sector va a ser más lenta de lo que se tenía previsto.
De hecho, The Economist en su reciente reporte correspondiente a julio sobre la situación de Nicaragua, dijo que la situación financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se va a deteriorar aún más y eso obligará al Gobierno a impulsar nuevas reformas a la Seguridad Social en el 2022.
“Mirando hacia el futuro, esperamos que el Gobierno se embarque en una nueva ronda de reformas a la seguridad social en 2022, lo que ayudará a reducir el déficit NFPS (Sistema Público no Financiero) al 2.4 por ciento del PIB ese año”, señala EIU en su reporte, al tiempo que advierte que pese a ese ajuste este será insuficiente para hacer sostenible las finanzas del instituto.
Sin una solución a la crisis política, EIU señala que cualquier reforma que se haga al instituto será de corta duración la sostenibilidad financiera, debido a que un contexto empresarial deteriorado no ayuda a que se active el mercado laboral.
“Es probable que la mejora en las finanzas del INSS sea de corta duración. Esta expectativa se deriva de nuestra opinión de que, en ausencia de una solución a la crisis política y mejoras significativas en el entorno empresarial, el INSS no podrá aumentar su base de contribuyentes a un ritmo sostenible” y es por eso que en ese contexto prevé que el déficit del sector público no financiero se ampliará a tres por ciento del PIB en el 2024.
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Transferencias dan oxígeno ante caída de afiliados
Según con Murillo el INSS está viviendo de las transferencias del Estado. “El panorama es totalmente nublado, oscuro y yo no sé si el gobierno va a poder terminar el año pagando todas sus obligaciones”, expresó.
Un análisis brindado por un economista, que solicitó el anonimato, en el Presupuesto General de la República se contemplan transferencias fiscales al INSS por el orden de los 3,254 millones de córdobas, de los cuales 1,441.4 millones en bonos de la República corresponderían al pago de la deuda histórica del Estado y 1,812.6 millones al aporte estatal al INSS, equivalente al 1.75 por ciento de la nómina salarial de los afiliados activos.
De ello, en el periodo enero-junio se habían desembolsado 342.4 millones de córdobas en bonos en concepto de pago por la deuda histórica y 722.8 millones por aporte estatal al INSS, para un total de 1,065.2, equivalente al 32.7 por ciento del monto total presupuestado para 2020.
El economista recuerda que las mayores necesidades financieras del INSS se producen en el último trimestre del año, cuando debe pagar el aguinaldo a los jubilados. Ahí estará el desafío del Gobierno de demostrar cuán sostenibles continúan siendo las finanzas del Seguro Social, del cual dependen más de un millón de nicaragüenses.