Ante la ausencia del Estado de Nicaragua y autoridades regionales en la Costa Caribe del país para enfrentar la pandemia del Covid-19, el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), ha realizado una campaña de sensibilización y prevención del coronavirus en las comunidades indígenas de esa zona.
Lottie Cunningham, directora de Cejudhcan, señaló que los comunitarios se muestran interesados en conocer el comportamiento del virus, por ejemplo, saber el proceso de contagio o cómo se previene. Sin embargo, ante la falta de información oficial de las autoridades regionales, otras personas expresan su desconfianza sobre los casos de contagio y muertes, e incluso se burlan de aquellos que utilizan una mascarilla para protegerse. El desconocimiento de la gravedad del virus genera rechazo y acoso contra quienes toman las medidas de cuidado personal y colectivo.
El observatorio de Cejudhcan reflejó – según Cunningham – que en algunas comunidades de la costa Caribe hay entre 20, 30 y hasta 40 casos sospechosos de Covid-19; pero en cuanto al comportamiento de las muertes, la defensora de derechos humanos dijo que es más complejo dar una cifra porque las personas aún no están claras de la enfermedad y no se reportan o registran como tales.
Lea además: «Estamos preocupados. Tenemos miedo de morir». Ortega abandona a las comunidades indígenas en plena pandemia
“Estamos muy sorprendidos (…) muchos de estos casos de fallecidos o confirmación sospechosa es porque han presentado un cuadro respiratorio y que tienen que ver también con la pérdida del olfato o gusto. Algunos han tenido fiebre por dos días y después fallecen, ellos dicen que algunos casos (de muertes) son confirmaciones del Covid, pero para otros no, así que ha sido muy difícil esta situación porque el Estado está ausente y no hay ningún suministro médico ni medicamentos”, declaró Cunningham.
Campaña guardando distancia
El Cejudhcan ha realizado durante el contexto de la pandemia una campaña de prevención a través de publicidad radial y afiches, mismos que del español han sido traducidos a lengua miskita, mayangna y creole. Dicha campaña ha llevado al organismo a visitar más de 40 comunidades de Puerto Cabezas y Waspam, donde han entregado más de 1,800 paquetes alimenticios y kits de higiene, además de suministrar medicamentos a algunos puestos de centros de salud.
“Todavía es muy difícil para algunas comunidades entender el distanciamiento social, por eso nosotros hacemos con megáfonos las charlas y podemos la señalización con cal (en el suelo) para hacer una ilustración pública y eso puede contribuir”, dijo la directora del organismo.
Lea también: «La gente lo está identificando como fiebre y gripe, no como coronavirus». Esta es la situación de las comunidades indígenas
Cunningham manifestó que la población le comparte que se siente abandonadas y olvidados por los gobiernos regionales y nacionales, y que les alegra ser tomados en cuenta en charlas educativas e instructivas como las que realiza organismo. “Nosotros le decimos que tienen que tomar las medidas de protección, qué medidas tienen que tomar para un enfermo, que tienen que lavarse las manos con agua y jabón, entre otras recomendaciones”, dijo la directora.
Llueve sobre mojado
La activista mencionó también que a la pandemia se le sumó la inundación en 13 comunidades de Río Coco, tras las lluvias de estos últimos días, lo que agrava la situación humanitaria en esa zona. Cunningham destacó que si bien no hay reportes de pérdidas humanas, sí la hay en los cultivos de los que dependen directamente las comunidades para subsistencia.
“Así que esto trae más crisis humanitaria además de la pandemia. Estamos seguros que es la responsabilidad del gobierno por lo menos de contribuir con la seguridad alimentaria y en este caso proveerle semillas para la siembra”, refirió Cunningham.
De acuerdo al reporte del Observatorio Ciudadano, en su actualización hasta el 5 de agosto, la Costa Caribe Sur es una de las regiones que más reportan personas afectadas de Covid-19. “Se continúa reportando la existencia de entierros en condiciones irregulares en Madriz, Matagalpa y la Región de la Costa Caribe Sur”, indica el informe. Sin embargo, ni el gobierno local ni el central parecen estar enterados de esta realidad.