Se necesita cambiar el CSE

El partido Ciudadanos por la Libertad y personalmente su presidenta, Kitty Monterrey, han insistido esta semana en su demanda de cambios en el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Los demás partidos políticos y movimientos sociales de oposición también exigen cambios en el órgano del poder electoral. Esto es un aspecto fundamental de las reformas electorales que se requieren para que haya elecciones libres y limpias. Por eso la OEA, la Unión Europea (UE) y el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), sostienen igualmente que se deben hacer cambios de fondo en el CSE para garantizar la transparencia de las próximas elecciones nacionales.

Inclusive, Ética y Transparencia ha dicho que se podría participar con la actual Ley Electoral, siempre y cuando el CSE sea integrado con personalidades independientes.

Está claro que Ortega no acepta los cambios electorales de fondo que se requieren, ni negociados con la oposición ni dictados por su propia cuenta. El dictador sandinista ha demostrado que teme poner en juego el poder en unas elecciones libres y limpias, como lo tuvo que hacer en febrero de 1990, cuando fue obligado por la guerra, la catastrófica situación económica que había causado la revolución y la poderosa presión internacional.

Sin embargo, también ahora, en las nuevas circunstancias y por medios distintos, se le podría obligar a aceptar las elecciones libres y limpias. Es imperativo hacerlo. En la oposición todos están de acuerdo —unos por convicción y otros por resignación— en que la vía electoral es la que se debe transitar para crear las condiciones de una nueva transición democrática. Inclusive los que quisieran que la dictadura fuese derrocada violentamente, admiten que no hay condiciones para eso.

Para el derrocamiento de una dictadura y el tránsito al sistema democrático, solo hay dos caminos con sus variantes correspondientes. Uno es la lucha armada que usó el Frente Sandinista para tomar el poder en 1979, y el otro es la lucha pacífica y cívica que utilizó exitosamente la Unión Nacional Opositora (UNO) en 1990. La condiciones del país determinan cuál es el que se debe seguir.

Ha habido casos en la historia, pero muy raros, en que una dictadura se termina porque sus cabecillas decidieron impulsar desde arriba una transición democrática ordenada, para evitar el desastre revolucionario al que conduce la violencia política y la lucha armada. Eso fue lo que ocurrió en España después de que murió el caudillo Francisco Franco y se restableció la monarquía.

En Nicaragua hubo esa posibilidad, cuando murió el viejo dictador Anastasio Somoza García y su hijo y sucesor Luis Somoza Debayle tomó el poder. Así lo relata de manera documentada Melvin Sotelo en su libro biográfico de Ramiro Sacasa Guerrero, El poder de servir.

También lo escribió Róger Mendieta Alfaro en su obra Olama y Mollejones. Mendieta cuenta que en 1959, antes de que se ejecutara la invasión de Olama y Mollejones, y para evitarla, el presidente Luis Somoza Debayle propuso a la oposición un plan de transición democrática de 15 puntos. Pero la oposición lo rechazó rotundamente. Tal vez si lo hubiera aceptado Nicaragua no habría sufrido tanta destrucción, ni se hubiera derramado tanta sangre de hermanos, solo para salir violentamente del somocismo y caer después en otras dos peores dictaduras.

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