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BID, pandemia, Covid-19, coronavirus, Nicaragua, Unidad Médica Nicaragüense

El programa de respuesta de la pandemia financiado por el BID contempla un nuevo sistema de rastreo de las personas contagiadas con Covid-19. LA PRENSA/ Oscar Navarrete

Préstamo del BID para atender crisis sanitaria “desnudó” negligencia del régimen, según Unidad Médica y analistas

Para el vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense aunque los personeros del régimen públicamente den "discursos triunfalistas", saben que la ayuda urge

El “sí” que dio el dictador Daniel Ortega a que cuatro agencias internacionales supervisen el programa de ayuda para atender la crisis sanitaria del Covid-19 en Nicaragua, que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), demuestra que el sistema sanitario local nunca tuvo la capacidad para enfrentar la situación, señalan la Unidad Médica Nicaragüense (UMN) y analistas independientes.

Para el vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense, doctor Francisco Javier Núñez, aunque los personeros del régimen públicamente den “discursos triunfalistas”, saben que la ayuda urge y por eso aceptaron que hasta se le cambien los protocolos del Ministerio de Salud (Minsa) tanto para la respuesta y atención de las personas contagiadas como para cortar la transmisión del virus.

El préstamo del BID asciende a 43 millones de dólares para el proyecto “Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del servicio en Nicaragua”. La iniciativa de Ley del empréstito será aprobada el próximo martes en la Asamblea Nacional en trámite de urgencia, como lo solicitó el dictador Daniel Ortega.

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Aunque el ejecutor del proyecto será el Ministerio de Hacienda con asistencia “técnica” del Minsa, el BID colocó duras condiciones para soltar el dinero; que cuatro agencias internacionales supervisen cada fase del programa. Las encargadas de darle seguimiento a la ejecución son la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, siglas en inglés), la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica (Cominsa) y el Proyect Concern International (PCI).

Dudan que respeten transparencia

El doctor Núñez es escéptico en que esas agencias externas eviten que el régimen orteguista utilice el financiamiento del BID con fines politiqueros, e incluso teme que parte del dinero se termine desviando para proyectos partidarios del sandinismo.

“Como esta dictadura nunca ha sido transparente con las finanzas públicas, con los préstamos que ha recibido de los organismos multilaterales, hay una gran desconfianza sobre el uso adecuado de este préstamo (…) La población está clara que el gobierno hará uso discrecional de este préstamo y será desviados para otra cosas que no es la pandemia”, advirtió el doctor Núñez.

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La cifra de muertes sospechosas por Covid-19 en Nicaragua ascienden a 2,626, según el  informe hasta el 12 de agosto del Observatorio Ciudadano, mientras el Minsa reportó 125 fallecidos. El Observatorio registró 9,646 casos sospechosos de coronavirus, que duplican los casos confirmados del Minsa de 4,115.

La falta de transparencia con la pandemia, el hecho que el régimen de Ortega ignorara las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la OPS, que siga promoviendo actividades de aglomeración de personas que propician el contagio, y las presiones y despidos al personal médico que denuncia la falta de equipos en los hospitales para atender a los pacientes, son razones para que la UMN desconfíe de que la presión del BID haga cambiar la práctica negligente y abusiva de la dictadura.

“Este gobierno desde que se oficializó el primer caso de coronavirus en Nicaragua no tomó las medidas recomendadas como la OPS, ni los llamados de las asociaciones médicas y otras instituciones de que debían enfocarse en la prevención, por eso hay gran desconfianza en que si este préstamo (del BID) realmente se usará para frenar la pandemia, que ya sabemos que estamos sobrepasados por no haber tomado las medidas en su momento”, cuestionó el doctor Francisco Núñez.

Aún cuando el Observatorio Ciudadano indicó que en las últimas semanas hubo una disminución en el número de casos de Covid-19, se alertó a los ciudadanos a no creer que el peligro de contagiarse pasó, porque relajar las medidas de prevención combinadas con las actividades de recreación promovidas por el régimen, están incubando una nueva oleada de contagios.

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La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advirtió que un rebrote del Covid-19 dejaría más de 15 mil nuevos infectados y hasta 3,285 personas mueran por la enfermedad.

El programa financiado por el BID contempla un nuevo diseño de rastreo de pacientes bajo el esquema de la OPS y OMS, que contempla la realización de pruebas masivas para la detección de los casos.

El vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense valoró como positivo que se presione por un sistema de detección oportuna de las personas infectadas, pero dijo que se requerirá que los funcionarios de las cuatro agencias internacionales entiendan que se enfrentarán a personeros del régimen que intentarán manipularlos y harán lo posible porque el programa de respuesta para la pandemia siga los lineamientos que le convienen a la dictadura.

Bota el discurso triunfalista de Ortega

La lectura del economista Enrique Sáenz sobre las condiciones impuestas por el BID para apoyar el programa de atención a la pandemia en Nicaragua y el hecho de que la dictadura las aceptara, es que la crisis los sobrepasó.

“Ortega en sus distintas intervenciones ha presumido de la capacidad del sistema de salud para enfrentar la pandemia, con hospitales, camas, personal, medicamentos, etcétera. Aceptar este convenio en los términos que plantea significa en primer lugar admitir que fueron fanfarronerías”, opinó Sáenz.

La OPS le ha reclamado al régimen de Nicaragua la poca información sobre la situación de la pandemia. El hecho que ahora se aceptó la asistencia técnica de la OPS “en la detección y seguimiento de los casos, información al público, análisis y monitoreo de la diseminación geográfica, entre otros aspectos, significa admitir lo que se conoce a nivel nacional e internacional: la incompetencia en la gestión de la pandemia y la falsificación de datos”, consideró el economista Sáenz.

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Que se contrate a cuatro agencias externas para supervisar el correcto desempeño del programa también, según Sáenz, muestra la “desconfianza en la transparencia con la gestión de los fondos”, como en la capacidad técnica del Minsa, en armonizar políticas con los otros gobiernos centroamericanos y del monitoreo y evaluación de las instituciones,

“Por si hacía falta, el BID incorpora la cláusula de que los contratos que deberá firmar el gobierno con esas instituciones deberán someterse a la aprobación del Banco. Si quisiéramos ver estos condicionamientos en lo que verdaderamente significan diríamos que lisa y llanamente no tenemos gobierno. Al menos, el BID no reconoce capacidades al gobierno para gestionar los fondos ni para aplicar políticas adecuadas para contener la pandemia”, señaló Sáenz.

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